Ordenanza

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Las ordenanzas locales y sus limitaciones

20 de abril de 2018 Artículos doctrinales

La Constitución Española (CE, 1978), contiene en su Título VIII, la Organización Territorial del Estado, el cual dispone el listado de competencias que son exclusivas de éste, y las que las Comunidades Autónomas, en base a una ley marco, han ido asumiendo a lo largo del tiempo. Respecto a las entidades locales la Constitución guarda silencio, quedando definidas de forma básica  en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local (LBRL). En este trabajo se anlizan y describen en qué ámbitos los entes municipales ejercen la potestad reglamentaria, a través de la elaboración de ordenanzas, así como la potestad sancionadora.

El precio del atestado: la tasa por la expedición de informes derivados del accidente de tráfico.

A lo largo de estos últimos 10-15 años la tasa que grava la expedición de atestados ha experimentado un incremento significativo. Sus efectos se han dejado notar en infinidad de municipios. En unos casos a través un incremento sustancial de la cuota tributaria, en otros con la publicación de la correspondiente ordenanza fiscal. ¿Si se trata de un servicio público prestado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en todo caso, inherente a su misión más significativa  de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, por qué se grava con una tasa? El autor responde a ésta y otras cuestiones en este análisis.

Tasa por la utilización privativa del dominio público: instalaciones de energía y de telecomunicaciones

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales regula la potestad de las entidades locales para establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. La jurisprudencia ha ido delimitando cuál es el contenido del legítimo ejercicio de la autonomía municipal para subvertir las necesidades de los entes locales.

Nulidad del cuadro de multas de tráfico de la ciudad de Madrid

22 de febrero de 2012 Jurisprudencia TRIBUNAL SUPREMO

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 18 de junio de 2009, que declaraba la nulidad y la ilegalidad de la Ordenanza municial relativa al cuadro de sanciones de tráfico por “vulnerar el principio de jerarquía normativa y el de proporcionalidad”.

Nulidad del cuadro de multas de tráfico de la ciudad de Madrid

22 de febrero de 2012 Jurisprudencia TRIBUNAL SUPREMO

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 18 de junio de 2009, que declaraba la nulidad y la ilegalidad de la Ordenanza municial relativa al cuadro de sanciones de tráfico por “vulnerar el principio de jerarquía normativa y el de proporcionalidad”.

Nulidad del cuadro de multas de tráfico de la ciudad de Madrid

22 de febrero de 2012 Jurisprudencia TRIBUNAL SUPREMO

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 18 de junio de 2009, que declaraba la nulidad y la ilegalidad de la Ordenanza municial relativa al cuadro de sanciones de tráfico por “vulnerar el principio de jerarquía normativa y el de proporcionalidad”.

Efectos de la sentencia del TJUE de 12 de julio de 2012 en la tasas municipales de telefonia movil y fija.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) ha dictado sentencia con fecha 12 de julio de 2012 en los asuntos acumulados C-55/11, c-57/11 y C-58/11, resolviendo las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, acerca de la aplicación del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) y su incidencia en la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las empresas de telefonía móvil, regulada en las ordenanzas municipales de Tudela, Torremayor y Santa Amelia.

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