Las familias de los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado, ejecutados en 1963 durante la dictadura franquista solicitaron este miércoles el amparo del Tribunal Constitucional para revisar sus sentencias y rehabilitar su memoria. La pena capital les fue impuesta acusados de la colocación de dos bombas, que provocaron heridos leves, en la Dirección General de Seguridad y la Delegación de Sindicatos.

En 1996, cuando los delitos ya habían prescrito, otras dos personas, Antonio Martín Bellido y Sergio Hernández, exculparon ante notario y en televisión a Granado y Delgado, y aseguraron ser los verdaderos autores de aquellos atentados. Tras esa confesión, las familias solicitaron al Tribunal Supremo la autorización legal para revisar y, si procediera, anular las sentencias de la Justicia militar franquista, que llevó a ambos al patíbulo.

El pasado 13 de diciembre, la Sala Quinta o de lo Militar del Tribunal Supremo denegó el permiso para formalizar un recurso de revisión, previsto en el artículo 957 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El abogado de las familias, Francisco García Cediel, fundamenta en que el auto denegatorio de la Sala de lo Militar -adoptado por 3 votos contra 2- vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa, además de que "equivale en la práctica a la negación del valor Justicia".

En un comunicado, el grupo pro-revisión Delgado y Granado anunció una campaña para pedir el respaldo de los ciudadanos a la demanda de amparo de las familias, y "denunciar la posición de aquellos sectores del Poder Judicial que siguen considerando válidas las normas procesales del franquismo sobre las del Estado de Derecho que deberían defender".