El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto en defensa de la autonomía local planteado por cerca de 3.000 ayuntamientos de toda España gobernados por distintos partidos de la oposición y que representan a unos 17 millones de ciudadanos, contra de la Ley de reforma local impulsada por el Gobierno.
En concreto, el conflicto se dirige conta los arts. Primero, apartados tres, ocho, nueve, dieciséis, veintiuno, veinticinco, treinta, treinta y uno, treinta y seis y treinta y ocho, y Segundo, apartados dos y tres, de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
El Alto Tribunal ha dado traslado del conflicto en defensa de la autonomía local presentada contra la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de veinte días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los citados asuntos, que el Tribunal Constitucional resolverá en próximas fechas, según ha informado esta institución.
Esta admisión se une a la acordada por el Alto Tribunal el pasado mayo, cuando hizo lo propio con nueve recursos interpuestos por los Parlamentos de Extremadura, Cataluña y Navarra, los gobiernos autonómicos de Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias y varios grupos de la oposición. El PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, Coalición Canaria, ERC, BNG y Compromís-Equo han impugnado también la norma.
Recurso de la FEMP
Encabezados por el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, los representantes de la política municipal acudieron el pasado junio al tribunal de garantías contra una norma que, a su juicio, atenta contra los derechos de los ciudadanos y la autonomía local.
Según Caballero esta norma es "el mayor ataque al municipalismo que se hizo nunca en democracia" y advirtió de que tendrá unas "enormes consecuencias negativas para millones de españoles". Según explicó, las entidades locales no podrán seguir aplicando "multitud de políticas sociales" en ámbitos como el empleo, la educación o la sanidad porque no tendrán "recursos, capacidad, ni competencias para hacerlo".
En cuanto a los recursos interpuestos en su momento por la oposición, solo han quedado fuera los parlamentarios del PP, del PNV --que apoyó la reforma local en su tramitación en las Cortes Generales--, CiU --que presentó recurso desde el Gobierno y el Parlamento catalán-- y varias formaciones del Grupo Mixto. (EUROPA PRESS y Redacción)
