Artículo 13 Alcance del régimen sancionador

La responsabilidad administrativa derivada de las infracciones a las que se hace referencia en este título se exigirá a las personas físicas o jurídicas que cometan la infracción o a las autorizadas para la prestación de servicios y para la gestión de instalaciones aeronáuticas competencia de la Comunidad de Madrid.

Artículo 14 Actividad inspectora

1. Las actuaciones de inspección serán realizadas por funcionarios adscritos al centro directivo competente en materia de transportes. El personal que realice las funciones de inspección tendrá, en el ejercicio de dichas funciones, la consideración de autoridad, y guardará el debido sigilo respecto a los hechos y datos que conozca por razón de su labor. Todo ello sin perjuicio de las competencias estatales en la materia.

2. Podrá autorizarse a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para actuar como colaboradores en materia de inspección de instalaciones aeronáuticas siempre que acrediten capacidad y especialización técnica en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea. Dicha colaboración se regulará reglamentariamente.

Artículo 15 Tipificación de las infracciones

Constituyen infracciones administrativas, a los efectos de la presente Ley, las acciones u omisiones tipificadas en los apartados siguientes.

1. Son infracciones muy graves:

• a) El establecimiento, construcción, ampliación o apertura al tráfico de instalaciones aeronáuticas sin la preceptiva autorización.
• b) El cierre de instalaciones aeronáuticas sin la preceptiva autorización.
• c) El incumplimiento de las condiciones que se establezcan en la autorización, destinadas a garantizar la seguridad en la instalación.
• d) La negativa u obstrucción a la actuación de la inspección, que impida el ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas.
• e) El incumplimiento por los gestores de aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias de las obligaciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

2. Son infracciones graves:

• a) La realización de modificaciones relevantes en las instalaciones sin la preceptiva autorización.
• b) El incumplimiento de las condiciones de la autorización, cuando no se considere infracción muy grave.
• c) El cambio de la titularidad de la instalación sin la preceptiva autorización.
• d) El estado de conservación inadecuado de las instalaciones que afecte a su correcto funcionamiento.
• e) El incumplimiento de la obligación de conservación de la documentación administrativa y técnica referente a la instalación, durante los plazos legales.
• f) Perturbar gravemente la normal prestación de los servicios o la integridad del material o de las instalaciones.

3. Son infracciones leves:

• a) La modificación del régimen de utilización de los aeródromos, helipuertos o aeropuertos sin previa comunicación, cuando no constituya infracción grave o muy grave.
• b) La falta de conservación de las instalaciones autorizadas, si no afecta a su correcto funcionamiento.
• c) Cualquier otro incumplimiento de las previsiones establecidas en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias por las que se desarrolle.
• d) Perturbar la normal prestación de los servicios o la integridad del material o de las instalaciones, cuando dicha perturbación no constituya infracción grave.

Artículo 16 Sanciones

1. Las infracciones previstas en el artículo anterior serán sancionadas:

• a) Las infracciones muy graves, con multa de 400.001 euros hasta 3.000.000 euros. Las graves, con multa de 60.001 euros hasta 400.000 euros. Las leves, con apercibimiento o multa de hasta 60.000 euros.
• b) La sanción por infracciones muy graves podrá conllevar como sanción accesoria la revocación de la autorización.
• c) La sanción por la infracción grave de incumplimiento de las condiciones de la autorización, podrá conllevar como sanción accesoria la clausura temporal de la instalación por un plazo máximo de cinco años.
• d) Las sanciones se incrementarán en el tanto del beneficio ilícitamente obtenido por el infractor mediante la comisión de la infracción.

2. Las sanciones se graduarán atendiendo a su incidencia en la seguridad, el daño causado, la intencionalidad y la reincidencia. En lo no previsto en la presente Ley, serán de aplicación los criterios para fijar la responsabilidad administrativa de los infractores previstos en el Título V de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

3. Las sanciones que se impongan a los distintos responsables de la infracción tendrán carácter independiente, y se entienden sin perjuicio de las facultades inspectoras y sancionadoras que corresponden a la Administración General del Estado.

Artículo 17 Otras medidas

1. Además de imponer las sanciones que en cada caso correspondan, la resolución del proceso sancionador podrá declarar la obligación de:

• a) Restituir las cosas o reponerlas a su estado anterior en el plazo que se fije.
• b) Indemnizar los daños irreparables por cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el deterioro causado, así como los perjuicios ocasionados, en el plazo que se fije.

2. Se exigirá la indemnización por daños y perjuicios cuando no fuera posible la restitución o reposición, y, en todo caso, si se hubieran producido daños y perjuicios a los intereses públicos.

