Obras

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Los Estados pueden autorizar que las bibliotecas digitalicen libros para su consulta y, en algunos casos, impresión por los usuarios, sin necesidad de acuerdo con los autores

12 de septiembre de 2014 Jurisprudencia Derechos de autor

los Estados miembros pueden autorizar que las bibliotecas digitalicen algunos libros de su colección para ofrecerlos a los usuarios en puestos de lectura electrónica sin necesidad de contar con el acuerdo de los titulares de los derechos. Igualmente pueden autorizar, dentro de ciertos límites y bajo ciertas condiciones, entre ellas el pago de una compensación equitativa a los titulares de los derechos sobre las obras, que los usuarios impriman en papel o almacenen en una llave de memoria USB los libros digitalizados por la biblioteca.

Según el TJUE, eludir el sistema de protección de una consola de videojuegos puede ser legal en ciertas circunstancias

06 de febrero de 2014 Jurisprudencia Derechos de autor

La protección jurídica contra los actos no autorizados por el titular de los derechos de autor únicamente abarca las medidas tecnológicas destinadas a impedir o eliminar los actos de reproducción, comunicación, puesta a disposición del público o distribución de las obras no autorizados por el titular de los derechos de autor para los que se exige su autorización. Dichas medidas deben ser adecuadas para la realización de ese objetivo y no deben ir más allá de lo necesario para ello.

No pueden denegarse por la junta de propietarios unas obras que faciliten la accesibilidad a la finca de un minusválido si no son dañinas para los demás propietarios

18 de noviembre de 2013 Jurisprudencia Propiedad horizontal

El carácter mayoritario del acuerdo de la junta de propietarios no es motivo bastante para negar la autorización para unas obras que no se ha demostrado --ni siquiera alegado-- que fueran perjudiciales o dañinas para los demás propietarios. La normativa vigente impone unos límites a la propiedad privada, en interés del derecho de los discapaces a poder usar los inmuebles en igualdad de oportunidades y sin discriminación.

No se puede obligar al explotador de una red social en línea a establecer un sistema de filtrado general, respecto a todos sus usuarios, para prevenir el uso ilícito de obras musicales y audiovisuales

Esa obligación sería contraria a la prohibición de imponer a dicho prestador una obligación general de supervisión y a la exigencia de garantizar un justo equilibrio entre, por una parte, la protección del derecho de autor y, por otra parte, la libertad de empresa, el derecho a la protección de los datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

Condena a una Universidad por reproducción y comunicación pública ilícita de obras protegidas por los derechos de autor

05 de noviembre de 2014 Jurisprudencia Propiedad intelectual

La conducta de la universidad, consistente en instalar y mantener una plataforma digital alojada en su página web, en la que los profesores de la misma interactúan con los alumnos y les suministran, entre los materiales que consideran necesarios o convenientes para obtener la graduación en cada asignatura, obras protegida, infringe los derechos de los titulares de los derechos sobre dichas obras.

Los Estados pueden autorizar que las bibliotecas digitalicen libros para su consulta y, en algunos casos, impresión por los usuarios, sin necesidad de acuerdo con los autores

12 de septiembre de 2014 Jurisprudencia Derechos de autor

los Estados miembros pueden autorizar que las bibliotecas digitalicen algunos libros de su colección para ofrecerlos a los usuarios en puestos de lectura electrónica sin necesidad de contar con el acuerdo de los titulares de los derechos. Igualmente pueden autorizar, dentro de ciertos límites y bajo ciertas condiciones, entre ellas el pago de una compensación equitativa a los titulares de los derechos sobre las obras, que los usuarios impriman en papel o almacenen en una llave de memoria USB los libros digitalizados por la biblioteca.

Según el TJUE, eludir el sistema de protección de una consola de videojuegos puede ser legal en ciertas circunstancias

06 de febrero de 2014 Jurisprudencia Derechos de autor

La protección jurídica contra los actos no autorizados por el titular de los derechos de autor únicamente abarca las medidas tecnológicas destinadas a impedir o eliminar los actos de reproducción, comunicación, puesta a disposición del público o distribución de las obras no autorizados por el titular de los derechos de autor para los que se exige su autorización. Dichas medidas deben ser adecuadas para la realización de ese objetivo y no deben ir más allá de lo necesario para ello.

No pueden denegarse por la junta de propietarios unas obras que faciliten la accesibilidad a la finca de un minusválido si no son dañinas para los demás propietarios

18 de noviembre de 2013 Jurisprudencia Propiedad horizontal

El carácter mayoritario del acuerdo de la junta de propietarios no es motivo bastante para negar la autorización para unas obras que no se ha demostrado --ni siquiera alegado-- que fueran perjudiciales o dañinas para los demás propietarios. La normativa vigente impone unos límites a la propiedad privada, en interés del derecho de los discapaces a poder usar los inmuebles en igualdad de oportunidades y sin discriminación.

