El Juzgado de Menores n.º 1 de Sevilla ha condenado a un joven de 17 años a pagar 1.000 euros a su profesora por acceder, sin su permiso, a la cuenta corporativa de Google Drive donde almacenaba, entre otra información, distintos modelos de exámenes.

El magistrado considera probado que el alumno, desde mediados de febrero hasta inicios de abril de 2022, sin consentimiento y violando las medidas de seguridad pertinentes, accedió desde su teléfono móvil en numerosas ocasiones a la nube virtual vinculada a la cuenta de Google corporativa de la educadora, donde ésta guardaba información tanto de carácter personal como corporativa.

La víctima, profesora de instituto, tuvo conocimiento del acceso fraudulento a su cuenta después de recibir una notificación en su teléfono móvil en la que se alertaba que otro dispositivo había ingresado a su nube. 

Según se desprende de la propia denuncia que la mujer interpuso en la Guardia Civil, las sospechas se centraron desde un inicio en un alumno en concreto. Este tipo de alertas de accesos no autorizados revelan, entre otros datos, el tipo y la marca de dispositivo que ingresan a la cuenta de Google Drive. Pues bien, la marca y el modelo del terminal móvil que se reseñaba era el mismo dispositivo que la profesora vio guardándose al menor para copiar durante un examen en fechas anteriores.

Delito contra la intimidad

Fran Peláez, abogado de PenalTech y profesional que ha defendido los intereses de la profesora, confiesa que "este tipo de delitos tecnológicos son extremadamente difíciles de perseguir por su complejidad a la hora de identificar al autor de los hechos". En este caso concreto, "se deduce que el intruso podía ser alguien del entorno de la educadora que estuviese interesado en el tipo de información que guarda aquella en la nube". Por tanto, ante tal escenario confuso, "solo cabía la posibilidad de identificar al autor de los hechos a través de la dirección IP que podría identificar a un dispositivo en Internet o en una red local", explica el letrado experto en delitos informáticos.

Y así fue. Tras las investigaciones oportunas, se logró identificar una determinada dirección IP vinculada a un usuario y a un lugar de conexión concreto. "Los investigadores llamaron al número de teléfono asociado a la dirección IP y, para su sorpresa, respondió el propio menor, el cual, además, se encontraba en ese momento en el instituto", desvela Fran Peláez.

Finalmente, el juzgado ha impuesto al menor, responsable de un delito contra la intimidad (artículo 197.2 del Código Penal), la pena de 55 horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad y la obligación de pagar la cantidad de 1.000 euros a su profesora en concepto de daño moral.