Generalmente, cuando pensamos en las dificultades que sufren las personas LGTBI+ en el acceso a la justicia, se nos viene a la cabeza la imagen de aquellos que son víctimas de delitos de odio. Y no es para menos cuando, según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio del Interior en septiembre del año pasado, a través de la Oficina Nacional de Delitos de Delito, de los 1.401 delitos e incidentes de este tipo registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2020, el 19,8 % de los casos, estuvieron ligados al rechazo de la orientación sexual y/o identidad de género de la víctima del delito.
Sin embargo, y aunque la condición de víctima de un delito es siempre una circunstancia de especial vulnerabilidad para el acceso a la justicia, la orientación sexual y la identidad de género también pueden serlo, incluso aun cuando no se sea sujeto pasivo de ningún ilícito penal. Algo que, sin embargo, para la Cumbre Judicial Iberoamericana, no resultó del todo obvio hasta el año 2018, cuando incluyó esta circunstancia de forma expresa en la nueva redacción de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, aprobadas diez años antes y donde la misma se encuadraba dentro de la pertenencia a algún tipo de minorías.
Sin duda, este reconocimiento expreso deriva del análisis de una triste realidad, y es que las personas LGTBI+ muchas veces se ven limitadas en el ejercicio de sus derechos por el mero hecho de ser quienes son o de amar a quien deciden amar. Y es que, según el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Violencia contra personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América”, en el acceso a la justicia las personas pertenecientes a este colectivo, además de las dificultades que enfrentaría la población en general, se encuentran con una serie de obstáculos añadidos, como pueden ser actitudes negligentes y prejuiciosas por parte del personal que se encuentran en su camino, incluidos jueces, juezas u otros funcionarios de la Administración de Justicia que manifiestan actitudes discriminatorias que no hacen sino generar un efecto inhibitorio a la hora de plantearse la iniciación de actuaciones legales por el cuestionamiento de la credibilidad de los testimonios a los que muchas veces son sometidos. Todo ello por no hablar de países en los que existe legislación que criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo o precedentes judiciales que condonan o justifican la violencia contra personas LGTBI+.
¿Y que podríamos hacer los profesionales del derecho ante esta situación? En nuestra opinión, insistir en la necesaria formación especializada de las personas que, eventualmente, puedan tener que tratar con personas LGTBI+, pero no solo desde el punto de vista de las instituciones que deben velar por ese acceso igualitario a la justicia, en el sentido que proclama el ODS 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sino también en el marco del ejercicio de la profesión de abogado, fomentando la creación de espacios seguros donde nuestros clientes se sientan cómodos y donde se puedan superar muchas de las barreras a las que antes hemos hecho referencia.
En este sentido, los despachos deberían no solo ofrecer programas especializados de formación en diversidad que sean reflejo de la sociedad diversa a la que se van a ofrecer sus servicios, sino también transmitir la existencia de este tipo de acciones, para que sean conocidas más allá de los propios despachos en foros como los que ofrece myGwork.
Estas líneas, sin embargo, no solo ocupan un espacio físico, sino que también ocupan un espacio temporal. Coinciden con el mes en el que se celebra el Orgullo, que se caracteriza por la reivindicación por poder ser uno mismo. Ante un escenario de persecución policial, como el acontecido en Nueva York en 1969, con los disturbios de Stonewall, quienes se manifestaban tenían claro que ni la legislación, ni los responsables de su aplicación eran garantes de sus derechos y libertades, debiendo tomar las calles para dar visibilidad a sus protestas.
En el marco de occidente y en nuestro país, esa situación ha evolucionado, hasta el punto de convertir a España en un país pionero en este campo situándose, en el año 2005, en la vanguardia internacional al ser el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario. Conquista social a la que se suman haber sido también el primer país en legalizar la adopción monoparental; contemplar, en su ley de identidad de género, el cambio de nombre y sexo en el Registro Civil; o la amplia regulación aprobada destinada a combatir los delitos de odio.
No obstante, esta normativa requiere, para ser realmente efectiva, de una importante labor de capacitación, concienciación y sensibilización de todos los operadores jurídicos, a través de la implantación real de estrategias efectivas de diversidad.
Que el Orgullo entre en los despachos de abogados, tiene un efecto claro en la sociedad, donde no está demás recordar, que también están sus clientes. Que sus firmas se abran a esta bocanada de aire fresco, transmite el acertado mensaje de cercanía a lo que son los valores de occidente. La celebración del WorkPride, es una oportunidad para los despachos de abogados y para los profesionales del ámbito jurídico para conocer las buenas prácticas en diversidad e inclusión LGTBI+ y como implementar estas acciones en sus propios espacios de trabajo.
Haciendo referencia a la novela de Jane Austen, que parafraseamos en el título de nuestro artículo, deberíamos aspirar a ese día en el que podamos sentirnos orgullosos de haber podido vencer los prejuicios que actualmente vemos que existen en el acceso a la justicia de las personas LGTBI.
