La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado por unanimidad una iniciativa por la que se insta al Gobierno a elaborar un informe, en el plazo de seis meses, con propuestas concretas de adecuación de la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en 2008, entre las que se encuentre una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (REG) para que puedan votar todas las personas con discapacidad.

Se trata de una enmienda transaccional alcanzada por PP y CiU, a instancias de los nacionalistas catalanes, y que responde a una de las peticiones formuladas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

En concreto, este colectivo ha denunciado en más de una ocasión que en la actualidad hay unas 80.000 personas que no pueden ejercer el voto porque la LOREG permite que un juez pueda negárse, si estima que una determinada discapacidad intelectual o mental impide la elección libre y autónoma de una opción política.

En concreto, el art. 3 de la LOREG establece que carecen de derecho a voto aquellas personas declaradas incapaces por una sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente su incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio, y los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, siempre que en la autorización el Juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho.

Un mandato concreto para adaptar la actual legislación

"Es un mandato concreto y conciso porque la actual normativa debe adecuarse a esa legislación, que actualmente no está", ha defendido el defensor de la iniciativa, el diputado de CiU, Jordi Jané, quien ha alertado también de que todavía quedan personas con discapacidad que no pueden votar, a pesar de que España ratificase en 2008 dicho convenio internacional.

"Que pase a ser la regla general el derecho al voto y que no pase como ahora, que la mayoría de sentencias --sobre personas con discapacidad-- van aparejadas con esa privación del derecho de sufragio", ha lamentado, al mismo tiempo que ha asegurado que vigilará si el Ejecutivo cumple con este mandato parlamentario.

Desde el PP, su portavoz en materia de Discapacidad, Paco Vañó, ha reconocido también que falta por adaptar a la legislación española el derecho de sufragio para las personas con discapacidad.

Eso sí, ha subrayado que tanto el Ministerio de Justicia, como el de Sanidad, trabajan conjuntamente en la adaptación legislativa de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, que incluye reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

Desde el PSOE, Ramón Jáuregui ha recordado que las personas con discapacidad ya tienen derecho por ley a votar y, que de hecho, en agosto de 2011 se aprobó una ley que trasponía la legislación española a la citada convención de la ONU sobre discapacidad.

"En su disposición adicional ya establecía que el Gobierno tenía que adaptar toda la regulación de la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad psíquica. Ya hay un mandato que todavía no se ha cumplido y también hay iniciativas aprobadas en el Congreso", ha agregado.

Según ha precisado, la ley española exceptúa del derecho al voto a los declarados incapaces en virtud de una sentencia judicial firme y a los internados en un hospital psiquiátrico.

Joan Josep Nuet, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha subrayado que el CERMI es un "referente legislativo" para el Congreso y, de hecho, se han llegado a copiar sus iniciativas en muchas ocasiones porque se comparte la necesidad de eliminar las limitaciones al derecho de sufragio de las personas con discapacidad.

Por su parte, Irene Lozano, de UPyD, también ha votado a favor de la transacción entre PP y CiU porque, a su juicio, se habla de un "derecho fundamental" como es el voto de las personas con discapacidad.

Emilio Olabarría, del PNV, ha dicho que ve "razonable" la propuesta ya que hay casos de personas con discapacidad que sí tienen capacidad de discernimiento y están privadas del derecho de sufragio, "Apoyo la iniciativa por la justeza de la propuesta, porque también forma parte de las recomendaciones del CERMI y porque forma parte del derecho internacional público", ha sentenciado. (EUROPA PRESS)