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10/06/2019 12:55:53 | FE PÚBLICA JUDICIAL

Conclusiones de las XXXIII Jornadas de la Fe Pública Judicial

En el marco de las XXXIII Jornadas de la Fe Pública Judicial, celebradas en Madrid el 5, 6 Y 7 de junio de 2019, bajo la Presidencia Honorífica de S.M. el Rey Felipe VI, tras los debates de la Asamblea de colegiados, los acuerdos de la Junta nacional y las mesas redondas de este Congreso, el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, viene a formular las siguientes:

CONCLUSIONES

PRIMERA

Nuestro Ilustre Colegio Nacional ha defendido desde hace 75 años los intereses profesionales y corporativos de los Letrados de la Administración de Justicia, gracias a la dedicación inestimable de todos vosotros, los colegiados, y los que se han implicado activamente en ello desde los órganos de dirección, personificados en los que han sido presidentes del Colegio y que nos han acompañado estos días. 

Los que hoy pertenecemos al Colegio, queremos agradecer la tarea realizada por todos, los que nos han precedido en esta labor y recogemos el testigo que nos han entregado para seguir luchando por nuestro colectivo, para que sea debidamente reconocido, y para que la Justicia española mejore en su estructura, organización y resultados.

SEGUNDA

Esta defensa profesional, y el servicio a los ciudadanos, nos ha llevado a presentar constantemente ideas y propuestas. Muchas se han plasmado en las actuales leyes procesales y orgánicas, que podemos afirmar sin tapujos, han mejorado la Justicia en España gracias a vuestra labor diaria, sin la que nada sería lo que es hoy. Somos un colectivo esencial en la actual configuración de la Administración de Justicia, y demandamos sea reconocido.

No hay mejor muestra para demostrarlo que el informe de nuestra Comisión de Estudios que anualmente emitimos de El Letrado de la Administración de Justicia en Cifras. Este informe sistematiza nuestra actual configuración y la forma en la que todos los compañeros asumimos nuestras obligaciones, y es ya referente en su campo, y así debe ser considerado y valorado por todas las Administraciones, pero especialmente, por el propio Ministerio de Justicia.

TERCERA

El Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia reitera su firme y decidido compromiso con la modernización tecnológica de la Administración de Justicia, para poder avanzar hacia una Justicia más eficiente y de mayor calidad en relación con el servicio prestado a los ciudadanos superando la brecha tecnológica que aún nos separa. 

Por ello hacemos un llamamiento a todas las Administraciones implicadas, para que se hagan los esfuerzos presupuestarios, técnicos y organizativos que la posibiliten, y que se desarrolle de una vez por todas de manera uniforme en toda España, a fin de evitar diferencias notables entre territorios. Deben tenerse muy presentes las competencias procesales y organizativas de los Letrados de la Administración de Justicia, para que el expediente judicial electrónico se adapte a dichas exigencias.

CUARTA

Dentro de ese deber de promoción tecnológica, ninguna excusa admisible se nos puede hoy formular, para que el expediente judicial electrónico y las comunicaciones telemáticas no sean hoy ya una realidad en todo el territorio nacional, y en todas las jurisdicciones. Debe avanzarse, inexcusablemente, en un sistema eficaz de documentación electrónica de las actuaciones judiciales, en la eficacia y textualización de las grabaciones audiovisuales, en la obtención automatizada de la estadística judicial, en la descarga también automatizada de la información de la jurisdicción penal hacia el SIRAJ. Por otro lado, resulta del todo inaplazable avanzar en el terreno de la interoperabilidad entre aplicaciones.

La interconectividad entre aplicativos y la introducción de la inteligencia artificial en la medida en la que sirva a la función, y agilice el trabajo, es no solo esencial, sino inexcusable.

QUINTA

La protección de datos de carácter personal y de la víctima, es un derecho fundamental que, como el resto de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, ha de ser protegido y garantizado por los poderes públicos. 

En la situación actual, si no se acometen las severas transformaciones normativas y estructurales que demanda el cumplimiento de las exigencias del Reglamento General de la Unión Europea, a los Letrados de la Administración de Justicia se nos genera una inseguridad jurídica a la hora de poder cumplir las obligaciones correspondientes a nuestra función de responsables del tratamiento y de seguridad de los datos de carácter personal en el seno de los juzgados y tribunales. Y eso, solo hace que perjudicar al ciudadano y a los medios de comunicación en su legítimo derecho a la información.

La puesta a disposición de terceros de la información judicial constituye un acto de cesión cuyos términos y límites sólo pueden decidir los Letrados de la Administración de Justicia, y para ello debe existir un entorno normativo, estructural y tecnológico adecuado a las exigencias del Reglamento General de la Unión Europea y la realización de una auditoría sobre su seguridad.

Es por ello, que para garantizar la independencia del Poder Judicial y el principio de separación de poderes, resulta imprescindible, y demandamos, la creación dentro de nuestro sistema judicial de una Autoridad de Control independiente, como exige la LOPJ y la normativa referente, con recursos propios, materiales, personales y financieros, para que garantice el cumplimiento del mencionado Reglamento de protección de datos.

SEXTA

Por si hubiere alguna duda de futuro, los Letrados de la Administración de Justicia, somos y debemos seguir siendo un Cuerpo nacional dependiente del Ministerio de Justicia. Por ello rechazamos de plano (una vez más) cualquier pretensión dirigida a modificar nuestra dependencia y configuración orgánica, puesto que significaría el desmantelamiento de la Justicia y un grave ataque a la propia independencia del Poder Judicial como poder del Estado, cuya Administración de Justicia sostenemos.

SEPTIMA

Tenemos que reiterar que seguimos siendo el Cuerpo superior jurídico peor pagado comparativamente con otros cuerpos superiores de la misma Administración de Justicia. Esta injusticia se ha visto incrementada en el último año, y por ello, teniendo en cuenta las competencias y responsabilidades que nos han sido otorgadas, demandamos del nuevo Gobierno de España, que subsane esta desigualdad, y adecúe nuestras retribuciones a nuestra naturaleza profesional y a los resultados que nuestro trabajo otorga a la sociedad.

OCTAVA

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, continuará defendiendo ante el nuevo Ministerio de Justicia nuestras reclamaciones con la firmeza y seriedad que sea necesario. Por ello, seguimos dentro de un proceso de consultas a nuestros colegiados y de acciones públicas, progresivas y sin exclusión futura de ninguna medida, que se adoptarán en atención a lo que las circunstancias exijan. 


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