El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios. La norma supone la transposición de la Directiva de Servicios comunitaria.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha recordado que esa Directiva es una estrategia conjunta de impulso económico y de consolidación del mercado europeo, está orientada a dinamizar el mercado único de servicios y destinada a preservar el modelo social europeo.

En definitiva, ha dicho, trata de "conquistar más derechos, de dar más oportunidades a los ciudadanos y de alcanzar mayores niveles de bienestar y de libertad en España y en Europa".

El Anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios incorpora al ordenamiento jurídico español los principios que introduce la Directiva de Servicios, con lo que el Gobierno da un nuevo impulso a la profundización del Mercado Único Europeo, según la Vicepresidenta.

Fernández de la Vega ha añadido que España se reafirma como uno de los países que siguen liderando el proceso de construcción de una Unión Europea que unida ha sabido responder a la actual coyuntura económica de una manera "más eficaz y coordinada, generando confianza con sus decisiones".

Reforma estructural de hondo calado

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, en su comparecencia junto a la Vicepresidenta, ha asegurado que la futura Ley es una de las más importantes de esta legislatura, ya que supone el punto de partida para una reforma en profundidad del sector servicios, que representa el 66% del PIB.

Solbes considera que una modernización de este sector "puede constituir el principal motor de crecimiento y de creación de empleo en los próximos años", y de él depende el crecimiento de la competitividad y la mejora del bienestar de las familias.

Entre las principales novedades de la futura Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios, el titular de Economía ha citado la libertad de establecimiento y la prestación de servicios.

La idea, según Solbes, es que "los prestadores de servicios de cualquier estado miembro puedan establecerse libremente en el territorio de otro Estado miembro".

Además, la norma propone eliminar los procesos de autorización previa y, cuando sea necesario, sustituirlas por notificaciones posteriores o declaraciones para su seguimiento por las autoridades competentes.

Pedro Solbes ha aclarado que la autorización tendrá validez en todo el territorio español, salvo por razones imperiosas de interés general, y se concederán por tiempo indefinido. Además, no podrán limitarse, excepto cuando esté justificado por escasez de recursos naturales o por motivos técnicos.

Asimismo, para permitir un funcionamiento más ágil y competitivo de los servicios en España, el ministro de Economía y Hacienda ha destacado la creación de una ventanilla única, que deberá garantizar la tramitación electrónica de todos los procedimientos administrativos en cualquier país europeo.

También se reforzarán los derechos y garantías de los consumidores, ya que se impondrán mayores obligaciones de información sobre el prestador y sus servicios.