El 160 aniversario de la Ley Hipotecaria estuvo presente, a través de tres ponencias, en el programa de debate y reflexión del VI Congreso de Registradores, celebrado en Valladolid entre el 15 y 17 de septiembre. Tres de las diez ponencias estuvieron directamente enfocadas a profundizar en la efeméride del 160: Pasado, presente y Futuro de la Dirección General de los Registros y del Notariado; La presencia del Derecho Inmobiliario en los planes de estudios de las facultades de derecho y la formación de los registradores de la propiedad; y La España Vaciada. La Gran oportunidad.
Pasado y futuro de la dirección general de los Registros y del Notariado. Jueves 16 a las 10.30
La apertura del programa científico de VI Congreso de Registradores de España fue la mesa Pasado y el Futuro de la dirección general de los Registros y del Notariado, que actualmente ha cambiado su denominación por dirección general de Seguridad Jurídica Fe Pública.
La mesa estuvo compuesta por Sofía Puente, fiscal y directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Antonio Pau, presidente de la Sección Civil de la Comisión General de Codificación; Cándido Paz Ares, catedrático de Derecho Mercantil y Socio de Uría & Menéndez; y María Ángeles Alcalá, catedrática de Derecho Mercantil, y Of Counsel de Ramón y Cajal.
Moderada por la actual directora general, Sofía Puente planteó examinar la Dirección General a través de la formación académica y experiencia de tres de sus directores generales: Cándido Paz Ares, Antonio Pau y M.ª Ángeles Alcalá.
Sofía Puente, a modo de introducción de la ponencia, puso el acento en los retos que la actual Dirección General ha asumido, así como en las amplias funciones y competencias respecto de la originaria creada por la Ley Hipotecaria de 1861 y explicó que son estas amplias funciones y competencias la base del cambio de nombre de la Dirección, descriptivo de una renovada esencia, eso es Seguridad Jurídica y Fe Pública. Añadió que, así como la primera Dirección General asumió el reto de poner en marcha la Ley hipotecaria de 1861, que creó su estructura organizativa y el cargo de registrador al frente de las oficinas, la actual Dirección ha implantado un modelo de registro civil desjudicializado que elimina la dispersión de los hechos que afectan al estado civil implantando un modelo de unidad en una hoja por cada ciudadano que cronológicamente anote los hechos relativos a su estado civil. Puente anunció que la apuesta por el modelo de registro electrónico y único se materializará en septiembre con la oficina de Madrid que se convierte en oficina general.
Antonio Pau ilustró su ponencia con un recorrido histórico de la Dirección General que parte de la Ley Hipotecaria de 1861, que la creó bajo el nombre «del registro de la propiedad», pasando por un baile de denominaciones y hasta tres supresiones. La primera Dirección General convocó la primera oposición al Cuerpo, permitiendo el acceso de grandes hipotecaristas de la época y apoyó el trabajo de los registradores, interpretando las normas hipotecarias. También señaló que la Ley Hipotecaria, a diferencia de la Contaduría de Hipotecas, creó un sistema de inscripción global (de todos los derechos reales), de derechos y no de títulos y basado en la presunción de exactitud y en la inoponibilidad de lo no inscrito. En su relato histórico destacó que la dirección general ha pasado por tres etapas: de resolución de consultas de calificación; de construcción dogmática o de racionalismo hipotecario con Don Jerónimo González y, por último, de fijación doctrinal (precisa instituciones civiles desde el punto de vista hipotecario —comunidad funcional, venta de bienes gananciales entre cónyuges, urbanizaciones privadas, pre horizontalidad y elementos procomunales…). Por último, refiriéndose al presente, Antonio Pau concluyó señalando que hoy las funciones de la Dirección General son plurales: resolución de recursos gubernativos, llevanza de registros como el de mediadores, fundaciones y las Oficinas de Investigación y recuperación de activos.
Por su parte, Cándido Paz Ares, catedrático de derecho mercantil en su condición de profesor y ex director general de los Registros y del Notariado destacó la dimensión doctrinal de la Dirección General de reconocida calidad y autoridad. También resaltó que la dimensión doctrinal radica en la propia materia del derecho privado, que es la parte más doctrinal del ordenamiento jurídico, poniendo de relieve su calidad y carácter de autoridad en la estructura institucional propia y rogando a la directora general evitar la tendencia cartesiana a la normalización. Concluyó señalando que la Dirección General con su doctrina no solo resuelve el caso concreto, sino que crea doctrina general, esto es, sirve de guía para supuestos futuros. Por ello, 160 años tras su creación este centro ha cumplido la misión de haber creado un depósito de tradiciones y doctrinas, un «stock de capital» que aprovechará a generaciones futuras, aseguró en su intervención Cándido Paz Ares.