No se puede obligar al explotador de una red social en línea a establecer un sistema de filtrado general, respecto a todos sus usuarios, para prevenir el uso ilícito de obras musicales y audiovisuales

Esa obligación sería contraria a la prohibición de imponer a dicho prestador una obligación general de supervisión y a la exigencia de garantizar un justo equilibrio entre, por una parte, la protección del derecho de autor y, por otra parte, la libertad de empresa, el derecho a la protección de los datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

El recargo de prestaciones de Seguridad Social. El supuesto de imprudencia temeraria del trabajador.

Aunque pudiera parecer lo contrario, el recargo de prestaciones por accidente de trabajo es una figura histórica en nuestro Derecho (1). Así, la Ley de Seguro de Accidentes de Trabajo de 30 de Enero de 1.900, ya lo contemplaba en su art. 5.5, el cual disponía que "las indemnizaciones determinadas por esta Ley se aumentaran en una mitad más de su cuantía, cuando el accidente se produzca en un establecimiento u obras cuyas máquinas o artefactos carezcan de los aparatos de precaución…" Esta definición con ligeras variantes, y con una evolución ampliatoria se ha mantenido en las sucesivas normas sobre accidente de trabajo: art. 5 de la Ley de 10 de Enero de 1.922, R.D. de 29 de Diciembre de 1.922; art. 27 del T.R. de 22 de Junio de 1.956 y Reglamento de la misma fecha. La Ley de Seguridad Social de 1.966, recogió por primera vez la cuantía del Recargo entre un 30 y un 50%, y la Ley de Financiación y perfeccionamiento de Prestaciones lo extendió a todas ellas. La definición contenida en la Ley General de la Seguridad Social de 1.974, permanece hoy en el Texto Refundido de 1.994.

Hacia una nueva directiva de contratos públicos: luces y sombras de una reforma que se aproxima.

Según el art. 92 de la futura Directiva de contratos públicos, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma a más tardar el 30 de junio de 2014. Ese es, pues, el margen de tiempo de que disponemos para ir haciéndonos a la idea de las novedades de una norma que está llamada a sustituir a la ampliamente conocida Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

El deber de conservación de la urbanización y responsabilidad patrimonial: especial referencia al régimen urbanístico de Andalucía

01 de noviembre de 2011 Artículos doctrinales URBANISMO

La legislación urbanística estatal vigente en Andalucia hasta la entrada en vigor de la Ley 7/02 (LOUA), y que continúa en vigor en lo que no la contradiga por DT 9ª LOUA en tanto no se produzca su desplazamiento por desarrollo reglamentario de la misma, en el art. 67 RGU obliga al mantenimiento de las obras de urbanización y dotaciones y servicios públicos...

El contrato de concesión de obras públicas

El contrato de concesión de obras públicas, cuyos antecedentes pueden ser encontrados en la legislación española sobre obras públicas del siglo XIX, es, junto con el nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, que se nutre de su régimen jurídico cuando el objeto de su prestación principal se corresponde con la de aquel, la figura más compleja que se recoge en nuestra normativa actual sobre contratación del sector público.

La recepción de la urbanización: tratamiento diferenciado y compatible de la recepción por silencio y la recepciòn tácita en Andalucía. Análisis jurisprudencial

01 de marzo de 2011 Artículos doctrinales URBANISMO

Una vez finalizada la ejecución material del planeamiento surge la obligación de aceptar y conservar lo ejecutado, que puede implicar cambios en los sujetos responsables de la ejecución. El tránsito de una fase a otra se instrumentaliza mediante la recepción. Podemos definir la recepción con fundamento en el art. 180 RGU vigente en Andalucia por DT 9ª LOUA, como el acto por el que se produce la cesión de las obras de urbanización e instalaciones y dotaciones cuya ejecución estuviese prevista en el plan de ordenación y proyecto de urbanización.

Responsabilidad de prestadores de servicios de la sociedad de información: comentario de la sentencia “Telecinco” contra “Youtube”

La sentencia que las resuelve resulta especialmente interesante por varios motivos. En España, hasta la fecha, han sido pocas las resoluciones judiciales sobre responsabilidad de los prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información. Muchas de ellas se han planteado frente a particulares o asociaciones que incluían enlaces a programas de intercambio de archivos o a obras protegidas almacenadas en estas redes. A este respecto, existe un criterio jurisprudencial claro que la prensa nos recuerda cada vez que se dicta una nueva resolución.

Las reclamaciones de derechos y honorarios ante los órganos penales

01 de noviembre de 2010 Artículos doctrinales HONORARIOS

No abundan los estudios sobre los procedimientos de reclamación de derechos del procurador y honorarios del abogado. Entre ellos sobresalen las obras de Marina Cedeño Hernán y de María José Achón Bruñén2 , quienes han profundizado en las singularidades del procedimiento establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en la práctica forense se conoce por la añeja y arraigada denominación de jura de cuentas.