Mar Lupión. - Sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional acerca del Estado de alarma declarado al comienzo de la pandemia se ha hablado este miércoles en uno de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid que, desde 1988, se celebran en San Lorenzo de El Escorial. Bajo el título Poder judicial y estado de derecho, los asistentes han podido escuchar a Eduardo Porres Ortiz de Urbina, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo; y a César Tolosa Tribiño, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Además, el acto de inauguración del curso ha contado con la presencia de la Ministra de Justicia, Pilar Llop; Manuel Almenar Belenguer, magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); y Araceli Manjón-Cabeza, secretaria general de la Universidad Complutense de Madrid.

Esta última ha sido la primera en intervenir para dar las gracias a los asistentes y destacar la importancia de que existan lugares en los que debatir sobre el poder judicial como poder del estado y garante de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

Manuel Almenar ha señalado dos cuestiones de actualidad como ejes centrales de la jornadas: la lucha jurídica del poder judicial frente a la pandemia y el modelo de gobierno de poder judicial, “tan goloso para otros poderes y que lleva tres años sin renovar”. Ha insistido en que, por más que aparezcan voces discordantes, “España es un estado de derecho, no hay duda, y quien lo niegue lo hace con un interés que nos podemos imaginar. Bien es cierto que en los últimos tiempos venimos detectando unas actitudes no compatibles con los principios y valores de ese estado de derecho y de la independencia judicial”.

Por otro lado, ha advertido de los peligros de cuestionar las resoluciones judiciales: “la crítica es consustancial y necesaria en un estado de derecho, pero a veces se transforma en amenazas más o menos veladas a jueces encargados de determinados asuntos. Este cuestionamiento permanente de las resoluciones judiciales daña la confianza de los ciudadanos en la justicia y su credibilidad”.

Como dato positivo, Manuel Almenar ha apuntado a que la justicia en nuestro país funciona, aunque no tan bien como podría. Prueba de ello, según explicaba, es un informe de Metroscopia publicado el pasado mes de abril que mostraba que para los españoles “es plenamente confiable, representa la última garantía de derechos y libertades fundamentales, es impermeable a la corrupción y a cualquier intento de presión y los jueces españoles son competente y bien preparados”. Eso sí, el 74% de los españoles cree que la justicia “es lenta”, pero el 79% considera que esa falta de celeridad “responde a una falta de recursos”.  Ha hecho un llamamiento a la ministra para “subsanar esas carencias y que la justicia disponga de los recursos necesarios”.

El Plan Justicia 2030 sigue adelante

La hasta hace unos días presidenta del Senado, Pilar Llop, se ha referido a la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial y ha reprochado al Partido Popular que bloquee dicho trámite: “el gobierno quiere cumplir con la Constitución y entiende que la renovación ha de hacerse ya. Después podemos abrir el debate sobre si es necesario o no modificar el sistema. Pero es imprescindible que se cumpla ya con esa renovación, reconociendo, por supuesto, la gran labor del CGPJ durante el tiempo que lleva trabajando”.

La ministra también ha hablado del informe de la Comisión Europea sobre el estado de derecho en los países miembros y ha explicado que se reunió con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, para expresar su malestar sobre el primer borrador del documento. Una primera versión en la que se comparaba a España con territorios como Polonia o Hungría y que Pilar Llop ha calificado de “injusto”. Ha puesto sobre la mesa que nuestro país “ha aprobado leyes de referencia, como la de violencia de género, igualdad, de la eutanasia o de violencia contra la infancia y la adolescencia”. Reconoce que “el bloqueo del CGPJ desgasta la imagen de la institución y del Parlamento. Somos personas de estado y hemos de estar a la altura”.

En alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, ha pedido que se observe “desde una perspectiva novedosa, no desde la de los años 80 que es cuando se aprueba la ley. Si la pandemia hubiera ocurrido en esa época, el país hubiera colapsado a todos los niveles. Esto no ha pasado porque hemos buscado soluciones audaces e innovadoras para seguir trabajando”. Ha lamentado el repunte de casos de violencia de género tras el levantamiento del confinamiento estricto.

El Plan Justicia 2030, presentado por el exministro Juan Carlos Campo para transformar los juzgados “seguirá adelante”. Asegura Llop que se trata de un proyecto de país que incluye “temas de gran interés para la opinión pública española, internacional y europea. Pretendemos cambiar de paradigma, modernizar el sistema agotado de organización judicial, dar recursos a jueces y juezas para una justicia más eficiente y centrada en lo que buscan los ciudadanos”.

