Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Vi馻 y del Vino

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Sumario

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El vino y la vi馻 son inseparables de nuestra cultura. Desde que el hombre deja testimonios gr醘icos para la historia, aparece en escena con una jarra de vino en la mano: en las pinturas egipcias, en las 醤foras griegas, en los mosaicos romanos.

A pesar de tan ancestral cultura del vino, con su proyecci髇 social, literaria y m韘tica, el Derecho tard� mucho en entrar en este campo, que le era ajeno mientras pertenec韆 al mundo de las satisfacciones de los sentidos o de los sentimientos. S髄o cuando el vino se convirti� en un problema de salud, de orden p鷅lico o econ髆ico -y los poderes p鷅licos se interesaron por estas cuestiones- es cuando las pragm醫icas y las leyes hicieron acto de presencia, primero prohibiendo, despu閟 fomentando y luego regulando la producci髇, la comercializaci髇 y el consumo.

No se pretende aqu�, ni vendr韆 al caso, hacer una s韓tesis hist髍ica de la legislaci髇 vitivin韈ola; m醩 bien hay que poner de relieve que no la hubo hasta tiempos recientes, salvo algunas medidas de polic韆 de abastos, casi siempre de car醕ter local, que en Espa馻 empiezan a adoptarse a mediados del siglo XVII, m醩 para frenar los excesos de algunos vinateros que para regular las campa馻s. Durante el siglo XIX siguieron public醤dose numerosas disposiciones del mismo tenor aunque, por influjo de las nuevas tendencias, se fue sustituyendo la idea de los 玜bastos� por la de la calidad. Tal vez sea la Real Orden de 23 de febrero de 1890 la primera de las disposiciones relativas a la elaboraci髇 de los vinos, real orden que hubo de ser reforzada por el Real Decreto de 7 de enero de 1897, cuyo pre醡bulo es muy ilustrativo.

A dicha preocupaci髇 viene a sumarse, ya casi en los umbrales del siglo XX, la del comercio exterior. Bajo la regencia de Mar韆 Cristina, se dict� el Real Decreto de 21 de agosto de 1888 por el que se dispone que el Gobierno establecer� en Par韘, Londres y Hamburgo estaciones enot閏nicas, con objeto de promover, auxiliar y facilitar el comercio de vinos espa駉les puros y leg韙imos.

Y as�, prescindiendo de detalles que enturbiar韆n la claridad del esquema, se llega al Estatuto del Vino de 1932, en el que se intenta por primera vez la regulaci髇 completa del sector. Con el paso del tiempo, este notable cuerpo legal qued� desbordado por los avances tecnol骻icos y la expansi髇 de esta rama de la producci髇 agraria, y sus previsiones resultaron insuficientes o inadecuadas a la nueva situaci髇 creada en el entorno por la Comunidad Econ髆ica Europea.

Al efecto, por Ley 25/1970, de 2 de diciembre, se aprob� un nuevo Estatuto de la Vi馻, del Vino y de los Alcoholes, que es el que est� formalmente -s髄o formalmente- en vigor.

II

Porque, despu閟 de esto, se han producido dos acontecimientos importantes: la promulgaci髇 de la Constituci髇 Espa駉la de 1978, que configura el Estado de las Autonom韆s, y el ingreso de Espa馻 en las Comunidades Europeas.

En principio, las competencias en materia de agricultura -y, por tanto, las relativas al cultivo de la vid y a sus productos- corresponden a las comunidades aut髇omas, si bien esa competencia no excluye toda intervenci髇 estatal sino que es una competencia compartida, como reiteradamente ha declarado el Tribunal Constitucional.

De otra parte, la integraci髇 de Espa馻 en la hoy llamada Uni髇 Europea supuso la aceptaci髇 del acervo comunitario y el reconocimiento de la supremac韆 de sus normas sobre el ordenamiento jur韉ico interno. A diferencia de lo ocurrido con otros productos incluidos en el marco de la Pol韙ica Agr韈ola Com鷑, que desde los inicios contaron con una Organizaci髇 Com鷑 de Mercado, la OCM del vino no surge en la Europa de los seis hasta 1970, y hasta hace relativamente poco tiempo se ha venido rigiendo por el Reglamento (CEE) 822/1987, del Consejo de 16 de marzo de 1987. Desde entonces se han dictado un sinf韓 de disposiciones comunitarias de desarrollo y aplicaci髇, lo que hac韆 que la regulaci髇 del sector fuera sumamente compleja. Por fin, se adopt� el Reglamento (CE) 1493/1999, de 17 de mayo, por el que se establece la nueva OCM vitivin韈ola, que es de aplicaci髇 directa en todos los Estados miembros a partir del 1 de agosto de 2000.

