La crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha dado lugar a una «revolución» respecto de los métodos y sistemas de prestación de servicios profesionales públicos y privados. En pocas semanas, el tejido empresarial y las Administraciones Públicas se han adaptado a una realidad cambiante que exigía de nuevos enfoques y modelos relacionales; en muchos ámbitos se ha sustituido la presencialidad por el teletrabajo, se han digitalizado servicios cuya transición a lo tecnológico estaba prevista para años vista y, también, hemos aprendido una nueva cultura en la que el desempeño profesional viene condicionado por una nota esencial: la flexibilidad; se han caído los esquemas de verificación tradicionales y hemos abierto una puerta a la realidad digital, a la comunicación telemática, a la trazabilidad del «paso tecnológico»; y, con todo lo anterior, surge un gran interrogante: ¿cómo salvaguardamos la medición del desempeño profesional exigido al empleado, directivo, autoridad o funcionario público?
Lejos de lo que pueda pensarse en primera instancia, la fiscalización del trabajo efectivamente realizado por un profesional en un contexto digital es muchísimo más sencilla y exacta que la propia y correspondiente a los modelos tradicionales de trabajo. Pretendiendo ofrecer el ejemplo de una herramienta pública de trabajo digital, sirva el caso del proyecto de “Justicia Digital” promovido por el Ministerio de Justicia. Éste se integra por diferentes aplicaciones cuyo propósito es permitir que la autoridad (Juez, Letrado de la Administración de Justicia, Fiscal) o funcionario (Gestor, Tramitador, Auxilio) puedan desplegar sus funciones (dictado de resoluciones, celebración de comparecencias, actos de comunicación…) en un marco de trabajo tecnológico, eludiendo los medios clásicos (expedientes en papel, archivos…) y facilitando que las funciones, en la medida de lo posible, puedan llevarse a cabo desde el hogar del responsable. A diferencia de los métodos tradicionales, los aplicativos utilizados en el entorno de “Justicia Digital” permiten conocer, en todo momento, cuál ha sido el trabajo efectivamente realizado por el usuario habilitado; es decir, con sólo un clic, pueden conocerse datos tales como: número de resoluciones dictadas, actos comunicados, juicios celebrados, transferencias bancarias ejecutadas…La trazabilidad sobre el proceder del usuario llega hasta el punto de poder dar lugar a la elaboración de precisas estadísticas cuantitativas de volumen de resolución. Como nunca antes, podemos conocer qué y cuánto hace quién.
Uno de los peores males que puede enfrentar cualquier organización empresarial o de servicio público es que el supone la ausencia de indicadores de medición respecto de la actividad eficazmente realizada. La falta de índices de desempeño obstaculiza cualquier control sobre el sistema productivo, generando incomunicaciones entre los agentes de la red de servicio y el resultado obtenido; en definitiva, se pierde la interconexión entre producción y producto y, como es sabido, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Las aplicaciones de trabajo digital —al menos la que aquí nos ocupa: Justicia Digital— sí habilitan ese control, ese feedback en la cadena de creación de valor; la trazabilidad del sistema permite la fiscalización del mismo y, con él, el de sus participantes.
Toda Administración Pública —y desde luego, también la Administración de Justicia— debe ser objeto de un control constante, escrupuloso y riguroso sobre su capacidad de trabajo y eficacia. No porque se dude de la misma, sino porque sólo controlando el esquema productivo podemos mejorar; y el ciudadano merece la máxima calidad en cualquiera que sea el servicio público que reciba; hemos de ser eficientes en los medios y eficaces en los resultados, minimizar los costes y maximizar los beneficios.
El caso de Justicia Digital es solamente un ejemplo; uno más respecto de otros que, muy probablemente, puedan ofrecerse en otros contextos de organizaciones públicas (Agencia Tributaria, Seguridad Social…); pero es un ejemplo especialmente valioso para llamar la atención sobre una necesidad que resulta imperativa desde décadas atrás: la de convertir nuestra Administración de Justicia en un servicio público correlativamente garantista y eficaz, en un servicio público que la salvaguarda los derechos de los ciudadanos y, además, lo hace en un plazo razonable. Ahora podemos medir eficazmente lo qué ocurre desde que se presenta una demanda o denuncia hasta que se obtiene una sentencia; quiénes intervienen en eso proceso, qué volumen de trabajo existe realmente…es una oportunidad para la transparencia, pero sobre todo es una ocasión para llevar a cabo verdaderas auditorías públicas con las que detectar correcta y tempranamente las disfunciones, poder corregirlas y, en último término, hacer de la Justicia un servicio para todos…un servicio «justo».
