En días recientes hemos conocido la intención del Consejo General del Poder Judicial de elaborar un «plan de choque» que ayude a diseñar, con la planificación suficiente, el escenario jurisdiccional que habrá de abrirse en los Juzgados y Tribunales españoles una vez superada la crisis sanitaria sin precedentes ocasionada por el Covid-19.
Sin lugar a dudas, la elaboración de un programa conjunto de medios y actuaciones que evite el temible —y muy posible— colapso judicial es imprescindible y urgente; no obstante, y con carácter previo a cualquier actividad de carácter legislativo u organizativo que resultase de dicha iniciativa, aprovechando las extraordinarias circunstancias y la imperatividad del mayor consenso, quizá sea este el momento de que la organización judicial tome en cuenta, como no se ha hecho nunca antes, todas las opiniones y necesidades que la comunidad jurídico-económica en su conjunto —abogados, procuradores, autoridades, patronales…— haya de manifestar.
La experiencia que nos revela la mal llamada «política judicial» ha evidenciado, en demasiadas ocasiones, la desconexión existente entre los definidores de las directrices y los receptores de las mismas; sean estos últimos los «proveedores del servicio» (jueces, letrados de la administración de justicia…) o los «consumidores» del mismo (empresas, particulares).
Por desgracia, la falta de medios materiales y personales se ha convertido, con habitual frecuencia, en una coartada para la regulación low cost «de necesidad» (véase el ejemplo de los juzgados especializados en cláusulas abusivas) que no ha respetado, siquiera la audiencia, de quienes en último grado convergen a la construcción de la realidad tangible de esos espacios regulatorios. Desde esta comprobación, y en atención al marco que surge ahora con la crisis provocada por el Covid-19, así como el impacto mayúsculo que la misma tendrá en las relaciones laborales y económicas, se torna inaplazable que el proyecto anunciado por el Consejo General del Poder Judicial no cierre la puerta a nadie e invite a la participación, constructiva, creativa y leal, de todos aquellos que, desde cualquier vértice de la realidad, puedan verse afectados por la «crisis judicial» que traerá consigo la «crisis económica» post Covid-19. No sería respetuoso —ni perdonable— que un cometido tan importante como la planificación de los medios y estructuras jurisdiccionales omitiese a organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones de consumidores…En suma, a los actores económicos y sociedad civil que —jamás lo olvidemos— son el sustrato esencial que legitima toda la actividad pública, cualquiera que sea la índole de ésta y, desde luego, incluida la judicial. Los servidores públicos nos debemos a la ciudadanía, y a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, la regla general en el diseño y ejecución de «políticas públicas» en materia de Justicia ha encontrado espacio, casi siempre, ayuna y ausente de la opinión —eficaz, al menos— de quienes participan activamente en su aplicación (frontera ejecutiva), o bien son receptores finales de la acción pública (frontera receptiva).
Acontece ahora una oportunidad sin parangón para que la política de Justicia sea —probablemente, por primera vez— una política con una profunda dimensión no sólo en sus objetivos, sino también en lo que atañe a sus operadores participantes. Llega la hora de conocer qué esperan de nosotros los tantas veces llamados —con fines propagandísticos, en las mayores ocasiones— «usuarios de la Administración de Justicia»: trabajadores, arrendatarios, propietarios de inmuebles, empresarios, consumidores…
Consenso y Justicia son dos sustantivos que se relacionan asiduamente en contradicción: la segunda es el resultado fatal de la ausencia del primero. Puede que, solamente ahora, estemos a tiempo de evitar esa antinomia aparente; quizá, solamente ahora, Justicia y Consenso, Consenso y Justicia, sean eso mismo, una misma cosa, Mayúscula y en la que cabemos todos.
