La innovación y la tecnología están en continua búsqueda de la eficiencia. Su evolución suele ir acompañada de la miniaturización de los sistemas y soportes y de la simplificación de los interfaces y métodos de uso. La tecnología podrá quitar parte del trabajo menos productivo al abogado y ayudarle a la toma de decisiones. Pero ese temor, frecuentemente enunciado, de que un día las máquinas podrán sustituir el papel de un juez o de un abogado, parece quedar claramente descartado, al menos por un largo período de tiempo.
El número de mayo de la revista Capital Humano, treinta aniversario de la prestigiosa publicación, recoge un artículo de Carlos B. Fernández sobre la evolución de la tecnología aplicada al sector legal, que recogemos en Noticias Jurídicas.
En 1988 la tecnología aplicada al Derecho consistía en las máquinas de escribir y las calculadoras eléctricas utilizadas por los despachos. Por lo demás, docenas de tomos de legislación y jurisprudencia cobijaban en los despachos el saber jurídico, exigiendo largas horas de esforzada dedicación para su consulta y estudio. En ese año todavía no existía Google, ni las redes sociales, ni apenas el correo electrónico. Internet era todavía el dominio de algunos pocos expertos, en el que solo 10.000 ordenadores de todo el mundo estaban conectados entre sí. Aún faltaban tres años para que Tim Berners-Lee sentara los principios de la World Wide Web y cinco para que apareciera Mosaic, el primer navegador de internet. Todavía faltaban cuatro años para que IBM presentara su modelo ThinkPad de ordenadores portátiles, y casi veinte para que Apple lanzara su tableta iPad. Y aunque ya se conocía el teléfono móvil, pues el Motorola DynaTAC 8000X había sido presentado en 1983, sus dimensiones no le hacían del todo práctico: medía 33 centímetros de alto, pesaba cerca de un kilo y su batería duraba tan solo una hora. Además, costaba casi 4.000 dólares de la época. Aún faltaban casi veinte años para que Apple lanzara el iPhone.
Llegan las bases de datos
En ese mundo jurídico dominado por las grandes colecciones de tomos de información, cuya consulta era compleja, la llegada los primeros ordenadores a partir de finales de los años 80 del siglo pasado, y a partir de 1989 de las primeras bases de datos jurisprudencia y legislación (precisamente por medio de La Ley, una empresa que años después se integró en Wolters Kluwer), constituyó el principio del gran cambio.
Lentas, pesadas y basadas en varios CD-Rom que había que ir intercambiando en las grandes disqueteras externas de sus primeros tiempos; más ágiles y capaces cuando el formato pasó a DVD y definitivamente desmaterializadas a partir de finales de la siguiente década, al trasladarse a internet, su uso es hoy sencillamente indispensable para el trabajo de cualquier profesional que necesite acceder a la información especializada que ofrecen.
El principal problema de su uso siempre ha radicado en la dificultad de localizar, de entre los muchos documentos que contienen, aquellos que en cada caso concreto se necesitan. Un problema que engloba muy diferentes condicionantes (principalmente de interpretación del lenguaje humano y de comprensión de la relevancia jurídica) para el que Wolters Kluwer, desde su sede española, introdujo importantes soluciones.
Internet, Google y Open Data
En 1996 se produjo otra de esas grandes revoluciones, al principio casi silenciosas pero, a continuación, completamente imparables y finalmente definitivas de nuestro mundo. Dos estudiantes de la universidad norteamericana de Stanford, con el cauteloso apoyo de un fondo de capital-riesgo, lanzaron el buscador Google. Este movimiento hizo que el ya gran contenido de información que se había ido acumulando en internet, y que no cesaba de aumentar, fuese sencillísimamente accesible con solo "preguntar" por él en un simple cuadro de búsqueda. Internet iba a convertirse en la gran fuente universal de información. Y para desgracia de las editoriales jurídicas, hasta entonces las principales proveedoras de saber jurídico, múltiples particulares, académicos, profesionales, medios de comunicación y empresas de todo tipo empezaron también a compartir información y contenidos en la red.
Pero también la administración empezó un movimiento similar. Impulsada por políticas europeas que apoyaban el acceso de los ciudadanos a toda la información pública de su interés, el BOE primero y el poder judicial después, comenzaron a hacer libremente accesible a través de internet todas sus fuentes documentales. De esta manera el profesional de Derecho podía acceder a sus fuentes a través de cada vez menos intermediarios.
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