Reproducimos íntegramente a continuación el texto del mencionado comunicado.

COMUNICADO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIALES
UNIÓN PROGRESISTA DE SECRETARIOS JUDICIALES

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales ante la noticia de la resolución administrativa del expediente sancionador incoado contra nuestra compañera del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Sevilla con motivo de los desgraciados acontecimientos sucedidos en el llamado "caso Mari Luz" que desde un principio lamentamos

MANIFESTAMOS:

1. Como ya hemos dicho en anteriores comunicados, estamos ante lo que sin miedo a equivocarnos constituye un auténtico escándalo, y no podemos dejar de manifestar nuestro estupor e indignación ante esta resolución del Ministro de Justicia, por la desmesurada sanción impuesta, y por el desparpajo con el que se quiere confundir a la ciudadanía descargando en una Secretario Judicial, lo que es una absoluta falta de dedicación a la Justicia de medios organizativos, humanos, materiales e informáticos, unas irrisorias inversiones económicas en Justicia que traen consigo que los españoles tengan que soportar una Administración de Justicia dotada con medios decimonónicos, para una sociedad del siglo XXI, y un estancamiento que dura ya cinco años, de la reforma de la oficina judicial legalmente exigida desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003 , que el Ministerio de Justicia no ha liderado.

2. En concreta relación a la sanción impuesta a la compañera del Penal de Sevilla, se ha mantenido una actitud de silencio y máximo respeto a quienes tenían que instruir y valorar los hechos acaecidos en el Penal nº 1 de Sevilla. Una vez conocida la sanción, ya no procede seguir callados, pues el Ministro de Justicia, ha optado por hacer sangre en la parte más débil, frente a otros colectivos y a modo de chivo expiatorio, para acallar voces y contentar a la opinión pública por la trascendencia mediática del caso, ha hecho uso de un durísimo régimen sancionador discriminatorio que se nos impuso en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que desde un principio habíamos reclamado su modificación. Con ello se intenta ocultar su inoperancia para la solución de las graves carencias de la Administración de Justicia, tanto organizativas como de personal y de medios materiales. Y es que actualmente, al no haberse desarrollado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni adaptado las leyes procesales la competencia para ejecutar las sentencias no se ha materializado en los Secretarios Judiciales. Incluso un Anteproyecto de reforma procesal del Ministerio de Justicia mantiene los mismos vicios que denunciamos no otorgando las competencias procesales que reclamamos conforme a la Ley Orgánica.

En las actuales circunstancias, ningún Secretario Judicial puede controlar la Oficina Judicial con los medios materiales que existen actualmente en los juzgados.

Por un lado, el sistema de gestión procesal es totalmente deficiente, no permite un control informático de las ejecutorias y del resto de procesos, por lo que se tiene que hacer manualmente, en papel, una a una. Muchos funcionarios interinos acceden a los juzgados sin estar preparados para desempeñar sus funciones. No existe medio informático para compartir información esencial entre los órganos de la Administración de Justicia, y con las Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía, u otros organismos intervinientes, sobre todo en materias tan importantes y sensibles como las penales. El papel se sigue apilando en los locales judiciales, sin que estos con los medios disponibles puedan absorber la carga de trabajo.

3. Los ciudadanos han de saber que hechos como el ocurrido en el juzgado de lo penal de Sevilla pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, pues la situación de la justicia es plenamente deficiente en medios y dotaciones, en reformas y modernización. Así lo hemos dicho los Secretarios Judiciales desde hace mucho tiempo, con informes de necesidades, oficios y peticiones de medios, y así lo hemos reclamado las asociaciones, que se reforme la Justicia conforme a la Ley Orgánica, pero el Gobierno de la nación y las Administraciones Competentes no pone remedio a esta situación.

4.- El ciudadano merece una Administración de Justicia moderna, eficaz, eficiente, y de calidad, capaz de evitar que se reproduzcan casos como el que lamentablemente ha ocurrido en el juzgado de lo Penal de Sevilla y que ahora causa esta sanción como un gran despropósito. Para ello es necesaria una mayor inversión en medios personales y materiales y una mejor organización de la oficina judicial. De no ser así, con la actitud de cortar cabezas del Ministerio de Justicia, este triste caso pasará y nada se habrá solucionado, y eso deben saberlo los ciudadanos.

Por ello, y asumiendo las responsabilidades que nos correspondan como colectivo y personalmente ante la ciudadanía, pero exigiendo la atención necesaria, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales hemos acordado:

PRIMERO

Con la idea puesta en que se esclarezcan y diluciden justamente acontecimientos y conductas, se apoyarán con todos sus medios legales, económicos y profesionales, a la compañera del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Sevilla en las acciones que acuerde plantear frente a la resolución del Ministro de Justicia en su expediente disciplinario.

SEGUNDO

Dado que la sanción implica una pérdida encubierta de destino, de materializarse se valorará recomendar a los compañeros que en los próximos traslados no se solicite la plaza del Penal nº 1 de Sevilla. E igualmente, habiéndose recibido múltiples ofrecimientos de secretarios judiciales a fin de ayudar económicamente a la compañera se estudiará encauzar adecuadamente esta inquietud de contar con el consentimiento de la misma.

TERCERO

Dado que el problema de fondo es y ha sido, la carencia de reformas e inversiones en Justicia y la aportación de medios de todo orden, organizativos, humanos, materiales e informáticos, para que la ciudadanía conozca lo que ocurre en nuestra Administración de Justicia y para reclamar los medios y reformas exigidos, se convocará una JORNADA DE PARO DE TRES HORAS, para el día 21 de este mismo mes de octubre, con el fin de exigir del Ministro de Justicia y del Gobierno de la nación, que se desarrolle la Ley Orgánica del año 2003, y en concreto:

Se reforme la oficina judicial creándose los servicios comunes que correspondan.

Se reformen las leyes procesales para la adecuada asignación y redistribución de competencias entre jueces y secretarios judiciales, asegurando la real atribución de competencias procesales para nuestro Cuerpo como exige la Ley Orgánica del año 2003.

Se dote de medios materiales, humanos, informáticos y de todo orden precisos para el adecuado desarrollo del Servicio Publico de la Administración de Justicia, para que la información necesaria para la tramitación de los procesos no se estanque en un juzgado, sino que sea compartida por quien tenga competencia para ello.

Y en definitiva para mejor servir al ciudadano, se hagan las inversiones económicas por los responsables políticos que sean precisas.

CUARTO

Por último, por no realizarse esta inversión en medios y estas reformas necesarias en el servicio público de la Justicia, que llevan un retraso de 5 años y pretender encubrir el tema con la sanción a la compañera de Sevilla, pedimos el cese del Ministro de Justicia por parte del Presidente del Gobierno, asumiendo su responsabilidad en este orden de asuntos.

Madrid a 7 de octubre de 2.008