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02/12/2019 09:13:59 | Ministerio de Justicia | DERECHO UE

Justicia somete a consulta pública la transposición de siete directivas y reglamentos europeos

El Ministerio de Justicia abre mañana un proceso de participación pública para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la adaptación del Derecho español a un total de siete directivas y reglamentos europeos, como parte del proceso de elaboración normativa a que obliga la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Quienes deseen realizar alegaciones a estas normas tienen un plazo de quince días para hacerlo en el portal del Ministerio de Justicia.

Entre las materias que se someten a consulta pública se encuentra la necesaria adaptación a nuestro ordenamiento del Reglamento 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo referente a la agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST). El objetivo de este Reglamento es modificar y ampliar la capacidad de esta agencia, trascendental para la coordinación y cooperación entre autoridades judiciales de los Estados de la Unión Europea, en relación con casos graves de delincuencia organizada.

Otra de las normas sometidas a este trámite es el Reglamento 2017/1939 del Consejo, cuya adaptación es clave para una cooperación avanzada respecto a la creación de la Fiscalía Europea. Este órgano será responsable de la investigación de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE, incidiendo en la lucha contra el fraude y ejerciendo la acción penal sobre sus responsables.

También se abre a consulta la adaptación a nuestro ordenamiento jurídico del Reglamento 2019/816 que establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN), con el fin de complementar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales. Esta medida está encaminada a la prevención y lucha efectivas contra la delincuencia internacional.

Igualmente encaminada a combatir la delincuencia está la Directiva 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo. Ese tipo de fraude tiene una dimensión transfronteriza cada vez más importante, tanto dentro del ámbito comunitario como en el exterior, y combatirlo requiere una coordinación adecuada.

En relación con el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso entre los Estados miembros de la UE, el Ministerio somete a consulta pública la armonización de nuestra legislación con el Reglamento 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta medida se basa en la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a la financiación del terrorismo de una forma más eficaz y general. 

La transposición de la Directiva 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo supone una modificación de la Directiva 2017/1132 anterior, relacionada con la utilización de herramientas digitales en el ámbito del derecho de sociedades. Con esta Directiva se pretende hacer más eficaz una actividad económica mediante el establecimiento de una sociedad o la apertura de una sucursal de dicha sociedad en otro Estado miembro, para fomentar el crecimiento, la creación de empleo y la inversión.

Por último, la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo hace referencia a los marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, al tiempo que modifica la anterior Directiva 2017/1132. Con esta nueva legislación se pretende garantizar que empresa y empresarios viables en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos en la cuestión, que les permitan continuar su actividad.

Con la apertura de consulta pública para la adecuación de nuestro ordenamiento a estas normas, se avanza en la mejora de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa, que puede afectar tanto a sujetos individuales como a organizaciones representativas.
 


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