La autotutela de las Administraciones Públicas tras la implantación de las tasas judiciales

La autotutela administrativa se encuentra reforzada por una ley como la 10/2012, de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, que ha establecido tributos que gravan el acto iniciador de los procesos contencioso-administrativos, no por una ley de naturaleza administrativa o procesal. Ello resulta muy peligroso, ya que existe el riesgo de que las Administraciones Públicas puedan realizar actuaciones que sean contrarias al ordenamiento jurídico sabiendo que las mismas devendrán firmes por no poder ser impugnadas ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa por la falta de medios económicos de los ciudadanos.