Honor

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El TS avala la utilización en Twitter de imágenes disponibles en Internet pero condena la revelación de datos médicos

27 de julio de 2018 Jurisprudencia Redes sociales

El Tribunal Supremo descarta la intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante por las expresiones de los «tuits», que consisten en comentarios sarcásticos y críticas respecto del demandante y tampoco aprecia intromisión en el derecho a la propia imagen pero sí considera que la utilización de la información sobre la situación de baja laboral del demandante constituye una intromisión ilegítima.

Indemnización de 10.000 euros para una mujer a la que se incluyó en la lista de morosos por no pagar unas deudas con Vodafone

05 de abril de 2018 Jurisprudencia derecho al honor

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que da la razón a una ex clienta de Vodafone que reclamaba que se había producido una vulneración a su derecho al honor al incluir sus datos en un registro de morosos por no pagar una deuda que tenía con la operadora de teléfono por no estar de acuerdo con la misma. El Alto Tribunal considera que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”.

El Tribunal Supremo declara que la libertad de expresión no ampara la venganza por una denuncia penal previa

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictaminado que sí hubo intromisión ilegítima del derecho al honor del director de comunicación del Consejo General de Enfermería de ESpaña por parte del director de una publicación digital en varios artículos y comentarios periodísticos que publicó en su medio. El director deberá pagar una indemnizaciond e 10.000 euros y difundir el fallo en su cuenta de twitter.

El TS permite a los abogados aplicar reducciones fiscales a las rentas obtenidas en litigios de más de dos años

03 de abril de 2018 Jurisprudencia Honorarios

Los ingresos obtenidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, por su actuación de defensa procesal en un litigio cuya duración se haya extendido más de dos años, cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 32.1, párrafo primero, de la LIRPF. La interpretación de la excepción legal excluyente de la reducción en caso de que los rendimientos procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga ingresos de dicha naturaleza, ha de hacerse por referencia a los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo y no atendiendo a lo que, real o supuestamente, sean las características del sector o profesión.  

El delito de acusación y denuncia falsa. Fundamento, requisitos y supuestos de hecho

El artículo 456 del Código Penal vigente  sanciona a quien imputare a alguna persona hechos que de ser ciertos constituirían infracción penal si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. Jurisprudencia y doctrina han señalado, generalmente, que el bien jurídico protegido en este delito es doble: de un lado el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia (que se perjudica al verse en la precisión de llevar a cabo actuaciones procesales penales basadas en hechos cuya falsedad consta desde el inicio a quien los pone en su conocimiento) y de otro el honor de la persona a la que se imputan los hechos falsos (que se ve afectado negativamente al aparecer como imputado en una causa penal).

La CNMC sanciona a nueve colegios de abogados por realizar una recomendación colectiva sobre precios de los honorarios

13 de marzo de 2018 Noticias Colegio de Abogados

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de más de un millón de euros a los Colegios de Abogados de Barcelona, Valencia, Sevilla, Vizcaya, La Rioja, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Albacete y Ávila al considerar que habían habían elaborado y difundido una recomendación colectiva de precios en los pleitos tras la salida a bolsa de Bankia en 2011.