Noticias Jurídicas
domingo, 26 de mayo de 2013
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Se consideran emprendedores todas las personas físicas y jurídicas que desarrollen una actividad económica productiva. El texto prevé un amplio conjunto de medidas fiscales, laborales y administrativas para facilitar toda la actividad emprendedora y empresarial, su desarrollo, crecimiento e internacionalización.
La economía sumergida en España representa un volumen equivalente al 23,3% del PIB, el doble de la media de los quince primeros países de la UE, por lo que la evasión fiscal será una de las causas destacadas de la recaudación fiscal, junto con el desempleo y la caída del consumo.
La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado una proposición por la que se insta al Gobierno a acometer las modificaciones legislativas necesarias para obligar a las entidades financieras que se hagan con una vivienda afectada por un lanzamiento a pagar las deudas pendientes con la comunidad de vecinos.
La medida debe estar fundada en el interés de los menores afectados y se acordará cuando concurran criterios como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y en cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada.
Actualmente, la Comisión Disciplinaria del CGPJ está instruyendo contra él un expediente por dos faltas muy graves y una grave. Acumula historial disciplinario desde 1994.
El Gobierno de España se comprometió el pasado mes de junio a elaborar una ley única que modifique el código civil en este sentido. Actualmente, en el 97 por ciento de los casos de separación la custodia de los hijos se asigna a la madre.
Intentó registrarla el 17 de octubre de 2012, el mismo día que la prensa difundió que el banco malo recibiría ese nombre.
Las simples afirmaciones del demandante no pueden considerarse suficientes para provocar la retirada de los enlaces presentados por el buscador si no media resolución judicial que declare la ilicitud de la información difundida ni de la misma se deduce claramente su ilicitud.
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Jurisprudencia
El acusado tiene derecho a disponer de la suma indemnizatoria recibida como consecuencia del siniestro de tráfico del que fue víctima, sin perjuicio de que en un futuro tenga que abonar a la compañía aseguradora la misma cantidad en el caso de que se estime íntegramente el recurso de apelación interpuesto por aquella, como finalmente acabó ocurriendo en este caso.
Reiterando una sentencia anterior, el TS establece que la pretensión de resolución del contrato por falta de pago del IBI, requiere que el arrendador debe reclamar fehacientemente al arrendatario el pago del IBI con anterioridad a la presentación de la demanda.
Señala que esta acusación "puede asumir un importante papel en la persecución de aquellos delitos que pueden infringir un bien perteneciente a la esfera o patrimonio social". Reflexiona también sobre el nivel de motivación exigible a las decisiones del jurado, en función de su cualificación técnica.
Se considera que "no es discutible que dos periodos consecutivos de seis meses sin informar al cliente de la marcha de su asunto es algo manifiestamente excesivo"
Legislación
Es objeto de esta ley la implantación de una nueva forma de relación del Gobierno y la Administración pública con la ciudadanía basada en la transparencia y orientada al establecimiento del llamado gobierno abierto.
La Circular persigue un triple objetivo: regular el documento con los datos fundamentales para el inversor; establecer los modelos del documento con los datos fundamentales para el inversor y del folleto de las IIC; y, adecuar su contenido a las recientes modificaciones legislativas relativas, entre otras, a los nuevos supuestos que otorgan derecho de separación a los partícipes, evitando asimismo la dispersión normativa.
El castellano es la lengua oficial y utilizada en Aragón. Además tiene como propias, originales e históricas las lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas de uso predominante en las áreas septentrional y oriental de la Comunidad Autónoma.
La presente norma constituye el soporte jurídico para las modificaciones estatutarias y reglamentarias de los entes, en particular, los cambios de denominación, la modificación de fines y la asunción de funciones, así como las actuaciones de incorporación de acciones y participaciones sociales, y las integraciones, fusiones, cesiones globales de activo y pasivo simples o plurales, extinciones y demás medidas sobre las sociedades mercantiles, entidades de derecho público y fundaciones del sector público.
Artículos Doctrinales
La distancia o intervalo de seguridad entre vehículos y la colisión por alcance forman un binomio inseparable. Tanto es así, que en la práctica resulta incontestable, en la mayor parte de los casos, que la colisión por alcance trae causa de la vulneración de la distancia de seguridad.
Hasta aquí nada de particular. Sin embargo, un análisis más profundo de las circunstancias que rodean a este tipo de medida precautoria pone de manifiesto ciertas peculiaridades que merecen un tratamiento especial.
La Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en asuntos civiles y mercantiles ha transpuesto a nuestro ordenamiento el marco normativo aplicable que tanto se había perseguido con la elaboración de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 (LCEur 2008, 803), sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que establecía un conjunto de normas mínimas, para fomentarla en los litigios transfronterizos. Pero a su vez, por primera vez en nuestro país, se ha establecido un régimen general en materia de mediación para la resolución de conflictos privados. Así pues, el conflicto ha dejado de ser un problema, para dar lugar a la negociación y resolución inter partes bajo la figura neutral del mediador.
Conviene precisar de principio el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que lleva como rúbrica general:
“Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado”, y en virtud del cual se dispone expresamente:
1.-“En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este artículo”.
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Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos sin el permiso de los titulares.
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