Noticia actualizada a las 15:00 horas

 Tras la información aparecida en el diario “El Pais”, según cual el Gobierno de a Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un convenio con Indra para que pague a jueces y secretarios judiciales como asesores de un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados, fue convocada la Comisión Permanente del CGPJ, que ha decidido abrir una investigación al respecto.

 La Comisión Permanente se reunió ayer para analizar la situación y ha acordado por unanimidad dirigirse al Servicio de Inspección del CGPJ para recabar la información necesaria para aclarar los hechos.

Así lo ha señalado el CGPJ en un comunicado en el que explica que  decisión se produce después de que Francisco Vieira haya informado de que la Comunidad de Madrid solicitó la colaboración de jueces y magistrados además de otro personal de la administración de justicia para el desarrollo de esta herramienta y de que entendió que esa actividad no precisaba autorización ni reconocimiento de compatibilidad por parte del CGPJ.

 El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha incoado de oficio una información previa y ha citado hoy al presidente del TSJ de Madrid en la sede del CGPJ.

Declaraciones de Vieira

 El presidente del Alto Tribunal madrileño ha explicado sobre la información publicada por el diario El País, que la Comunidad de Madrid dispone de un sistema de gestión procesal (GPRO) cuya puesta en marcha se inició en el año 2010 en Decanatos, Órganos Judiciales y Fiscalías, y que una de las ventajas de este sistema es el Compositor de Documentos, una herramienta cuya función es la de ayudar a generar documentos utilizados en la tramitación de expedientes judiciales.

 Así, ha reconocido que se les encomendó tareas de colaboración en la implantación de este Sistema y «como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa INDRA, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este sistema».

 Según Vieira, la intervención de estos equipos ha sido «esencial» para dotar a los Juzgados y tribunales de las herramientas informáticas «adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración», y ha asegurado que todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes.

 También ha especificado que desde el comienzo de la actuación de estos Grupos de Trabajo y Comités, ha entendido que su actuación y la de los magistrados integrados en esos grupos «estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo.

Comparecencia ante el CGPJ para explicar los supuestos pagos de primas a jueces

 El presidente del TSJM, Francisco Vieira, acudirá hoy a las 11.00 horas al Consejo General del Poder Judicial para dar explicaciones sobre estos supuestos pagos de primas a jueces por asesorar en proyectos informáticos del Gobierno madrileño.

   A Vieira se le ha citado en el marco de la investigación que ha abierto el Poder Judicial para averiguar si Vieira y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales que se puso en marcha en 2010.

Régimen de incompatibilidades de jueces y magistrados

 Fuentes del sector progresista de los jueces han manifestado este lunes sus dudas de que las funciones realizadas por Vieira y otros magistrados  estén exentas de permiso de compatibilidad, tal y como ha defendido el presidente del TSJM en un comunicado. Este mismo sector considera que los hechos son merecedores de una investigación formal por el Consejo.

El régimen de incompatibilidades de los jueces y magistrados está regulado en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

«Artículo 389

El cargo de Juez o Magistrado es incompatible:

[…]

5.º  Con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquélla, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

6.º  Con el ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría.

7.º  Con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido.

8.º  Con el ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro.

9.º  Con las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género.»

 La Asociación de jueces Francisco de Vitoria, por su parte, ha aclarado que el cobro de retribuciones económicas por parte de jueces, fiscales y secretarios por colaboraciones "técnico jurídicas" está permitido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y ha negado que "en modo alguno esté prohibido".

  En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Francisco de Vitoria, Marcelino Sesmero, ha dicho: "No son primas, es una retribución por un trabajo que luego se declara a Hacienda. Una empresa privada puede pagar a un magistrado siempre y cuando cumpla los criterios de la Ley Orgánica del Poder Judicial: que se dedique a la docencia, que se trate de una colaboración pública como libros o ponenencias o colaboraciones técnico jurídicas", ha explicado.

 Así, ha subrayado que en numerosas ocasiones estos trabajos se realizan fuera de los Juzgados en la propia casa de los jueces, quitando "mucho tiempo" a los mismos. "No tiene sentido que Indra o la propia Administración se pueda beneficiar del trabajo de los jueces sin haber luego una retribución. Puede hacerse y es compatible. Se ha hecho siempre y en todas las Comunidades Autónomas", ha zanjado.

Comunicado de los Jueces decanos de la Comunidad de Madrid

Los jueces decanos de la Comunidad de Madrid, han hecho constar en un comunicado emitido el 23 de febrero, que la confección de repertorios de “modelos procesales” para su incorporación a un sistema informático de gestión procesal judicial es una actividad creativa de naturaleza técnico-jurídica que la Ley Orgánica del Poder Judicial –artículo 389.5- considera expresamente compatible con el cargo de juez o magistrado de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Argumentan que el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial –artículo 327.2- y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas −artículo 19 f- exceptúan la actividad creativa de naturaleza técnico-jurídica, así como las publicaciones derivadas de aquélla, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios, del régimen de autorización previa del CGPJ legalmente previsto para otro tipo de actividades que pueden compatibilizarse con el cargo de juez o magistrado, como son las de carácter docente.

Ponen el acento en que en el desarrollo de esta actividad, laboriosa y ajena al ejercicio de su función jurisdiccional, susceptible de ser retribuida, los jueces y magistrados, así como los secretarios judiciales, que han aportado sus conocimientos, no han desempeñado un “empleo, cargo o profesión” por cuenta del Ministerio de Justicia o de una Comunidad Autónoma.

El Gobierno ve "bien" que el CGPJ investigue si 32 jueces incurrieron en incompatibilidad

  El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha respaldado la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de investigar si 32 jueces y magistrados incurrieron en incompatibilidad al cobrar de la empresa Indra. "Si el Consejo ha dicho que va a investigar esa situación, bien estará que investigue", ha abundado.

 Desde el Gobierno no se ha querido entrar en más valoraciones y se ha remitido a la decisión del CGPJ. "Hemos visto que van a investigar y me parece bien que se haga", ha manifestado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para añadir que era una información periodística y que no disponía de más información al respecto.

La Comunidad de Madrid, por su parte, niega pagar primas periódicas a jueces y recuerda que Indra ganó la concesión para gestionar la informatización judicial.

 Según fuentes regionales, el Gobierno regional, siguiendo las directrices del convenio IUS estatal para la agilización de la Justicia, sacó a concurso dichas tareas, que comenzaron en 2011. El concurso lo ganó la empresa Indra, una de las más importantes del sector en España, a cambio de una cantidad económica.

 Por tanto, según reiteran dichas fuentes, desde entonces esta empresa es la que se encarga exclusivamente del proceso como considere y como ocurre en el resto de los servicios externalizados. Eso sí, deben cumplir con las bases del concurso y seguir un control de calidad.

 Sin embargo, según indicaron fuentes de la multinacional a 'El País', ellos pagaron a los jueces lo que la Consejería de Justicia les dijo que les pagaran y las cantidades que dan a cada uno. (EUROPA PRESS)