El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo que plasma el contenido del acuerdo social suscrito ayer por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que el texto aúna los intereses del Ejecutivo y de los agentes sociales porque sienta las bases para defender la viabilidad de los negocios y facilitar la recuperación de la actividad.

La norma prorroga hasta el 30 de junio las condiciones de los ERTE por fuerza mayor para aquellas empresas que todavía no puedan reanudar su actividad. Esto significa, ha explicado Montero, que estas compañías y autónomos seguirán disfrutando de una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social. En el caso de que la empresa tenga 50 o más trabajadores, la exoneración se mantiene como hasta ahora en el 75%.

La ministra ha avanzado que, con el fin de adecuar la normativa a la fase de desescalada, el Real Decreto-ley contempla una nueva categoría de ERTE, denominada de fuerza mayor parcial, cuya vigencia también se extenderá hasta el 30 de junio. Esta figura permitirá a las empresas reincorporar a parte de su plantilla y mantener otra parte con su contrato suspendido. Tanto para el trabajador que regrese como para el que se mantenga en el ERTE se mantendrán la exoneraciones en las cotizaciones sociales.

Las empresas de menos de 50 empleados tendrán derecho a una exención del 85% en el mes mayo y del 70% en junio para los trabajadores que se reincorporen a la actividad productiva. Para los que continúen suspendidos, el porcentaje será menor.

En el caso de empresas con 50 o más empleados, la bonificación alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio para los trabajadores que se reincorporen y será del 45% y del 30% para los que permanezcan suspendidos.

La portavoz ha añadido que los trabajadores afectados por un ERTE percibirán prestaciones por desempleo incluso en el caso de que no hayan cotizado el tiempo suficiente para poder percibirlas.

La norma incluye cláusulas que determinan que ninguna empresa que tenga su domicilio fiscal en un paraíso fiscal podrá acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor. Además, veta la posibilidad de que las compañías que han disfrutado de las exoneraciones sociales puedan repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, salvo que devuelvan la parte correspondiente a la bonificación recibida.

La ministra ha señalado que 5,2 millones de trabajadores se están beneficiando de prestaciones por desempleo, de los que más de tres millones están inmersos en un ERTE por fuerza mayor. Este dato, ha dicho, pone de manifiesto la eficacia que ha tenido la medida adoptada por el Gobierno para afrontar la situación laboral derivada de la pandemia.

Comisión tripartita

María Jesús Montero ha informado de que el acuerdo firmado ayer entre el Gobierno y los representantes de los empresarios y de los sindicatos contempla la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y los agentes sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de estas medidas.

La portavoz ha insistido en la importancia que tiene el diálogo y la colaboración entre todos ellos y también en la necesidad de que las fuerzas políticas que integran la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que hoy inicia su andadura en el Congreso, sigan este ejemplo y puedan encontrar la mejor solución posible para que España afronte "con mayor ventaja competitiva" la recuperación económica.