Inconstitucionalidad

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Contenido y novedades de la Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, para el establecimiento del control previo de constitucionalidad de los Proyectos de Estatuto de Autonomía

23 de septiembre de 2015 Noticias LOTC

La interposición del recurso suspenderá automáticamente la tramitación del proyecto, y la sentencia estimatoria tendrá como consecuencia la imposibilidad de seguir el procedimiento en tanto los proyectos declarados inconstitucionales no hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes Generales.

El TC suspende cautelarmente un artículo de la Ley de la Agencia Tributaria catalana sobre integración voluntaria de funcionarios en cuerpos dependientes de la Generalidad

15 de septiembre de 2015 Noticias Tribunal Constitucional

El TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el art. 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de 12 de junio, lo que supone la suspensión cautelar de las disposiciones que se refieren a la integración voluntaria de funcionarios con destino en Cataluña en los Cuerpos Superiores de Inspectores y Técnicos de Gestión Tributaria de la Generalidad.

El TS plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre el tratamiento en el Impuesto de Sucesiones de las parejas de hecho homosexuales que no pudieron contraer matrimonio

29 de mayo de 2015 Noticias Impuesto de sucesiones

El TS plantea al TC cuestión sobre el artículo 20.2.a de la Ley 29/1987 de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en tanto circunscribe a los "cónyuges" la aplicación del régimen de reducción de la base imponible del impuesto, por su eventual contradicción con el derecho a la igualdad y a un sistema tributario justo, cuando se trata de aplicarlo a las parejas homosexuales que convivían more uxorio (de hecho) sin poder contraer legalmente matrimonio.

El TC declara la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Ley andaluza de antideshaucios

26 de mayo de 2015 Noticias Andalucía

El TC declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del primer inciso del art. 1.3,  de los apartados 5 y 6 del art. 25 y del art. 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, en la redacción aprobada por el art. 1 del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda; así como la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional segunda de dicho Decreto-ley 6/2013.

El TC declara inconstitucionales algunos preceptos de la Ley Catalana de Consultas y anula el Decreto de convocatoria del 9-N

25 de febrero de 2015 Noticias Ley Catalana de Consultas

El Pleno del TC ha dictado sendas sentencias de fecha 25 de febrero de 2015, en las que declara por unanimidad la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley Catalana de consultas por entender que regulan encubiertamente referendos, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado, y anula el Decreto de convocatoria del 9-N.

El Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de julio de 2012 que suprimió la paga extra de los funcionariosordinaria

29 de diciembre de 2014 Noticias Funcionarios públicos

El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra diversos preceptos del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de 2012, que suprimió la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre de un funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión procesal de Justicia para el que regía la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La reducción del número de diputados de un parlamento autonómico no es contrario a la Constitución

05 de diciembre de 2014 Noticias Comunidades Autónomas

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que estableció la reducción del número de diputados autonómicos  de los 53 actuales a un número que puede oscilar entre 25 y 35. El TC rechaza que dicha medida vacíe de contenido la autonomía política de la Comunidad Autónoma.

La Ley de Tasas Judiciales cumple dos años, entre el rechazo general y a la espera de que se resuelvan los recursos sobre su constitucionalidad

20 de noviembre de 2014 Noticias Tasas judiciales

Mañana jueves se cumplirán dos años de la publicación en el BOE de la polémica Ley 10/2012, de tasas judiciales. Durante este tiempo, la norma ha sido objeto del rechazo general de todos los sectores implicados; ha sido objeto de una reforma para suavizarla; está pendiente de cinco recursos de inconstitucionalidad y de varias cuestiones de inconstitucionalidad y ha visto como un acuerdo no jurisdiccional de la Sala Cuarta del TS limitaba su aplicación en el ámbito laboral. En la actualidad se encuentra a la espera de una nueva reconsideración antes de que finalice esta legislatura.

El TC anula la libre colegiación de funcionarios aprobada por la Junta por “vulnerar” competencias

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Nación contra un precepto del artículo 30.2 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002 que establecía que no será exigible el requisito de colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de Andalucía para el ejercicio de sus funciones, “o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas”.

Auto del TC donde se impone a Euskadi el copago farmacéutico

Conflicto de competencias planteado por el el Gobierno del Estado al entender que el Decreto vasco 114/2012, de 26 de junio, incurre en una inconstitucionalidad mediata, por vulneración de la normativa básica estatal que desarrolla las competencias estatales previstas en los apartados 1, 16 y 17 del art. 149.1 CE. El recurrente entiende que la inconstitucionalidad mediata del Decreto vasco 114/2012, de 26 junio, vendría dada básicamente porque modifica la condición de beneficiario de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos prevista por la norma estatal y porque modifica el porcentaje de aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria respecto de lo previsto la normativa estatal.

Desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio

16 de noviembre de 2012 Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, en concreto el primer apartado del artículo único de la Ley, que añade un segundo párrafo al art. 44 CC, en virtud del cual “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

El TC anula la libre colegiación de funcionarios aprobada por la Junta por “vulnerar” competencias

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Nación contra un precepto del artículo 30.2 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002 que establecía que no será exigible el requisito de colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de Andalucía para el ejercicio de sus funciones, “o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas”.

Auto del TC donde se impone a Euskadi el copago farmacéutico

Conflicto de competencias planteado por el el Gobierno del Estado al entender que el Decreto vasco 114/2012, de 26 de junio, incurre en una inconstitucionalidad mediata, por vulneración de la normativa básica estatal que desarrolla las competencias estatales previstas en los apartados 1, 16 y 17 del art. 149.1 CE. El recurrente entiende que la inconstitucionalidad mediata del Decreto vasco 114/2012, de 26 junio, vendría dada básicamente porque modifica la condición de beneficiario de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos prevista por la norma estatal y porque modifica el porcentaje de aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria respecto de lo previsto la normativa estatal.