La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictaminado que la consejería de educación canaria deberá abonar la cantidad de 90.000 euros a los padres de un niño de 13 años que se fracturó el fémur durante una clase de gimnasia.

El Tribunal ha resuelto el caso derivado del accidente, que tuvo lugar en 2013, y estima el recurso de los padres del menor contra la orden de la administración educativa de Canarias, que desestimó en su momento la reclamación de resarcimiento al considerar que no había nexo de causalidad entre el accidente y la prestación del servicio público.

¿Relación de causalidad? 

Como se relata en la sentencia, el niño se fracturó el fémur izquierdo en noviembre de 2013 en el gimnasio de su Instituto de Educación Secundaria (IES) de la provincia de Las Palmas cuando se disponía a saltar el potro sin supervisión adulta y un compañero se interpuso en su camino.

La Consejería argumentó que no había relación de causalidad, porque no había existido una conducta positiva que hubiese podido evitar el accidente. Los alumnos, razonó esta parte, estaban siendo vigilados por la profesora de Música “en ausencia” del profesor de Educación Física, el potro estaba almacenado en un lateral del gimnasio y “ningún alumno pidió permiso al profesor de guardia o al de Educación Física para utilizarlo”.

El accidente, a juicio de la administración autonómica, se produjo “cuando la profesora intentaba mantener el orden, sin que se hubiese encomendado a los alumnos la relación de actividades físicas o deportivas, habiéndose producido el accidente burlando la vigilancia de la profesora mientras ésta reprendía a otros alumnos por saltar en las colchonetas, siendo un hecho imprevisto e imposible de evitar”.

El caso también pasó por el Consejo Consultivo de Canarias, que se pronunció en 2015 desestimando la indemnización. No había, entendió, nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y que se trataba de un accidente “que no se podía haber evitado”. El niño de 13 años, dijo este órgano, se fracturó la pierna porque cuando iba a saltar el potro “sorpresiva e intempestivamente” se le cruzó otro compañero.

Responsabilidad del colegio

Sin embargo, el TSJ canario se opone a estas opiniones y expone que “la administración educativa no puede eludir su responsabilidad”. Añade además que  “los alumnos estaban en el gimnasio de la escuela utilizando los aparatos, entre ellos, el potro, que normalmente, es notorio exige colocar una colchonetas alrededor para amortiguar las caídas”.

“No se trata de atender a la madurez o edad de los menores”, expone el tribunal, “sino al nivel de conocimientos de los mismos y la representación de los potenciales peligros. En el caso, ambos profesores tenían que representarse los peligros inherentes a dejar a su albedrío a adolescentes en un gimnasio, utilizando o pudiendo utilizar aparatos”.

Para fijar en 90.000 euros la cuantía de la indemnización -la familia pedía 105.857 euros; la Administración, o nada o 52.876 euros, en el caso de que se estimase la demanda, la Sala toma en consideración que el niño tenía 13 años cuando sucedió el accidente y que éste le causó secuelas que han determinado alguna limitaciones de por vida, “los deportes que no puede practicar y la vida que no puede ni podrá hacer”.

Detalla el fallo que a la rotura del fémur le sucedió una necrosis de la cabeza del hueso. “La lesión del menor se ha complicado”, argumenta, “y [el joven] lleva ya varios años de incertidumbre con respecto a sus secuelas y evolución”.