La también catedrática de Derecho Mercantil, M.ª Ángeles Alcalá, por su parte, versó su ponencia sobre su propia experiencia, destacando junto con el anterior ponente, Cándido Paz Ares, la función de creación de un gran cuerpo doctrinal.
Alcalá remarcó que el hilo conductor o razón de ser de la misma es la defensa de los intereses públicos y generales, destacando su papel como impulsora de la modernización del derecho privado (a título de ejemplo, la constitución de sociedades de socio único, o la presente transposición de la Directiva de digitalización) y la creciente complejidad de sus funciones. Para concluir Angeles Alcalá citó como hitos, el esfuerzo en la construcción del nuevo modelo del Registro Civil, la instrucción de la inscripción de los nacidos por gestación por sustitución, la constitución on line de sociedades con estatutos tipo y cómo su interpretación del artículo 12 de LH a la luz de la normativa europea de protección de consumidores abonó el camino a las reformas hipotecarias del 2013 y subsiguientes.
La presencia del Derecho Inmobiliario en los planes de estudios de las facultades de derecho y la formación de los registradores de la propiedad. Viernes 17 a las 9.30
La presencia del Derecho Inmobiliario en los planes de estudios de las facultades y la formación de los registradores de la propiedad reunió en el debate a profesores y preparadores. Como profesores el encuentro contó con la participación de Gema Tomás Martínez, decana de la facultad de Derecho de Deusto; Andrés Domínguez, catedrático de Derecho Civil de Universidad de Valladolid, Paz García Rubio, catedrática Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela; Francisco Oliva Blázquez, rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y los registradores con amplia experiencia en la preparación de oposiciones al Cuerpo de Registradores de Galo Rodríguez de Tejada, director de la Academia de Preparación de Registros de Madrid, Carmen de Grado, registradora mercantil de Madrid y Raquel Sancho, registradora de la propiedad.
Presentó la mesa Galo Rodríguez de Tejada, director de la Academia de Preparación de Registros de Madrid, quien, ante la disparidad de los programas de estudio de las facultades de Derecho en relación con el derecho registral inmobiliario, abogó por la unificación. Asimismo, centrándose en las oposiciones, destacó, por un lado, el papel del preparador y, por otro, defendió el mantenimiento de un programa para la oposición al Cuerpo de Registradores distinto al de la oposición al Cuerpo de los Notarios. Remarcó también que el programa de registros debiera seguir el camino de la especialización, sin perder de vista la función del registrador de control de legalidad y la seguridad jurídica como finalidad de la institución, extendiéndose al estudio de la calificación registral del título formal, desde el documento notarial, administrativo y judicial, hasta el electrónico y el documento privado.
Paz García Rubio, catedrática Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela y moderadora de la mesa, puso de manifiesto cómo la realidad académica pone de relieve la desconexión entre los programas de Grado y la oposición al Cuerpo de Registradores e hizo un llamamiento a la posibilidad de que, desde la Universidad, pudiera potenciarse el estudio y formación en el Derecho Inmobiliario Registral. García Rubio señaló también que la tarea de la unificación de los programas de Grado es de gran complejidad ante la autonomía propia de las universidades españolas.
¿Debe ser el derecho inmobiliario registral una asignatura optativa?, se preguntaba Andrés Domínguez, Catedrático Derecho Civil de Universidad de Valladolid. En su opinión, por su entidad debería formar parte del Derecho civil, centrándose en la publicidad de los derechos reales y modernizando su programa para recoger temas registrales de especial interés como el Registro de Bienes Muebles.
Gema Tomás, decana de la facultad de Derecho de Deusto coincidió con el ponente citado al destacar la importancia que debiera darse a esta asignatura, añadiendo que la pluralidad de programa y la desintegración de materias como el Derecho Civil, desincentiva al estudiante en su elección de su futuro profesional. Añadió que, por todo ello, la Universidad había dejado de ser prescriptora de profesiones jurídicas y lanzó la pregunta de qué podría hacer la Universidad para contribuir a la formación en Derecho Inmobiliario Registral.
El Rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Francisco Oliva Bláquez repasó la evolución del sistema académico en cuanto a la presencia de esta materia se refiere, poniendo de relieve que el derecho inmobiliario registral ha pasado de tener una presencia importante, creadora de vocaciones, a la presente situación, que ha reducido su estudio a un solo tema. Para Oliva Blázquez cabría la especialización en el postgrado oficial e incluso a través de títulos propios, siendo esencial la creación de sinergias entre el Colegio de Registradores y las Universidades, evitando que la cultura de estudio de la oposición se esté perdiendo por la propia inercia de la formación del Grado.
En el ámbito de la preparación de la oposición, tanto Raquel Sancho, registradora de la propiedad, como Carmen de Grado, registradora mercantil de Madrid, ambas con muchos años de experiencia preparadora, destacaron también la discordancia entre el sistema de la universidad y el de la oposición, que debiera intentar corregirse.
Raquel Sancho dejó claro que el sistema de oposición, es una forma igualitaria de acceso a los Cuerpos de la Administración del Estado y remarcó que si bien el estudio memorístico es necesario, también el examen práctico tiene una importancia notable. En línea con los académicos de la mesa abogó por el incremento de la formación universitaria en Derecho Inmobiliario Registral.
Carmen de Grado, por último, puso el acento en el llamativo desconocimiento por los profesionales de esta materia. El estudio en la Universidad debería estar dirigido, a través de una asignatura obligatoria, al conocimiento del sistema de seguridad jurídica como parte de la formación del jurista.
La España vaciada. La gran oportunidad. Viernes a las 16.00
La España vacía o vaciada o la España despoblada refleja la realidad de grandes extensiones de corte rural en el territorio nacional, cuyos residentes se enfrentan a enormes dificultades para realizar multitud de trámites. La despoblación es un problema local, autonómico, nacional y europeo: el vacío y las mega urbes son caras de la misma moneda.
¿Cabe una puerta a la esperanza? Desde esta perspectiva tuvo lugar esta mesa redonda que cerraba los debates del VI Congreso Nacional de Registradores que reunión durante tres días en Valladolid a más de 300 congresistas.
La era digital unida a la situación creada por la crisis sanitaria puede ser la oportunidad para superar las dificultades presentes de esta realidad, señaló el moderador de la mesa, Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, abriendo el debate.
Se propuso, por parte de Juan Manuel Serrano, presidente del Grupo Correos, la formación digital o la licitación de espacios a las empresas como opciones para el rescate de la España despoblada. Sostiene Juan Manuel Serrano que la empresa pública tiene un «debe» con la sociedad.
La directora Territorial de Telefónica de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, Beatriz Herranz partió de la finalidad de proporcionar servicios a los ciudadanos en cualquier lugar en el que se encuentren y, como herramientas para lograrlo citó los siguientes: superar la brecha digital (a través de la capacitación y formación); la interoperabilidad de plataformas y datos que permiten transformar la economía de una región; y el fomento del emprendimiento.
Desde la institución del Registro, presente en todo el territorio nacional, el ciudadano accede a un servicio público estatal que, a través de la interconexión con otros órganos de la Administración, permite hablar de una población no abandonada en una España despoblada, indicó Rocío Perteguer, vocal de consumidores y medio ambiente del Colegio de Registradores A través de las bases gráficas se superan los problemas que la concentración parcelaria planteaba, en pro de la agilidad del tráfico jurídico inmobiliario; la oficina liquidadora de los registros disminuye el coste burocrático de la transmisión de la propiedad en pro del ciudadano; el valor jurídico que la seguridad del tráfico jurídico da la inscripción registral a la propiedad determina su valor económico, reforzándolo, añadió Perteguer para concluir que el Registro es una institución al servicio del ciudadano, reflejo, como señaló Antonio Garrigues en su ponencia inaugural del Congreso, de la ética activa.
Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León aseguró en su intervención que el problema de la despoblación es local, regional, nacional y europeo y como solución al problema planteó reforzar políticas de empleo, de vivienda, servicios sociales fuertes, implantación de nuevas tecnologías y reforzar los transportes.
Con esta última mesa se cerró el Congreso, dando paso a la clausura.
