La reciente publicación de la reforma de la LECrim ha levantado las críticas de las asociaciones de jueces y fiscales consideradas de orientación progresista.
Jueces para la Democracia (JpD)
Según un comunicado hecho público por JpD, esta reforma de la LECrim es “un nuevo parche precipitado a una legislación procesal penal que resulta sistemáticamente insostenible”, aprobado “por meras razones de oportunidad política”.
Entre sus aspectos más negativos, la asociación critica la limitación de los plazos de instrucción penal, establecidos sin aportar más medios a unos órganos judiciales que padecen una grave situación de sobrecarga estructural. Esta situación hará “manifiestamente imposible” el cumplimiento de dichos plazos, lo cual dará lugar al cierre en falso de las instrucciones o, en su caso, a dificultades para la aportación de elementos probatorios para la vista oral.
Por otro lado, la asociación considera “bastante llamativo” que las posibles prórrogas de dichos plazos no las pueda acordar de oficio el órgano judicial instructor, sino únicamente a petición del Ministerio Fiscal, lo cual demuestra una preocupante desconfianza del Gobierno en la independencia de la judicatura.
JpD critica también que se haya mantenido una legislación que permite practicar detenciones preventivas sin una justificación adecuada, lo cual supone que las fuerzas policiales actúen a menudo de manera dispar, con una clara quiebra de la seguridad jurídica, de la igualdad en la aplicación de la ley y con riesgos de arbitrariedad.
La reforma también regula supuestos de incomunicación que no resultan justificados, pues suponen una vulneración de garantías básicas, limitan desproporcionadamente el derecho de defensa y pueden amparar todo tipo de abusos.
Jueces para la Democracia concluye recordando que nuestro procedimiento penal necesita un nuevo código procesal que sustituya íntegramente a una legislación que en gran parte entró en vigor en el siglo XIX.
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha advertido que la reciente reforma de la LECrim, trasluce un "absoluto desconocimiento" hacia la figura del fiscal y que la escasez de estos efectivos llevará "espacios de impunidad" de las conductas delictivas.
En un comunicado remitido este miércoles, APIF ha señalado que "en la gran mayoría de las causas” la única parte personada es el fiscal, que en ocasiones tiene su sede a cientos de kilómetros de distancia de los juzgados que le corresponde despachar, aseguran.
"Así como los jueces de instrucción disponen de una oficina que colabora activamente en la instrucción de las causas, la escasez de funcionarios en las oficinas de Fiscalía hace que estos se limiten, de forma casi exclusiva, a registrar las causas", se queja esa asociación que añade que, en el proceso penal de adultos, la Fiscalía "es quien personalmente minuta sus asuntos, hace sus escritos y recursos, y revisa personalmente todas las resoluciones adoptadas por el juez o el letrado al servicio de la Administración de Justicia, los hasta ahora secretarios judiciales, quienes trabajan en exclusiva para su juzgado".
Insisten en que los fiscales participan en muchas parcelas de la justicia, prácticamente sin apoyo, y que se carece de estudias de la carga de trabajo de cada fiscal ni de cada Fiscalía.
Añade la APIF que, lejos de invertir en Justicia, la realidad son edificios judiciales sin 'wifi' para conecta con bases de datos y la eliminación de los fiscales y jueces sustitutos, lo que lleva a duplicar la carga de trabajo.
"Con estos mimbres se pone un escollo más a la instrucción de las causas que nos llevará a espacios de impunidad con instrucciones deficientes", como son los plazos, pues según APIF "*las estadísticas de los tiempos de la justicia que ofrece la reforma no son ciertas".
A juicio de la APIF, la agilización de la justicia "pasa por simplificar el procedimiento, por impedir que pueda recurrirse cada paso que el juez vaya dando, por dotar a la justicia de medios materiales y personales propios del siglo XXI y no por poner plazos imposibles de cumplir y requisitos de prórroga inasumibles". (EUROPA PRESS y Redacción)
