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30/06/2015 11:39:26 | Prisión permanente revisable

La oposición se une para recurrir la prisión permanente revisable ante el TC

Mañana, día 1 de julio, entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que se instaura la prisión permanente revisable para los delitos más graves (Arts. 33, 35, 36, 76, 78 bis y 92 CP)

Todos los grupos parlamentarios de la oposición se unirán este martes, 30 de junio, en el Congreso para suscribir un recurso de inconstitucionalidad que ha preparado el PSOE contra la prisión permanente revisable que contempla el nuevo Código Penal, informaron fuentes parlamentarias.

La prisión permanente revisable, planteada por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón y mantenida después por su sucesor Rafael Catalá, ya concitó las críticas de toda la oposición durante la tramitación parlamentaria del Código Penal.

Recordemos que la Abogacía, en declaraciones del presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, consideró que la prisión permanente revisable rayaba la inconstitucionalidad porque va contra la “función reinsertora que ordena” la Carta Magna.

Cuando se aprobó en el Congreso, junto con la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'ley mordaza', el PSOE ya anunció su intención de recurrir ambos textos ante el TC, dejando claro que su apoyo a los artículos relativos al pacto antiyihadistas no implicaba el aval a este castigo máximo, que equipara a la cadena perpetua.

El Grupo Socialista, el único de la oposición con suficientes diputados para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional, celebró la pasada semana una reunión con penalistas para definir la redacción del recurso que se interpondrá este martes, la víspera de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.

La suma de firmas ya se usó contra la 'ley mordaza'

Eso sí, los socialistas han querido abrir su recursos al resto de grupos de la oposición, que están estudiando el texto para dar una respuesta. La firma de diputados de otros grupos ya se utilizó contra la reforma laboral y contra la llamada 'ley mordaza'.

Según indicaron a Europa Press fuentes socialistas, el recurso sumará a todos los grupos parlamentarios de la oposición, incluyendo a Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y a los nacionalistas catalanes (de CDC y de UDC) y vascos (PNV).

Manifestaciones del Ministro de Justicia: "Es una institución que existe en toda Europa"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este lunes la constitucionalidad de la prisión permanente revisable recogida en el Código Penal que entra en vigor este miércoles y ha recordado que es una institución que existe en toda Europa y "plenamente coherente" con la normativa europea de derechos humanos.

Sobre la presentación de un posible recurso al Tribunal Constitucional, ha indicado que será entonces cuando se dejará "de polemizar" sobre la prisión permanente revisable, porque el alto tribunal tendrá que "pronunciarse sobre el fondo de la cuestión" y se tendrán "garantías constitucionales" sobre esta figura, ha dicho, al tiempo que mantenía la opinión de la constitucionalidad de la figura.

En declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press, el titular de Justicia ha dicho estar "deseando" leer el recurso de inconstitucional contra este instrumento jurídico que ha preparado el PSOE y al que se han sumado todos los grupos parlamentarios sobre un instrumento "que existe en toda Europa y que está acreditada su plena coherencia con nuestro ordenamiento jurídico".

"Algunos por quererse enfrentar al Gobierno, van a construir un argumento jurídico", ha censurado Catalá, que ha negado que se puede hablar de 'cadena perpetua' como dice la oposición, a la que ha acusado reiteradamente de querer construir una inconstitucionalidad de algo que existe en toda Europa.

En esta línea, el ministro ha defendido reiteradamente que la prisión permanente revisable es un instrumento para garantizar que condenados por los delitos más graves no vuelvan a reincidir y acrediten su reinserción en la sociedad. "En absoluto es una cadena perpetua", ha dicho Catalá.

"En el debate político ha habido quien se ha puesto en frente y ha querido criticarlo y ha dicho que es inconstitucional. Es todo una paradoja, dentro de la dialéctica política", ha argumentado el titular de Justicia, quien ha recordado que además cuenta con todos los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General, del Consejo de Estado, entre otras.

"El tribunal europeo de derechos humanos", ha recordado además, "reconoce que este tipo de instituciones en plenamente coherente con la normativa europea de derechos humanos". "Ni es una cadena perpetua, ni es inhumana", ha enfatizado.

No será una norma derogada

En esta línea, se ha mostrado convencido de que el Código Penal no será una norma derogada si hay un cambio al frente de La Moncloa tras las elecciones generales del próximo otoño y ha puesto en valor el "trabajo extraordinario" realizado para su modificación y el consenso con el resto de grupos excepto en lo referente a la prisión permanente revisable, un tema "que a ellos les obliga a mantener tensa la relación y a seguir criticando".

"No me resulta imaginable que ningún partido en ninguna sociedad democrática considere que no hay que defender mejor a los más necesitados", ha dicho Catalá, que ha subrayado que "son tantas las mejoras que este Código plantea que no me imagino una enmienda a la totalidad, en absoluto".

En cualquier caso, ha añadido que el debate "no está en todos los demás asuntos" como el "proteger mejor los robos en el campo" o que "nadie discute que hay que proteger mejor a los creadores de la propiedad intelectual".

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Javier Catalá se ha referido también durante la inauguración en Plasencia (Cáceres) del curso de verano de la UNED relativo "a la reforma de la justicia penal" a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Lo que se pretende con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, según el ministro, es "mejorar el funcionamiento de la justicia, hacer una justicia más cercana al ciudadano, una justicia que se adecue mejor a las formas actuales de la delincuencia, que fortalezca la defensa de los más necesitados: de las víctimas, de las mujeres en el caso de la violencia de género, de los menores".

El ICAIB reclama derogar la prisión permanente revisable por su "difícil encaje constitucional"

El Colegio de Abogados de Baleares (Icaib), a través de su Comisión de Derechos Humanos, ha reclamado la derogación de la pena de prisión permanente revisable, incluida en la reforma del Código Penal, al recriminar su "difícil encaje constitucional" con las funciones de reinserción y cuestionarse que su aplicación pueda ser efectiva en el objetivo de reducir la criminalidad o los niveles de reincidencia.

Durante la presentación de su informe sobre la evolución de la política criminal en España, los letrados que integran la Comisión ha criticado el endurecimiento de las penas, la ampliación del catálogo de delitos, la introducción de nuevas conductas punitivas, el "pase a un segundo plano" de la finalidad resocializadora y la admisión de penas que "implican la limitación permanente del derecho a la libertad".

Los fiscales progresistas rechazan el nuevo Código Penal 

La Unión Progresista de Fiscales ha reiterado este lunes su enérgico rechazo a la reforma del Código Penal que, advierten, "conlleva un aumento generalizado de las penas, fruto de una deriva legislativa político-criminal marcadamente reaccionaria".

En una nota de prensa,la UPF recuerda que la reforma de la ley incluye la denominada prisión permanente revisable, que califican como una "cadena perpetua o internamiento de por vida, incompatible y contraria al artículo 25.2 de la Constitución Española".

Asimismo reprueba las modificaciones en relación con los denominados delitos leves, tanto por su deficiencia legislativa --degradan "de forma involuntaria" a la categoría de delitos leves hechos tipificados hasta ahora como menos graves-- como por la derivación a la vía administrativa de hechos penalmente reprochables y, por consiguiente, sin las correspondientes garantías del procedimiento penal.- (EUROPA PRESS)


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