El otrora flamante Estatuto del Vino de 1970 ha quedado desfasado de tal forma que ser韆 dif韈il precisar cu醠es de sus preceptos siguen en vigor. De ah� la necesidad de una nueva ley, ya sugerida por el Consejo de Estado en su memoria del a駉 1996, si no se quiere continuar en este campo como dec韆 Pomponio que estaba el pueblo romano antes de las Doce Tablas: 玸ine lege certa, sine iure certo� (D.2.1.1.2).

III

Consta esta ley de cuatro t韙ulos, que tratan sucesivamente de los aspectos generales de la vitivinicultura, de la protecci髇 del origen y la calidad de los vinos, del r間imen sancionador y del Consejo Espa駉l de Vitivinicultura.

En el primero de ellos, despu閟 de definir con lenguaje castizo los productos y las pr醕ticas de cultivo, se abordan, de ordinario seg鷑 la normativa comunitaria, las cuestiones capitales en esta materia, tales como lo relativo a las plantaciones y replantaciones, al riego de la vid y al aumento artificial de la graduaci髇 alcoh髄ica natural, as� como a la dr醩tica medida del arranque de las vi馻s que estren� en su tiempo el emperador Domiciano, hijo de Vespasiano, cuando para remediar la escasez de trigo y el exceso de vino mand� descepar la mitad de las vi馻s en todo el Imperio.

En el t韙ulo II se establece un sistema de protecci髇 de la calidad de los vinos con diferentes niveles, que pueden superponerse para los que proceden de una misma parcela, siempre que las uvas utilizadas y el vino obtenido cumplan los requisitos establecidos. De ah� resultan las distintas categor韆s de vinos: los de mesa con derecho al uso de menciones geogr醘icas, los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, los de calidad con indicaci髇 geogr醘ica, los vinos con denominaci髇 de origen calificada o no, y los vinos de pagos, con sus correspondientes 髍ganos de gesti髇.

En el t韙ulo III se regula el r間imen sancionador aplicable a las infracciones administrativas en materia de vitivinicultura y en relaci髇 con los niveles de protecci髇 de los vinos, que necesariamente debe establecerse en una norma de rango legal en cumplimiento del principio de legalidad recogido en la Constituci髇.

No obstante, no todo el t韙ulo III tiene car醕ter de normativa b醩ica, sino 鷑icamente aquellos preceptos que por su trascendencia juegan como niveladores del sistema sancionador, de manera que aseguren unos criterios de m韓ima y b醩ica homogeneidad al conjunto del sistema.

Por su parte el t韙ulo IV se dedica al Consejo Espa駉l de Vitivinicultura, concebido como un 髍gano colegiado de car醕ter consultivo de representaci髇 de las Administraciones del Estado y de las comunidades aut髇omas, as� como de las organizaciones econ髆icas y sociales que operan en el sector de la vitivinicultura.

Adem醩 de para el cumplimiento de las funciones espec韋icas que le marca la ley, el Consejo aspira a ser un foro de encuentro, debate y formulaci髇 de iniciativas en orden a la mejora econ髆ica, t閏nica y social del sector vitivin韈ola espa駉l.

Si se compara este contenido con la amplitud del Estatuto del Vino de 1970, pudiera dar la impresi髇 de que estamos ante un texto incompleto. Sin embargo, no es as�. Dado que esta materia se halla minuciosamente regulada por el Derecho comunitario, dejando escaso margen de maniobra a los Estados miembros para el ejercicio de su potestad normativa, ser韆 poco prudente incluir en una ley -cuyo principal objetivo es el de proporcionar una seguridad jur韉ica que ahora no existe- previsiones contingentes.

IV

Seg鷑 estad韘ticas fiables, Espa馻 es el tercer productor de vino y posee la mayor extensi髇 de vi馿do del mundo, con una superficie cultivada de 1.140.000 hect醨eas. Un tercio de esa producci髇 corresponde a vinos de calidad. Se exportan cada a駉 unos diez millones y medio de hectolitros de vinos y mostos, y aun as� hay grandes excedentes.

Lo dicho pone de manifiesto la importancia, la necesidad y la oportunidad de una ley, tan esperada, como 閟ta, en cuyo proceso de elaboraci髇 se ha o韉o a las comunidades aut髇omas y se ha recabado el dictamen del Consejo de Estado.

V

Por 鷏timo, esta ley tiene la condici髇 de legislaci髇 b醩ica dictada al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.13.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica, en aquellos preceptos o parte de los mismos que se especifican en la disposici髇 final segunda.