El Pacto suscrito ayer entre PP y Ciudadanos para la investidura como de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, incluye varias referencias al ámbito de la Justicia, la legislación laboral y la institucional.

Bajo el título “150 Propuestas para modernizar España”, su principal contenido en estas materias es el siguiente:

Modernización y eficacia de la Justicia

Bajo este epígrafe concreto, el pacto incluye las siguientes medidas:

1. Puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Justicia, asegurando su independencia y fortaleciendo su configuración como servicio público de calidad  orientado a las necesidades de los ciudadanos.

2. En este ámbito se plantean además medidas como:

- Impulsar la modernización de la Justicia promoviendo la implantación y formación en herramientas digitales (ver al final el detalle la dotación presupuestaria de este Plan de Modernización)

- Implantar  un sistema de gestión procesal común

- Promover la implantación de un punto general de acceso para el ciudadano

- Promover el desarrollo pleno de los archivos judiciales electrónicos y la firma electrónica

- Potenciar iniciativas como la de “Justicia 24 horas” o la Sede Judicial Electrónica

- Fomentar la cita previa y la tramitación electrónica, la simplificación de trámites y la reducción de la documentación requerida al ciudadano.

- Incrementar los medios humanos y materiales de la Justicia, mejorando las cargas de trabajo y creando unidades judiciales donde sea necesario (ver al final el detalle la dotación presupuestaria de este Plan de Choque de la Administración de Justicia).

3. Agilizar la implantación de la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal, para garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos de los juzgados.

4. Modernizar las leyes procesales, incluyendo nuevos procedimientos electrónicos.

5. Realizar un seguimiento de los efectos de la limitación de los plazos de instrucción introducidos por la última , con el fin de tener una visión objetiva de la eficacia de la medida, con carácter previo a cualquier decisión sobre su modificación.

6. Potenciar el arbitraje y la mediación.

7. Reformar la Ley de Tasas judiciales para adaptar su contenido a la reciente sentencia del TC, sin que en ningún caso supongo un incremento de estas, especialmente a las PYMES y entidades sin ánimo de lucro.

8. Priorizar la atención a las víctimas.

9. Fomentar un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales, en ámbitos como las medidas de reparación o la recogida de testimonios.

10. Fortalecer la carrera de jueces y magistrados:

- Asegurar el sistema de acceso mediante oposición

- Cobertura de las plazas de promoción interna mediante concurso con baremos basados en el mérito, la capacidad, la especialización y la idoneidad.

- Limitar las “puertas giratorias” entre la política y la carrera judicial, con plazos estrictos de moratoria para el regreso a la carrera judicial.

11. Eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados a los Tribunales Superiores de Justicia.

12. Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer su autonomía y eficacia, modificando, en particular:

- Los requisitos y condiciones exigidos para la designación del Fiscal General del Estado, exigiendo 20 años de ejercicio profesional y capacidad e independencia acreditadas. También se regulará el mecanismo de su reprobación y cese por el Congreso de los Diputados.

- Reforzar los principios de mérito y capacidad para la promoción interna en la carrera fiscal.

Aunque no se incluye en este epígrafe sino en el más genérico de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de las instituciones democráticas, el pacto se propone también:

- Desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y Magistrados.

Según el Anexo dedicado a la dotación presupuestaria del Acuerdo, el Plan de Modernización de la Justicia recibiría una dotación de 250 millones de euros en 2017 y 2018; y el Plan de Choque en la Administración de Justicia, de 100 millones en 2017 y de 200 millones en 2018, 2019 y 2020.

Medidas económicas y sociales

A. Empleo

1. Reducir a tres las modalidades del contrato de trabajo:

- Contrato indefinido

- Contrato de protección creciente, solo cuando concurra una necesidad temporalmente limitada de mano de obra, de duración determinada, causal e indemnización creciente, con un duración máxima de 2 años ampliable a 3 por convenio sectorial. Con una indemnización creciente por finalización del contrato.

- Un contrato para la formación.

2. Constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de la “mochila austríaca”, mantenida a lo largo de su vida laboral.

3. Implantación de un sistema de “bonus-malus” para desincentivar el exceso de despidos de trabajadores temporales.

4. Plan de choque contra el desempleo, impulsando políticas activas de empleo.

5. Igualar los permisos de paternidad con los de maternidad.

B. Pensiones

Asegurar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, estudiando la reordenación de sus fuentes de financiación, mejorando la transparencia y favoreciendo la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación por medio de una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario por actividad laboral.

C. Impuestos

1. Rebaja del IRPF en 2 puntos, hasta dejarlo entre el 18% y el 43.5%. Reformar el Impuesto de Sociedades para mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales y armonización de los tributos propios y cedidos a las CCAA.

2. Establecer un impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas en forma de complemento salarial garantizado, que mejore los ingresos de los trabajadores, considerando su jornada laboral, renta y condiciones familiares.

D. Protección de los consumidores

Incremento del control sobre las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios.

Lucha contra la corrupción y fortalecimiento de las instituciones

1. Separación inmediata de los cargos públicos imputados formalmente (sic) o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial, con imposibilidad de incorporar a dichas personas a candidaturas electorales o de nombrarles para desempeñar cargos públicos.

2. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos o representantes públicos

3. No se concederán indultos a personas condenadas por delitos de corrupción, financiación ilegal de partidos, violencia de género o delitos de terrorismo.

3. Impulsar un Pacto de Estado por la Regeneración y Calidad de la Democracia que aborde, desde el consenso parlamentario, la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, entre otros aspectos.

4. Transformar el Senado en cámara de representación territorial, con funciones vinculadas a la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado.