El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, considera que la prisión permanente revisable que propone introducir el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la reforma del Código Penal “raya la inconstitucionalidad, si no la quiebra totalmente” porque va contra la “función reinsertora que ordena” la Carta Magna.
“La Constitución obliga a que la privación de libertad sea utilizada para reinsertar a los delincuentes, para reinsertarles en la sociedad a la que deben seguir sirviendo una vez hayan pagado su deuda con la propia sociedad. Si no se libera a las personas a lo largo de toda su vida, ese principio no se aplica”, ha explicado Carnicer en declaraciones a los medios tras participar en la inauguración del encuentro ‘Abogacía, Crisis y Derechos Humanos’, junto con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
La opinión de Carnicer coincide con la propuesta de informe que estudiará hoy el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ha elaborado la vocal Margarita Robles, que duda de la constitucionalidad de las medidas más novedosas que introduce la reforma del Código Penal, como es la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad.
Sobre la prisión permanente revisable, opina que “resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable, en un ámbito estrictamente interno”, con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución.
“VIOLACIÓN DEL DERECHO DE IGUALDAD”
En cuanto a la ley de tasas, Carnicer ha mostrado una vez más su rechazo a esta medida porque existe la posibilidad de que “muchas personas se vean privadas de un derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la Justicia”.
A su juicio, la ley también podría suponer una “violación del derecho de igualdad porque evidentemente el pago de tasas no va a afectar igual a las personas que tienen muchos recursos económicos que a quienes tienen muy pocos recursos”.
“Pronto se va a ver lo que sucede si esta ley de tasas no se modifica sustancialmente, y es que muchas personas van a acudir a los colegios y al Defensor del Pueblo. Vamos a ver pronto que hay muchas personas que se van a ver privadas del derecho fundamental de acceso a la Justicia como consecuencia de estas tasas tan elevadas”, ha advertido.
En este sentido, ha rechazado las palabras de Gallardón acerca de que las quejas de los jueces ante este sistema de tasas se deben a “intereses corporativos”, tras lo cual ha dicho que “es legítimo que cada uno piense libremente lo que quiera”, pero ha recordado la Abogacía en ningún momento ha “hablado de dinero”, sino de la “posibilidad de que muchas personas se vean privadas de un derecho fundamental”.
“NO SE PUEDE HABLAR DE DIÁLOGO"
Carnicer ha censurado la actitud del ministro en este asunto y ha denunciado que no quiera “cambiar ni una coma” sobre la ley de tasas. “Nosotros entendemos que no se puede hablar de diálogo si se entra ya con la condición de no cambiar ni una coma. No he tenido oportunidad hasta el momento de acceder ni al ministro, ni al presidente del Gobierno, ni a ningún miembro del Gobierno”, ha señalado.
Por ello, Carnicer ha pedido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante la inauguración del encuentro que, en uso de sus competencias y si así lo considera, interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el sistema de tasas que ha propuesto Gallardón, ya que ha recalcado que no será el Consejo General de la Abogacía quien “vaya más allá”.
“Te puedo asegurar que serán muchos los españoles que acudirán a tu puerta para que acojas su imposibilidad de acudir a la Justicia”, ha asegurado Carnicer dirigiéndose a Becerril. Al ser preguntada por los medios después del encuentro, la Defensora del Pueblo ha reconocido que es pronto para determinar si la institución interpondrá el recurso porque “todo tiene su momento”. “Actualmente estamos estudiando la ley y todavía no me puedo pronunciar”, ha aseverado.
