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29/09/2008 02:09:00 Ministerio de Trabajo e Inmigración EMPLEO 3 minutos

Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad

93 líneas de actuación y 3.700 millones de euros, que se dirigen a aumentar la tasa de actividad y de ocupación y mejorar la calidad del empleo de un colectivo que representa el 8,6% de la población entre 16 y 64 años.

El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los ministros de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho y de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha aprobado la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad, que se desarrollará entre 2008 y 2012.

El principal objetivo del texto es promover el acceso al mercado de trabajo, mejorando su empleabilidad e integración laboral, de un colectivo que representa el 8,6% de la población entre 16 a 64 años, y sólo el 4,1% del total de ocupados.

La Estrategia responde a una necesidad social: en una sociedad inclusiva hay que aspirar al pleno empleo de todas las personas con discapacidad que quieran trabajar.

Además, da cumplimiento a un mandato legal contenido en la Ley para la mejora del crecimiento y del empleo, que establecía que el Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, debía aprobar un documento que contuviera un repertorio con iniciativas y medidas dirigidas a promover más empleos y de mejor calidad para este colectivo.

La Estrategia ha sido negociada y consensuada con los interlocutores sociales y el CERMI y ha sido consultada con las comunidades autónomas, existiendo un alto grado de coincidencia en los objetivos a alcanzar y en las líneas de actuación a desarrollar en los próximos años.

Siete objetivos operativos

El texto fija dos objetivos generales: por un lado, aumentar las tasas de actividad y de ocupación así como la inserción laboral de las personas con discapacidad y, por otro, mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo, combatiendo activamente la discriminación. Para ello la Estrategia tiene siete objetivos operativos, que incluyen 93 líneas de actuación. Los objetivos son los siguientes:

  • Remover las barreras de todo tipo (socioculturales, legales y físicas, tanto arquitectónicas como de comunicación) que aún dificultan el acceso al empleo de las personas con discapacidad.
  • Potenciar la educación y la formación de las personas con discapacidad para favorecer su empleabilidad.
  • Diseñar nuevas políticas de empleo mejor adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad y mejorar su gestión.
  • Promover una mayor contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario.
  • Renovar el empleo protegido, preservando el dinamismo en la generación de empleo alcanzado en los últimos años y favoreciendo un mayor tránsito hacia el empleo ordinario.
  • Mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, en particular combatiendo activamente su discriminación en el mercado de trabajo.
  • Mejorar tanto los sistemas de recogida, análisis y difusión de la información en materia de empleo y personas con discapacidad como la coordinación de las políticas públicas de empleo desarrolladas por las Administraciones Públicas.

Asimismo, para desarrollar la Estrategia se tendrán en cuenta dos objetivos de naturaleza transversal: utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el empleo de las personas con discapacidad y prestar especial atención a aquellas variables ( tipo y grado de discapacidad, edad, lugar de residencia, etc.) que agravan la situación de inactividad de determinadas personas con discapacidad y atender especialmente a la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad).

Recursos económicos

Se destinarán 3.700 millones de euros a lo largo de los cinco años en que se va a desarrollar la Estrategia. De los 740 millones de euros que se le asignarán cada año, 440 corresponderán a bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad y los 300 restantes se destinarán a fomentar el empleo protegido, en particular, en los centros especiales de empleo.

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