La Audiencia Provincial de Madrid confirma la absolución del "pequeño Nicolás" por injurias al CNI 26 de julio de 2018 Jurisprudencia Delito de injurias y calumnias Desestima los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado contra la sentencia del juzgado de lo Penal número 16 de Madrid y confirma su absolución.
La interceptación de comunicaciones abogado-cliente viola el derecho al respeto de la correspondencia 30 de mayo de 2018 Jurisprudencia Derechos humanos El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencia sobre el asunto Laurent c. Francia (demanda n° 28798/13) decidiendo que ha habido una violación del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH).
SITEL. La gran oreja del Gobierno no tiene suficientes garantias jurídicas 01 de octubre de 2009 Artículos doctrinales DERECHO INFORMÁTICO SITEL (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones) es un avanzado sistema informático desarrollado por la multinacional Ericsson, que permite la interceptación sin límite, de todas las telecomunicaciones que tengan lugar en España, y que es utilizado conjuntamente por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia).
Intervención de las comunicaciones telefónicas en España 01 de noviembre de 2007 Artículos doctrinales AVERIGUACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO Uno de los principios de un proceso garantista es la presunción de inocencia, que solamente puede ser alejada cuando la parte acusadora produzca pruebas de cargo de la responsabilidad penal del imputado. Una de estas pruebas puede venir de una previa interceptación telefónica. Ocurre que una intervención telefónica puede generar una limitación al derecho de secreto de las comunicaciones, entonces un equilibrio entre los derechos fundamentales debe ser alcanzado.
Informe sobre los cambios en el proceso penal 25 de julio de 2011 Noticias PROCEDIMIENTO PENAL Entre otras cuestiones, se incorpora plenamente el derecho a la segunda instancia penal, se pone fin a la investigación indefinida, también conocida como "pena de banquillo" y se regulan derechos y garantías constitucionales tan importantes para los ciudadanos como los de la persona detenida, el control judicial de las medidas que limitan la libertad, la interceptación de las comunicaciones, la entrada y registro o el derecho a no ser perseguido dos veces por los mismos hechos.