La Asociación de Letrados por un turno de oficio digno ("ALTODO") ha dirigido una carta abierta al ex consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, por la que le informan de la posibilidad de solicitar justicia gratuita a fin de que le sea asignado abogado y procurador de oficio, "para el caso de que las medidas cautelares que pudieran adoptarse sobre su patrimonio afectaran a su capacidad económica hasta el punto de hacerle merecedor del beneficio de justicia gratuita".
En su irónica misiva, los firmantes recuerdan igualmente a Salvador Victoria, citado para declarar como imputado el próximo día 26 de junio en relación con la llamada “Operación Púnica”, que "los abogados de oficio están a disposición de cualquier ciudadano que lo necesite todos los días del año, las veinticuatro horas de cada día, pudiendo usted solicitar cita previa en el teléfono 900.814.815, si bien, le advierten, a consecuencia de los recortes de personal que el Colegio de Abogados se ha visto obligado a realizar por causa de la insuficiente financiación del servicio durante su mandato, y muy especialmente tras la denuncia unilateral en diciembre de 2012 de los convenios de financiación de los Servicios de Orientación Jurídica, tal vez tenga que esperar varias horas hasta que su llamada pueda ser recepcionada, y la lista de espera para ser recibido en dichos Servicios será de aproximadamente dos meses y medio."
Además, "El abogado de oficio que en su caso le fuera asignado, tendrá una experiencia media de 15 años de ejercicio profesional, y dado el alto grado de formación y especialización que la legislación aprobada por ustedes les exige, eso sí, costeada de su bolsillo, no dude usted que ejercerá su derecho de defensa hasta el último aliento y hasta la última instancia posible, con diligencia, eficacia y vocación de servicio, pese a que su retribución básica por el estudio de los miles de folios que conforman el sumario y la asistencia a las múltiples declaraciones de testigos, imputados y sesiones del juicio oral, dado el recorte del 20 % que su Consejería les aplicó hace dos años sobre unas retribuciones ya congeladas desde 2003, rondará los 220 €. Si a esto añadimos que el letrado costeará de su bolsillo todos los gastos necesarios para la defensa de su asunto, tales como el despacho en el que le recibiría, el teléfono desde el que comunicaría con usted, los gastos de desplazamiento a la sede judicial, o las bases de datos jurídicas, entre otros muchos, no debe usted tener reparo moral alguno en utilizar éste servicio público, pues créanos que a la Administración Pública no le resultará muy gravoso".
Las Asociaciones suscribientes concluyen recordando "al Consejero dimisionario y a los partidos políticos que han obtenido representación en la Asamblea, que la Comunidad de Madrid tiene una deuda de gratitud con los abogados de oficio, y que existe un problema de equidad y justo equilibrio de las contraprestaciones que debe ser solucionado. Nuestras togas siguen colgadas en la fachada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, para recordar a la ciudadanía y a sus representantes políticos que 5.500 abogados de oficio siguen sufriendo un secular maltrato institucional, y que el derecho de los ciudadanos sin recursos a acceder a la justicia en condiciones de igualdad con quienes tienen medios, estáen peligro a consecuencia del estrangulamiento económico del sistema de justicia gratuita."