El difícil encaje jurídico de la cogobernanza

Normalidad constitucional y estado de alarma ha sido el título de la ponencia ofrecida por Eduardo Porres Ortiz de Urbina, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Una intervención en la que ha hablado de cómo los tribunales se han adaptado al uso de las nuevas tecnologías para hacer frente a la pandemia y ha admitido que “los instrumentos jurídicos no estaban preparado para ello. Por eso, el gobierno decidió recurrir al estado de alarma, la mayor limitación de derechos de todo el período democrático. Hablamos de una cuestión de mucha relevancia”.

En su análisis sobre la sentencia del TC conocida hace unos días, ha explicado que “la libertad de circulación es la facultad de cualquier ciudadano de moverse sin justificarse. El Constitucional considera que el estado de alarma ha alterado esa situación y establecido como regla la excepción. Por tanto, cree que el derecho no se ha limitado ni restringido, sino derogado temporalmente”.

Sobre las críticas que ha recibido este pronunciamiento, ha indicado que muchas de ellas “ya se introducen dentro de la propia sentencia a través de los votos particulares, pero el TC insiste en que, incluso en situaciones excepcionales, los derechos fundamentales han de respetarse”. Para Eduardo Porres, “el TC afirma que la causa de la crisis no determina el instrumento jurídico a emplear, sino que el instrumento viene determinado por los poderes que emplea el gobierno”. Por otro lado, ha advertido de que existe una serie de cuestiones pendientes y que se irán resolviendo en los próximos meses: “queda por saber si las prórrogas del estado de alarma son constitucionales o no; determinar el papel de los actores políticos en la limitación de los derechos fundamentales y determinar el ámbito que corresponde a la legislación sectorial. Hay que determinar en qué momento se puede suspender derechos a través de esas legislaciones sectoriales”.

El magistrado ha lanzado una reflexión acerca de por qué el TC se ha pronunciado sobre el estado de alarma una vez finalizado: “¿ha sido una decisión consciente como ejemplo de prudencia o es solo una cuestión de deliberación y de tiempo?”.

En conclusión, ha señalado que los instrumentos jurídicos “no están bien perfilados y la experiencia de la pandemia ha de servirnos para reformar estas leyes para tener un marco normativo más preciso”.

El encargado de cerrar el turno de mañana ha sido César Tolosa Tribiño, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Ha reconocido que “todos estamos de acuerdo en que hemos estado y estamos ante una situación absolutamente excepcional, con unas restricciones de derechos fundamentales que ninguno pensamos que se produciría en nuestro país”. 

A su juicio, “el gran problema de la pandemia es que hemos enfrentado la situación con instrumentos jurídicos inadecuados. Igual que el sistema sanitario y científico se han adaptado en tiempo récord, los poderes públicos tendrían que haber hecho lo mismo. Si hubiera sido así, hubiéramos tenido instrumentos para que los ciudadanos tuvieran certezas y seguridad jurídica, que han brillado por su ausencia”.

Sobre la sentencia sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma, “creo que llega tarde. Hubiera sido deseable que el TC se hubiera pronunciado antes y nos hubiéramos evitado muchos quebraderos de cabeza”.  Ha dicho que, durante los tres primeros meses del estado de alarma, el gobierno “dictó 267 normas, resoluciones y actos administrativos que son objeto de revisión de la jurisdicción contencioso-administrativa. Algunos juristas se han referido a esto como un sudoku difícil de resolver”.

César Tolosa ha mostrado sus dudas sobre la llamada cogobernanza, es decir, la delegación de funciones en las comunidades autónomas sobre la que se asienta el segundo estado de alarma. Para el magistrado “es imposible que dentro de un sistema de excepción que supone la centralización de competencias del Estado, se de la descentralización. Con esto se crean problemas de competencias jurisdiccionales y ralentiza los procesos en el momento más complicado, cuando más se necesita la rapidez”. Critica que, con la caída del estado de alarma, “se nos ha trasladado a los jueces la responsabilidad de tomar decisiones que corresponden a los políticos. Nuestra labor es controlar. Los tribunales superiores de justicia están divididos y se dictan disposiciones contradictorias sobre asuntos iguales. Los jueces lo hemos hecho decentemente bien pero este problema jurídico va a continuar”, ha concluido.