En dos actos celebrados separadamente, los jueces Mercedes Alaya y Pablo Ruz, han criticado la brevedad de los nuevos plazos de instrucción de los procedimientos establecidos por la reciente reforma de la LECrim. Ambos magistrados han criticado igualmente las dificultades que los organismos públicos y las entidades bancarias oponen a su trabajo de investigación.
Mercedes Alaya, al recibir el premio Jurista del Año 2015
La magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla y anterior titular del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha recogido este jueves el Premio Jurista del Año 2015, otorgado por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
En su primera intervención pública tras su salto a la fama, tras ser designada instructora de los casos de EREs fraudulentes en Andalucía, la magistrada ha señalado que a los políticos "se les llenaba la boca diciendo que había que luchar contra la corrupción" pero que su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) "manda al abismo la independencia judicial".
"Las reformas han puesto de manifiesto que uno de los mecanismos para luchar contra la corrupción que han creado los políticos es impedirnos a los jueces tratar de combatirla", ha señalado la magistrada, que en ese momento ha cosechado un sonoro aplauso del auditorio.
La juez ha criticado también que ahora el control de los procedimientos "está en manos de la Fiscalía y del gobierno de turno", el recorte de los plazos o "lo politizados que están los órganos de Gobierno".
No obstante, Alaya ha llamado a sus compañeros de profesión a no caer en la "desesperanza" y ha hecho varias alusiones a la necesidad de "luchar por lo que uno quiere" y por lo que "la sociedad merece", haya o no los medios materiales suficientes.
Como ejemplo ha puesto que ha tenido que convencer al "pequeño equipo" con el que trabajó en los casos más mediáticos de que, pese a que "no les iban a pagar las horas extras", sí iban a impartir Justicia. "No podíamos acabar con la crisis pero sí poco a poco con la corrupción, con el cáncer de la democracia y eso lo había que hacer con interés, poniendo pasión y a tiempo completo", ha expresado.
Presiones políticas y no políticas
Alaya ha asegurado también que cuando estaba instruyendo algunos de aquellos casos, recibió "muchísimas presiones" y ha acusado a la Junta de Andalucía de "poner todas las trabas del mundo".
Por ello ha criticado a la "Administración autonómica de turno", en este caso la Junta, por no darle "los medios" necesarios para el mejor desempeño de la labor judicial pero ha añadido que, pese a ello, el poder judicial "siempre ha salido a flote".
Tras recoger el galardón que le ha concedido la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, ha llegado a asegurar que a veces "las presiones te cortan la respiración, cuando vienen del lado equivocado, de tu casa", pero que "lo peor de la corrupción viene después", con "las secuelas", aspecto en el que por "prudencia" no ha querido profundizar.
Pablo Ruz, en las jornadas contra la corrupción de JpD
Por su parte, el juez Pablo Ruz, encargado durante años en la Audiencia Nacional de la instrucción del caso Gürtel y el procedimiento sobre la presunta caja B del PP, ha dudado de la efectividad de los plazos a la instrucción impuestos en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha reivindicado la necesidad de que los magistrados cuenten con unidades de auxilio especializadas.
Durante su intervención en unas jornadas dedicadas a la lucha contra la corrupción organizadas por la asociación Jueces para la Democracia (JpD) el magistrado, que desempeña ahora su labor en los Juzgados de la localidad madrileña de Móstoles, Ruz ha dibujado, un mapa de las dificultades procesales que implica la instrucción de las macrocausas. "Los procedimientos se empantanan y duran años y años y parece que es porque un fiscal o un juez están reclinados en sus sillones: esto no es así", ha defendido.
En opinión del juez, existen otros muchos problemas que ralentizan la instrucción como, la tendencia a que esta fase se diriman -como si fuera una "barra libre", ha descrito-- innumerables cuestiones de nulidad planteadas por las defensas por la violación de derechos fundamentales, algo que debería quedar para el juicio oral.
También ha criticado la insuficiente regulación de la protección de testigos y la necesidad de blindar las denuncias de particulares y ofrecer beneficios procesales a aquellos implicados en casos de corrupción que opten por denunciar.
Además, ha apuntado que la necesidad de determinar el alcance de la responsabilidad civil de los perjudicados provoca retraso y ha mencionado los casos de uso interesado del aforamiento y desaforamiento de imputados.
Por último, ha apuntado que la cooperación internacional con países como Suiza, cuyos datos proporcionados a través de comisiones rogatorias resultan básicos en muchos procedimientos, se dilata, en ocasiones, hasta tres años.
Escasa colaboración de los bancos
En este sentido Ruz ha reprochado también a los bancos la escasa colaboración que suelen mostrar en las investigaciones judiciales. "Su actuación deja mucho que desear", ha asegurado, por lo que ha reclamado mayor implicación de las entidades de crédito en los procedimientos.
A este respecto ha recordado que son numerosas las ocasiones en las que los jueces se ven obligados a ordenar la entrada y registro en las entidades ante la falta de contestación a sus requerimientos. "Todo para luego hallar que lo que suponíamos estaba allí", ha asegurado.
Igualmente se ha referido a organismos con el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ha asegurado que la realidad es que cuando se les requiere la ayuda necesaria los magistrados "tienen que luchar contra viento y marea" para obtenerla.
