Los eurodiputados respaldaron -con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones- el acuerdo alcanzado en diciembre con el Consejo, que, entre otras medidas, prevé una vigilancia más estrecha de las monedas virtuales como el bitcóin para evitar que se utilicen para lavar dinero o financiar el terrorismo. Las medidas constituyen la quinta revisión de la Directiva europea contra el blanqueo de capitales, llevada a cabo en parte como respuesta a los ataques terroristas de 2015 y 2016 en París y Bruselas, así como a las filtraciones de los “papeles de Panamá”.

La reforma da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE. El objetivo es acabar con la opacidad que facilitan las denominadas “empresas buzón”, a menudo utilizadas para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos, como revelaron los “papeles de Panamá”.

En cuanto a los propietarios de fideicomisos (“trusts”), la información será accesible para aquellos que puedan demostrar un “interés legítimo”, como por ejemplo, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Los estados miembros podrán dar un acceso más amplio a la información, en línea con su legislación nacional.

Los cambios también abordan los riesgos asociados a las tarjetas prepago y las monedas virtuales. Con objeto de acabar con el anonimato de las criptomonedas, se obligará a las plataformas de negociación y a los proveedores que ofrecen servicios de monederos electrónicos a aplicar controles de diligencia debidas similares a los exigidos a los bancos, como la verificación de los clientes.

Además, estas plataformas y proveedores de servicios deberán registrarse, igual que las empresas de cambio de divisas y las oficinas de cobro de cheques, así como los proveedores de servicios fiduciarios o empresariales. En el caso de las tarjetas prepago, el importe a partir del cual sus titulares deberán estar identificados se rebaja, desde los 250 euros actuales a 150 euros.

La nueva Directiva incluirá criterios más estrictos para evaluar si los países de fuera de la UE representan un riesgo efectivo de blanqueo de capitales, además de medidas de vigilancia más estrechas de las transacciones que implican a nacionales de países de riesgo.

Las personas que revelen información sobre blanqueo de capitales podrán beneficiarse de protección, incluido el derecho al anonimato.

Tras la adopción formal por parte del Consejo de Ministros y la firma del texto legislativo de la Directiva, la norma revisada será publicada en el Diario Oficial de la UE. Entrará en vigor tres días después. Los países tendrán 18 meses para trasladar los cambios a la legislación nacional.