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Aumenta la inversión en Justicia Gratuita para atender al casi millón de solicitudes recibidas en 2014

10 de julio de 2015 El sector legal Justicia Gratuita

El IX Informe del Observatorio sobre la Justicia Gratuita Abogacía Española-La Ley pone de manifiesto como, tras cuatro años consecutivos de reducción presupuestaria, en 2014 se ha incrementado un 1,5% la inversión en Asistencia Jurídica Gratuita. El impacto de las tasas judiciales y el aumento de colectivos con derecho a este servicio ha elevado el número de peticiones a 970.000. La retribución media al abogado del Turno de Oficio ronda los 125 euros por expediente.

El TS rechaza la solicitud de indemnización de un empresario que invirtió en Lehman Brothers

21 de abril de 2014 Jurisprudencia Lehman Brothers

Además de que el garante de la inversión no era el banco demandado, sino la entidad americana quebrada, se estima acreditado que el demandante fue debidamente asesorado en la inversión y que en los documentos acompañados a la demanda se muestra que el empresario era "pleno conocedor del mercado financiero, con amplia experiencia en inversiones de difícil entendimiento para el común de las personas".

El Tribunal Supremo confirma el pago de 43,3 millones de la Comunidad de Madrid a la Universidad Complutense por incumplir el Plan de Inversiones

05 de febrero de 2013 Jurisprudencia Tribunal Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia por la que desestima un recurso de casación interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y confirma que deberá pagar 43,3 millones de euros a la Universidad Complutense de Madrid por incumplir en el año 2010 el Plan de Inversiones en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para el período 2007-2011.

El TS rechaza la solicitud de indemnización de un empresario que invirtió en Lehman Brothers

21 de abril de 2014 Jurisprudencia Lehman Brothers

Además de que el garante de la inversión no era el banco demandado, sino la entidad americana quebrada, se estima acreditado que el demandante fue debidamente asesorado en la inversión y que en los documentos acompañados a la demanda se muestra que el empresario era "pleno conocedor del mercado financiero, con amplia experiencia en inversiones de difícil entendimiento para el común de las personas".

El Tribunal Supremo confirma el pago de 43,3 millones de la Comunidad de Madrid a la Universidad Complutense por incumplir el Plan de Inversiones

05 de febrero de 2013 Jurisprudencia Tribunal Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia por la que desestima un recurso de casación interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y confirma que deberá pagar 43,3 millones de euros a la Universidad Complutense de Madrid por incumplir en el año 2010 el Plan de Inversiones en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para el período 2007-2011.

El TS rechaza la solicitud de indemnización de un empresario que invirtió en Lehman Brothers

21 de abril de 2014 Jurisprudencia Lehman Brothers

Además de que el garante de la inversión no era el banco demandado, sino la entidad americana quebrada, se estima acreditado que el demandante fue debidamente asesorado en la inversión y que en los documentos acompañados a la demanda se muestra que el empresario era "pleno conocedor del mercado financiero, con amplia experiencia en inversiones de difícil entendimiento para el común de las personas".

El Tribunal Supremo confirma el pago de 43,3 millones de la Comunidad de Madrid a la Universidad Complutense por incumplir el Plan de Inversiones

05 de febrero de 2013 Jurisprudencia Tribunal Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia por la que desestima un recurso de casación interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y confirma que deberá pagar 43,3 millones de euros a la Universidad Complutense de Madrid por incumplir en el año 2010 el Plan de Inversiones en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para el período 2007-2011.

El régimen legal de la transferencia de resultados del empleado público investigador

En España, gran parte del esfuerzo innovador y creativo se realiza en el ámbito de las Universidades y centros públicos de investigación, ya que nuestro tejido productivo en muchas ocasiones no tiene el tamaño adecuado para afrontar importantes inversiones en investigación. Por eso es imprescindible que se establezca un régimen claro de atribución de derechos sobre los resultados de la investigación, además de un régimen adecuado de recompensa al personal funcionario o laboral que se dedica a ello, con el fin de hacer esta tarea más atractiva.

Hacia un modelo social de Administración Pública: de la burocracia a la gobernanza

Después de la Revolución Francesa y a lo largo del siglo XIX se fueron consolidando en Occidente los denominados "Estados nacionales". En Europa y en los Estados Unidos de América se adecuaron los poderes del Estado y las formas de gobierno a las necesidades de un capitalismo emergente que le demandaba inversiones públicas, seguridad jurídica e igualdad de oportunidades. Dicho de otro modo, un Estado encaminado fundamentalmente a proporcionar la "procura existencial" de sus ciudadanos.

La deducción por reinversión de beneficios extraordinarios en el Impuesto sobre Sociedades [...]

Es sabido que, a tenor del artículo 42 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, procede la deducción de las rentas positivas obtenidas en la transmisión onerosa de ciertos elementos patrimoniales, siempre que dichas rentas se integren en la base imponible sometida al tipo general de gravamen impositivo y se reinviertan según los requisitos y condiciones reguladas.

Economía llevará al próximo Consejo de Ministros una nueva regulación del 'crowfunding' o micromecenazgo

02 de octubre de 2014 Noticias Micromecenazgo

Según Luis de Guindos, en la nueva regulación del 'crowfunding' se distinguirán dos tipos de inversores: los cualificados, con una renta de al menos 50.000 euros al año y un patrimonio de inversiones financieras de al menos 100.000 euros; y los inversores no cualificados, a los que se establecen una serie de limitaciones sobre cuanto pueden invertir, esto máximo de 10.000 euros y un mínimo de 3.000 euros. Todo ello con la finalidad de compaginar "la seguridad con la libertad de financiación".