El derecho de los ciudadanos a la sostenibilidad y a reclamar por su inacción a los poderes públicos será una realidad a medio o largo plazo. Esta es la principal conclusión a la que llegaron un panel de expertos invitados a la presentación del II Informe del Observatorio de los ODS en el Sector Público, una iniciativa de la Fundación Aranzadi LA LEY que busca impulsar la excelencia en el sector público español (administraciones públicas, empresas y entidades financieras públicas, Seguridad Social y organismos autónomos) a través de la integración de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El evento, que tuvo lugar este lunes, 25 de noviembre en el Auditorio Mutualidad de la Abogacía, contó con la intervención de los autores del estudio, Joaquín Delgado, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y Concepción Campos, doctora en Derecho y directiva pública.
Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, presentó este segundo trabajo de investigación sobre la evolución e integración de los ODS. Bajo el título La Sostenibilidad como Acción Pública: elementos para la construcción y defensa de un nuevo derecho, ofrece una innovadora propuesta para consolidar un verdadero derecho al desarrollo sostenible.“Tenemos el compromiso de compartir con los poderes públicos el resultado de esta investigación que publicamos en formato abierto para su libre acceso por toda la ciudadanía; el Observatorio tiene la vocación de ser el foro referente en el estudio de la sostenibilidad en el sector público español” destacó Sancho durante la inauguración.
Claves del informe
Concepción Campos explicó en su intervención las conclusiones del informe y subrayó unas “ideas fuerza” para generar interés en el estudio y difusión de este. En este segundo trabajo, resumió, se ha querido dar un enfoque global al concepto de sostenibilidad. “Es una palabra complicada de definir”, reconoció la experta, quien puso el acento en la necesidad de ampliar la perspectiva de sostenibilidad, que “no debe limitarse únicamente a cuestiones medioambientales, sino incluir también las dimensiones económica, social y de gobernanza vinculadas a la Agenda 2030 en el sector público”. Campos insistió en la idea de que la sostenibilidad necesita financiación, por eso el informe se adentra en la cuestión de la búsqueda de recursos para alcanzar los objetivos ODS. Sin recursos, expuso, “las grandes declaraciones se quedan en papel mojado y queremos que estos objetivos vayan más allá de la Agenda 2030”. La experta incidió en la necesidad de que el sector público asuma su responsabilidad y en que la empresa privada sea consciente de su papel. “Todos podemos contribuir a que estos objetivos se hagan realidad”, afirmó. En cuanto a la principal idea del trabajo, la construcción de un derecho a la sostenibilidad, Campos subrayó la necesidad de dotarle de garantías para que los ciudadanos puedan reclamarlo.
Por su parte, el magistrado Joaquín Delgado ahondó en lo que denominó la “cara b” de este derecho en construcción. En concreto, expuso, es necesario evaluar la protección que brinda el sistema de justicia a este derecho. La Agenda 2030, apuntó, ya recoge en el acceso a la justicia en su objetivo 16. Como explicó Delgado, el acceso de todos a la justicia es un derecho bisagra para el resto de los objetivos. El magistrado explicó en su intervención que la parte más jurídica del informe puede entenderse desde varias dimensiones, entre las que destacó la necesaria eficiencia del sistema judicial y el papel del derecho penal para defender los ataques a la sostenibilidad, especialmente al medioambiente. Delgado defendió que es necesario una revisión de los tipos penales que castigan los delitos medioambientales y una mayor cooperación internacional, dado que en muchas ocasiones las infracciones se producen en varios países a la vez. En clave nacional, el magistrado señaló que es urgente dotarse de unas nuevas reglas de juego: “Necesitamos una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, un nuevo sistema procesal completo y no seguir poniendo parches al que hemos heredado del siglo XIX”.
¿Cómo aportar valor a la sociedad?
Tras la presentación del informe, se abrió una mesa de debate moderada por Cristina Sancho en la, además de los autores del estudio, participaron Rubén Baz, subsecretario de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Juan Vaquerizas, juez y asesor de la Secretaría de Estado de Justicia.
Rubén Baz resumió el papel del Ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el impulso a los objetivos de sostenibilidad, reflejo, señaló, “de la interacción del poder público y el sector privado”. Entre las concretas funciones del ministerio, explicó, se encuentran la rendición de cuentas de la Agenda 2023 en España y velar porque la normativa que se apruebe incorpore un estudio de impacto.
A la vista deque los hitos de la Agenda 2030 se están retrasando, sobre todo en materia medioambiental, Concepción Campos defendió la idea, incorporada en el informe, de reenfocar el plazo de determinados objetivos para evitar que se cuestione el modelo. “Cada día que pasa es un día menos para llegar a la fecha señalada”, advirtió. La falta de datos homogéneos para medir el progreso, reconoció la experta, es una piedra en el camino de la consecución de los objetivos de sostenibilidad, un derecho en construcción como se explica en el estudio.
Por su parte, Juan Vaquerizas avaló la idea de que el derecho de los ciudadanos a la sostenibilidad es una evolución natural en el desarrollo de los derechos humanos, que primero fueron derechos civiles y políticos para sumar luego los económicos y sociales. “Quizá no esté reconocido de momento de manera expresa, pero ya se está aplicando”, sostuvo en su intervención. Vaquerizas sacó pecho de la gestión del ministerio y defendió que las reformas de eficiencia procesal, digital y la organizativa (aún en proceso legislativo) harán de palanca para conseguir acelerar la consecución de los objetivos ODS. Entre los mecanismos que incorpora la nueva ley de eficiencia organizativa, el juez destacó la obligatoriedad de los medios alternativos de resolución de conflictos en cuestiones civiles y mercantiles para rebajar la conflictividad y el tapón en los tribunales.
Joaquín Delgado coincidió con Vaquerizas en el salto cualitativo que supone la nueva normativa de eficiencia en el servicio público de justicia. Sin embargo, alertó sobre que el plazo de nueve meses establecido para implementar los tribunales de instancia que sustituirán a los juzgados es un periodo muy corto para el reto que supone esta transformación. En cuanto al uso de la inteligencia artificial generativa como herramienta para conseguir más agilidad y eficiencia en el sistema judicial, Delgado alabó las virtudes de estas aplicaciones para divulgar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, alertó, “hay que tener cuidado con el uso de la inteligencia artificial cuando tocamos decisiones que pueden afectar a las personas, sobre todo, a personas vulnerables”.
