Noticias Jurídicas
jueves, 23 de mayo de 2013
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La medida debe estar fundada en el interés de los menores afectados y se acordará cuando concurran criterios como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y en cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada.
Actualmente, la Comisión Disciplinaria del CGPJ está instruyendo contra él un expediente por dos faltas muy graves y una grave. Acumula historial disciplinario desde 1994.
El Gobierno de España se comprometió el pasado mes de junio a elaborar una ley única que modifique el código civil en este sentido. Actualmente, en el 97 por ciento de los casos de separación la custodia de los hijos se asigna a la madre.
Intentó registrarla el 17 de octubre de 2012, el mismo día que la prensa difundió que el banco malo recibiría ese nombre.
Las simples afirmaciones del demandante no pueden considerarse suficientes para provocar la retirada de los enlaces presentados por el buscador si no media resolución judicial que declare la ilicitud de la información difundida ni de la misma se deduce claramente su ilicitud.
El TEAC considera que una Sociedad profesional de Abogados que cobraban sus honorarios utilizando unas sociedades interpuestas, en las que también participaba cada socio, comete una infracción tributaria grave al evitar la tributación de la totalidad de las rentas de los socios en el IRPF.
Se reduce a diez días el plazo de desahucio ante impagos del alquiler si el inquilino no presenta alegaciones ante el juez. El arrendatario podrá rescindir el contrato sin pagar indemnización con tan solo comunicarlo con un mes de antelación. La norma reduce de cinco a tres años el plazo de renovación de contrato obligatorio.
El magistrado cuya cuestión prejudicial sobre el proceso de ejecución hipotecaria fue respaldada por el TJUE, ha defendido la dación en pago como solución para quienes, en esta época de grave recesión, no pueden hacer frente a su hipoteca.
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Jurisprudencia
Reiterando una sentencia anterior, el TS establece que la pretensión de resolución del contrato por falta de pago del IBI, requiere que el arrendador debe reclamar fehacientemente al arrendatario el pago del IBI con anterioridad a la presentación de la demanda.
Señala que esta acusación "puede asumir un importante papel en la persecución de aquellos delitos que pueden infringir un bien perteneciente a la esfera o patrimonio social". Reflexiona también sobre el nivel de motivación exigible a las decisiones del jurado, en función de su cualificación técnica.
Se considera que "no es discutible que dos periodos consecutivos de seis meses sin informar al cliente de la marcha de su asunto es algo manifiestamente excesivo"
En el contrato se pactó que el comprador podría "en todo caso" subrogarse en el préstamo hipotecario concertado por la promotora, lo que no fue respetado por ésta, que se abstuvo de acordarlo con el Banco. La subsiguiente imposibilidad de obtener financiación por la compradora justifica la resolución del contrato.
Legislación
La presente norma constituye el soporte jurídico para las modificaciones estatutarias y reglamentarias de los entes, en particular, los cambios de denominación, la modificación de fines y la asunción de funciones, así como las actuaciones de incorporación de acciones y participaciones sociales, y las integraciones, fusiones, cesiones globales de activo y pasivo simples o plurales, extinciones y demás medidas sobre las sociedades mercantiles, entidades de derecho público y fundaciones del sector público.
Determinar y regula el acceso al derecho subjetivo a la Renta Básica Extremeña de Inserción, destinada a cubrir las necesidades básicas de quienes se encuentran en situación de exclusión o riesgo de exclusión, y a promover su integración social y laboral.
Las modificaciones que se introducen en la normativa contable de la Administración General del Estado tienen por objeto facilitar las actuaciones de control previstas en el artículo 159.1.g) de la Ley General Presupuestaria, así como realizar otras mejoras técnicas en dicha normativa.
Establece programas de actividades preventivas de la Seguridad Social, determinando las actividades que deben ejecutar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 2013, así como sus destinatarios, los criterios que los informan y sus objetivos.
Artículos Doctrinales
La distancia o intervalo de seguridad entre vehículos y la colisión por alcance forman un binomio inseparable. Tanto es así, que en la práctica resulta incontestable, en la mayor parte de los casos, que la colisión por alcance trae causa de la vulneración de la distancia de seguridad.
Hasta aquí nada de particular. Sin embargo, un análisis más profundo de las circunstancias que rodean a este tipo de medida precautoria pone de manifiesto ciertas peculiaridades que merecen un tratamiento especial.
La Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en asuntos civiles y mercantiles ha transpuesto a nuestro ordenamiento el marco normativo aplicable que tanto se había perseguido con la elaboración de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 (LCEur 2008, 803), sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que establecía un conjunto de normas mínimas, para fomentarla en los litigios transfronterizos. Pero a su vez, por primera vez en nuestro país, se ha establecido un régimen general en materia de mediación para la resolución de conflictos privados. Así pues, el conflicto ha dejado de ser un problema, para dar lugar a la negociación y resolución inter partes bajo la figura neutral del mediador.
Conviene precisar de principio el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que lleva como rúbrica general:
“Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado”, y en virtud del cual se dispone expresamente:
1.-“En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este artículo”.
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© Editorial Bosch, S.A.
Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos sin el permiso de los titulares.
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