El Ministerio de Justicia considera que el paro de tres horas planteado por los secretarios judiciales para el próximo día 21 responde a razones corporativas.
Ante esta huelga parcial, el Ministerio garantizará la atención a los usuarios de la justicia a través de los servicios mínimos que el departamento ministerial dirigido por Mariano Fernández Bermejo ha establecido de acuerdo a la legislación vigente.
La convocatoria de la protesta de los secretarios judiciales ha coincidido con la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta por Justicia a la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, órgano que retrasó durante más de dos años la ejecución de una condena al pederasta Santiago del Valle.
Reforma de leyes procesales
En la convocatoria de la huelga parcial realizada por los secretarios judiciales, una de las reivindicaciones que plantea este cuerpo es la reforma de las leyes procesales.
Se da la circunstancia de que esta reforma procesal no pudo ser aprobada por el Congreso de los Diputados durante la anterior legislatura por no haber contado con el suficiente apoyo parlamentario, a pesar de que se trataba únicamente de una reforma técnica para poder implantar la oficina judicial prevista por el anterior Gobierno del Partido Popular.
No obstante, el pasado 18 de julio, el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, presentó al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de reforma de la legislación procesal, que se ha remitido para informe hace dos meses a los secretarios judiciales, además de al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y a otras instituciones, como es preceptivo.
En el caso de los secretarios judiciales, al Ministerio de Justicia le sorprende que, precisamente, una de las asociaciones promotoras del paro no haya respondido hasta el momento al texto normativo, contribuyendo con su actuación a que el trámite prelegislativo se demore más de lo deseable.
La reforma legislativa afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, así como a su antecesora de 1881 en determinados aspectos que permanecen vigentes; la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882; el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Igualmente se reforman distintos aspectos de otras normas como la Ley Concursal; la Ley de Arbitraje; la Ley Hipotecaria; la Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión; la Ley de Extradición Pasiva; la Ley Cambiaria y del Cheque; la Ley de Patentes; la Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación.
El Ministerio de Justicia espera llevar al Congreso este proyecto de ley, por el que se modificarán 891 artículos de las leyes procesales citadas, a finales del mes de noviembre.
Nueva Oficina Judicial
Los secretarios judiciales reivindican en otro punto de su convocatoria de paro la implantación de la Nueva Oficina Judicial, un objetivo prioritario para Justicia.
A pesar de la necesidad previa de la reforma procesal iniciada ya con el anteproyecto de ley en fase de informe, el Ministerio viene trabajando desde hace años en el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial, ya que es el instrumento básico para conseguir la modernización y mejora del servicio público que presta la Justicia. Esto supone reasignar las tareas que actualmente realizan los jueces, secretarios judiciales y los restantes funcionarios, cambiar las pautas de su organización interna y de la actividad profesional que realizan y generar una nueva cultura organizativa entre los colectivos profesionales que prestan este servicio público.
Medios financieros y personales
En cuanto a los medios financieros para abordar esta implantación, es preciso destacar que el capítulo al que se destina la mayor parte de los presupuestos del 2009 (1.279 millones de euros) es a los gastos de personal, dentro de los cuales existe un desglose de 60,34 millones de euros destinados específicamente a la mejora de condiciones laborales y despliegue de nuevos efectivos para la implantación de la nueva Oficina Judicial.
Incremento presupuestario
En su convocatoria de huelga, los secretarios judiciales señalan que uno de los objetivos del paro es rechazar la insuficiencia de medios organizativos, personales, materiales e informáticos.
En la anterior legislatura, el esfuerzo presupuestario destinado a la justicia es manifiesto, si tenemos en cuenta que se han incrementado en un 48,37% con respecto al mandato anterior. Solo en el año 2009, el incremento neto previsto en el proyecto de presupuestos es del 9,87% respecto al año anterior, es decir, 145 millones de euros más para el próximo ejercicio.
Este crecimiento se coloca en 2,2 puntos por encima del incremento medio experimentado por el presupuesto del MJU en el período 2000-2004, que fue del 7,29 % en términos homogéneos -descontando los traspasos a CC.AA.-. Además, se encuentra también muy por encima del crecimiento de los Presupuestos Generales del Estado de este año, que es del 3,3%.
