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06/09/2016 09:13:01 Redacción - NJ Administración de Justicia 2 minutos

Catalá firma con las CCAA con compentencias transferidas, los convenios de colaboración para la reforma de la Administración de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido este lunes con representantes de las doce comunidades autónomas que tienen transferida esta competencia, para firmar los convenios de colaboración para la distribución del crédito destinado a la reforma de la Administración de Justicia.

Tras el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 3 de junio por el que se distribuyó seis millones de euros para el Programa de Reforma de la Administración de Justicia entre las comunidades autónomas con traspaso de medios, el Ministerio ha procedido a ajustar las cantidades concedidas una vez recibidos los informes de ejecución financiera de cada una de ellas en el año 2015, han informado fuentes de este departamento

De las doce comunidades autónomas beneficiarias de este convenio, siete certifican la ausencia de remanente en el ejercicio anterior. Se trata de Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.

Las cinco restantes (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias y Comunidad Valenciana) señalan la existencia de un remanente en el ejercicio 2015, por lo que se ha procedido a descontar esa cantidad del total atribuido en el Pleno de la Conferencia Sectorial del pasado 25 de febrero de 2016.

Impulso de las nuevas tecnologías

Las comunidades autónomas beneficiarias del crédito se han comprometido a destinar la cantidad percibida, entre otros proyectos, al impulso de las nuevas tecnologías que permitan avanzar hacia una Justicia digital, abierta e innovadora.

Así, entre los objetivos prioritarios de esta dotación económica se encuentran la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal y su compatibilidad, de manera que se alcance la plena interoperabilidad; la conexión digital de las oficinas judiciales; la implementación de la Oficina Judicial y Fiscal en todo el territorio nacional; la mejora de los tiempos de resolución de los asuntos ingresados y el incremento de la seguridad jurídica necesaria para alcanzar mejoras en un servicio público de calidad, según ha informado Justicia.

Además, comunidades autónomas incluidas en el convenio se comprometen a informar al Ministerio de Justicia antes del 31 de marzo de 2017 del cumplimiento de los compromisos financieros asumidos. /EUROPA PRESS)

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