3. Las indemnizaciones que se determinen tendrán naturaleza de crédito de derecho público, y su importe podrá ser exigido por la vía administrativa de apremio.

4. Será competente para imponer las medidas previstas en este precepto el órgano competente para imponer las sanciones que correspondan.

Artículo 18 Órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora

La competencia para la imposición de las sanciones y de las multas coercitivas previstas en esta Ley corresponderá:

• a) Al consejero competente en materia de transportes para las infracciones muy graves. En los supuestos en los que se imponga la sanción accesoria de revocación de la autorización de la instalación, que comprometa gravemente la prestación del servicio público, con carácter previo a su imposición, el consejero dará cuenta al Consejo de Gobierno.
• b) Al director general competente en materia de transportes para las infracciones graves y leves y para las multas coercitivas. En los supuestos en los que se imponga la sanción accesoria de clausura temporal de la instalación, que comprometa gravemente la prestación del servicio público, con carácter previo a su imposición, el consejero dará cuenta al Consejo de Gobierno.

Artículo 19 Prescripción de infracciones y sanciones

1. Las infracciones y sanciones prescribirán por el transcurso de los plazos y circunstancias que establece la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

2. La obligación de restituir las cosas o reponerlas a su estado anterior o de abonar una indemnización prescribirá a los quince años desde que dicha obligación sea formalmente impuesta.

Artículo 20 Procedimiento sancionador y medidas provisionales y cautelares

1. La consejería responsable en materia de transportes, a través del centro directivo reglamentariamente habilitado, es el órgano competente para instruir los procedimientos sancionadores y adoptar las medidas provisionales en los términos previstos en la presente Ley, y respetando, en todo caso, las competencias del Estado. La competencia para la imposición de medidas cautelares corresponderá al órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador.

2. El procedimiento para sancionar las infracciones previstas en esta Ley, así como para la imposición de medidas provisionales, cautelares y reparadoras o accesorias, se ajustará a lo dispuesto en la presente Ley, y en todo lo no previsto, será de aplicación subsidiaria la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea y el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid.

3. La Administración podrá proceder, mediante acuerdo motivado, a la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Asimismo, podrán imponerse medidas cautelares en la resolución sancionadora para garantizar su eficacia en tanto ésta no sea ejecutiva. Podrá adoptarse cualquier medida provisional o cautelar que resulte proporcional y adecuada al fin perseguido, incluida la suspensión temporal de la autorización de apertura al tráfico del aeródromo, helipuerto o aeropuerto.

4. Las remisiones que la legislación estatal hace a los diferentes órganos de la Administración Central, respecto a los trámites del procedimiento sancionador y medidas cautelares, provisionales o reparadoras y accesorias, a los efectos de la presente Ley, habrán de entenderse referidas a los órganos autonómicos equivalentes y, en cualquier caso, a la consejería competente en materia de transportes.

Artículo 21 Multas coercitivas

Sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley, en caso de que el infractor incumpla lo dispuesto en la resolución sancionadora una vez que esta sea firme en vía administrativa, el centro directivo con competencias en materia de transportes podrá proceder a la imposición de multas coercitivas. Las multas se reiterarán por períodos suficientes para cumplir lo ordenado y cuantías que, individualmente, no excedan del diez por ciento de la sanción correspondiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Regularización de helipuertos y bases operacionales, gestionados por operadores públicos y destinados a atender emergencias

Las entidades públicas, titulares o gestoras, de helipuertos y bases operacionales ubicadas en la Comunidad de Madrid, que a la entrada en vigor de la presente Ley, vengan operando al amparo de cartas operacionales vigentes o acrediten su funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley; dispondrán de un plazo de 3 años para obtener la autorización de las instalaciones de conformidad con lo previsto en la presente Ley, siempre que realicen operaciones de atención a emergencias sanitarias, protección civil, lucha contra incendios, actividades de policía u otras de naturaleza análoga.

Obtendrán la citada autorización acreditando el cumplimiento de los requisitos de seguridad previstos en la legislación vigente y el preceptivo informe de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento recogido en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Los operadores que hagan uso del período transitorio al que hace referencia la presente disposición, podrán seguir operando en las instalaciones siempre que cumplan las exigencias de seguridad que impone la legislación vigente.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Habilitación para la actualización de sanciones

Se habilita al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, mediante Decreto, pueda actualizar las cuantías de las sanciones establecidas en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Habilitación para el desarrollo reglamentario

Se habilita al Gobierno de la Comunidad de Madrid para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en la misma.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.