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El TS precisa los efectos de la declaración como abusiva de las cláusulas de vencimiento anticipado de los contratos de préstamo hipotecario

21 de enero de 2016 Jurisprudencia Consumidores

La Sala sostiene que la nulidad de la cláusula no siempre conllevará el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, pues la tutela de los consumidores aconseja evitar interpretaciones maximalistas que, bajo una apariencia de máxima protección, tengan como consecuencia paradójica la restricción del acceso al crédito hipotecario y, derivadamente, a la adquisición de vivienda en propiedad. 

El TS considera conforme a la ley el uso de la bandera nacional en los sobres de propaganda electoral

15 de diciembre de 2015 Noticias Elecciones Generales 20D

En un auto, la Sala III ha acordado la suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central, del pasado día 9, que ordenó a Correos no distribuir la propaganda electoral de Vox al considerar que vulneraban los artículos 46.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el artículo 8 de la Ley 39/1081 que regula el uso de la bandera de España.  

A efectos del cálculo de la indemnización por despido debe computarse el tiempo de tramitación del recurso de suplicación que confirma la improcedencia del cese

Según el TS,  la indemnización por despido ha de calcularse computando como periodo de servicios el tiempo que media entre el inicio declarado de la relación laboral y la fecha de la sentencia que declaró la improcedencia del despido. Por tanto, la antigüedad computable para la indemnización por despido incluye desde el momento del cese al de la sentencia de instancia que decreta la improcedencia del despido, pero no comprende el periodo de tiempo posterior a la sentencia de instancia, por no mediar servicios ni salarios por voluntad exclusiva del trabajador.

El incumplimiento reiterado de pagar la pensión de alimentos y del régimen de visitas justifican la privación de la patria potestad

16 de noviembre de 2015 Jurisprudencia Patria potestad

Según la Sala de lo Civil del TS, el grave y reiterado incumplimiento del deber de satisfacer la pensión de alimentos y del régimen de visitas, de un progenitor,  sin causa justificada y desde que el menor contaba muy poca edad, justifica que proceda, en beneficio del menor, la pérdida de la patria potestad de dicho progenitor.

Los abogados González-Coria, De Santiago y Corrochano, inauguran un despacho jurídico-económico

16 de noviembre de 2015 Noticias

Manuel González-Coria Domínguez y Enrique de Santiago Herrero, socios de dos de los bufetes jurídicos más relevantes de Salamanca y corresponsables del área jurídica, y Fernando Corrochano Camacho como responsable del área económica, inauguran en Madrid un despacho especializado en servicios de Valor Añadido para la empresa relacionados con su desarrollo estratégico, contando además con servicios específicos para Entidades de Capital Riesgo.

Consecuencias del impago de la prima del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor respecto de terceros perjudicados. STS, Sala Civil, 10 septiembre 2015

En este artículo se analizará la doctrina recientemente fijada por el Tribunal Supremo respecto de las consecuencias del impago de la primera o única prima del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.

Error vicio en la contratación de swap. STS, Pleno, Sala 1ª, 491/2015, 15 septiembre

05 de noviembre de 2015 Artículos doctrinales Contratos swap

Los contratos de permuta financiera o swap son productos financieros complejos que precisan para su contratación una información detallada y clara por parte de las entidades financieras a los clientes sobre el producto. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 491/2015, de 15 de septiembre, analiza la jurisprudencia sobre el error vicio en la contratación de los swap y afirma que en la contratación de los swap no existió tal vicio con base en el desconocimiento que tenía la demandante sobre la evolución que iban a tener los tipos de interés, puesto que tal incertidumbre es connatural al componente aleatorio del contrato del swap.

Estafa informática. El denominado phishing y la conducta del “mulero bancario”: categorización y doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Todo comienza, por lo general, cuando un usuario de la banca on line recibe un correo que supuestamente procede de su banco, que tiene la finalidad de inducir al cliente para que clique en un enlace que le redirige a una web maliciosa mediante la que se suplanta la identidad del banco para obtener las claves de acceso del usuario engañado, sus datos bancarios, etc.

Los clientes de banca pueden demandar colectivamente a su entidad por incumplimiento de sus obligaciones contractuales

Según la Sala, lo determinante en estos casos no es si existen o no diferentes relaciones jurídicas con algunos aspectos diferenciales, sino si existe una conexión entre las cuestiones controvertidas objeto de las acciones acumuladas en su aspecto fáctico con relevancia respecto de las pretensiones ejercitadas, que justifique el conocimiento conjunto de las acciones ejercitadas y evite de este modo la existencia de sentencias injustificadamente discordantes.

TS: El plazo de prescripción de la acción de reclamación por daños, de un funcionario contra la entidad con la que Muface ha concertado la asistencia sanitaria, es de un año.

22 de octubre de 2015 Jurisprudencia Funcionarios públicos

El Pleno de la Sala de lo Civil del TS establece como doctrina jurisprudencial que “la acción que ejercite el mutualista funcionario civil del Estado contra la Entidad con la que haya concertado su Mutualidad la prestación de asistencia sanitaria, a fin de reclamar aquél el daño sufrido por la prestación del servicio, tiene como plazo de prescripción el de un año.”

El interés público justifica la publicación en el BOE de las sanciones impuestas por infringir la ley de prevención del blanqueo de capitales

La Sala Tercera del TS rechaza la petición de Banco Santander de no publicar una multa de un millón de euros en el BOE. Dada la naturaleza de la sanción, el TS declara que hay un evidente interés público en que tales hechos se pongan en conocimiento del mercado, por lo que, el daño irreparable en el prestigio e imagen de la entidad alegado, no resulta suficiente para acordar la medida cautelar solicitada.