"Confío en el trabajo de los interlocutores sociales, de los distintos grupos parlamentarios y, por supuesto, en la capacidad de la sociedad española de superar esta crisis". Con estas palabras de confianza concluía el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, su comparecencia en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados.

Al comienzo de su intervención el ministro expresó su condena por el nuevo atentado cometido por la banda terrorista ETA en la Universidad de Navarra y recordó la figura de José María Cuevas, recientemente fallecido.

Celestino Corbacho dividió su comparecencia en dos bloques. En el primero realizó un análisis de la situación económica del empleo en nuestro país, de las iniciativas que se están tomando y del proceso de Diálogo Social. En el segundo, se centró en la evaluación del Plan de Acción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Respecto al primer bloque el ministro se refirió a la crisis económica destacando que la consecuencia más visible es su repercusión negativa sobre el empleo y el paro. "Ante la incertidumbre las empresas retraen sus decisiones de contratación e inversión, máxime en un contexto de prudencia en el consumo como el actual. Eso supone menos contratos y más desempleo".

Tras hacer un balance de los últimos datos de la EPA destacó como dato positivo el aumento de las tasas de actividad "pero en un contexto en el que no se genera empleo, el aumento de la población activa supone una presión adicional para las cifras de paro".

"El Gobierno es muy consciente de la situación que se está viviendo y lleva trabajando muchos meses para que este periodo dure lo menos posible y minimice los efectos negativos sobre los ciudadanos. Por ello se han impulsado medidas que permitan reactivar la economía productiva para crear empelo". En este sentido recordó el Plan aprobado el pasado mes de abril de Medidas de Impulso a la Actividad Económica, que supuso la aplicación de 10.000 millones de euros.

En relación con la labor desarrollada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho destacó por una parte, la ejecución de los programas de empleo y formación y, por otra, la aprobación de medidas de carácter extraordinario para afrontar la crisis a corto plazo como el Plan Extraordinario de Orientación y Recolocación, aprobado por el Consejo de Ministros en abril. Por último, se refirió al nuevo enfoque que se quiere dar a las políticas activas de empleo y a la actuación de los Servicios Públicos de Empleo.

El instrumento básico para resolver los problemas de nuestra economía, de nuestro mercado de trabajo y de nuestro sistema de protección social es, para el ministro, el Diálogo Social. Avanzó que se está trabajando en la aprobación del Proyecto del Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.

Se está trabajando también en la creación del Consejo del Trabajo Autónomo del que formarán parte representantes de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos representativas cuyo ámbito de actuación sea estatal e intersectorial, organizaciones empresariales y sindicales y Administraciones Públicas.

En cuanto a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y una vez finalizado el informe de la Comisión de Expertos, el Gobierno elaborará un anteproyecto de Ley sobre dicha prestación.

Respecto al segundo bloque de la comparencia, el Plan de Acción para el Impulso y la Ejecución de la Estrategia Española de Seguridad y Salud, aprobada por el Consejo de Ministros en junio de 2007, Celestino Corbacho señaló que se había aumentado la oferta de empleo público para el Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con 200 nuevas plazas de inspectores y 50 de subinspectores para el año 2008.

Otras medidas del Plan son el reforzamiento de las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales, así como la mejora de la participación institucional y la coordinación de las Administraciones Públicas.

"En cualquier caso -concluyó- el Gobierno mantiene su compromiso de luchar contra la siniestralidad laboral como forma de proteger la salud e integridad física de nuestros trabajadores y de reforzar la competitividad de nuestras empresas".