La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) han firmado un acuerdo que tiene por objeto establecer la colaboración entre ambas partes, por un lado, para difundir entre los ciudadanos cuáles son sus derechos y cómo exigirlos en caso de que se utilicen sus datos personales para la contratación irregular de servicios y, por otro, para desarrollar acciones orientadas a fomentar las buenas prácticas empresariales.

El acuerdo se orienta a la colaboración en ámbitos con un gran impacto entre los ciudadanos, como la contratación irregular de servicios, que además constituye una de las principales fuentes de reclamaciones ante la Agencia, en especial en los sectores de telecomunicaciones, suministros de agua y energía o el sector financiero. 

También la contratación irregular, que en algunos casos se ve acompañada de una posterior inclusión indebida en ficheros de morosidad, centró buena parte de las denuncias que se plantearon ante la Agencia el año pasado.

En la colaboración establecida en el acuerdo se despliegan varias líneas de actuación que cubren, entre otros aspectos, el desarrollo de acciones de promoción y difusión de los derechos de los ciudadanos que incluyen la elaboración de materiales y herramientas prácticas o la realización de actividades conjuntas de sensibilización, formativas y de orientación, así como el intercambio de información en la realización de estudios. Una de las acciones planificadas es el lanzamiento de unas fichas prácticas orientadas a consumidores y usuarios de internet para configurar las opciones de privacidad en diferentes servicios.

Además, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Consumidores y Usuarios también se comprometen a apoyar y difundir buenas prácticas entre las empresas que contribuyan a que estas realicen un tratamiento de los datos personales de sus clientes conforme a la normativa.

La firma de este acuerdo, que estará vigente por un periodo de dos años, se enmarca en las actuaciones contempladas en el Plan Estratégico 2015-2019 que la Agencia presentó el pasado 20 de noviembre y que contempla un conjunto de medidas para hacer frente a la contratación irregular, entre las que se incluye colaborar con las organizaciones sociales orientadas a la protección de los consumidores y usuarios.