Un Acuerdo entre España y el Vaticano anterior a la adhesión de España a la UE establece diversas exenciones fiscales en favor de la Iglesia Católica. Invocando dicho Acuerdo, la Iglesia Católica solicitó en su condición de entidad responsable de un colegio religioso de Getafe (Madrid), la devolución de un impuesto municipal (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) por importe de más de 23 000 euros que tuvo que abonar con motivo de unas obras realizadas en el edificio del colegio. Dicho edificio es utilizado fundamentalmente para impartir enseñanza obligatoria, equivalente a la enseñanza que se imparte en colegios públicos, cuya mayor parte se financia con cargo a fondos públicos. Ahora bien, también utiliza el edificio para impartir formación voluntaria, por la cual cobra contribuciones escolares.
La Abogado General Juliane Kokott ha presentado sus conclusiones respecto a la cuestión prejudicial presentada ante el TJUE por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid respecto a la compatibilidad de la exención a la Iglesia Católica del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en relación con las realizadas en inmuebles destinados al desarrollo de actividades económicas sin una finalidad estrictamente religiosa y el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que prohíbe las ayudas estatales que afecten a intercambios comerciales. A raíz de esta consulta se plantea la cuestión de fondo de si constituye una ayuda estatal prohibida el hecho de que un Estado miembro exonere a una comunidad religiosa de determinados impuestos también respecto de actividades que no tienen una finalidad estrictamente religiosa.
En las conclusiones se destaca que una exención fiscal como la controvertida en el presente asunto no infringe la prohibición de las ayudas estatales que consagra el Derecho de la Unión siempre que afecte a un edificio escolar utilizado por la Iglesia Católica para prestar servicios de enseñanza en el contexto de su labor social, cultural y educativa. En cambio, una exención fiscal de ese tipo sólo tendrá la consideración de ayuda estatal prohibida si como señala el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea el edificio en cuestión se utilizara con fines genuinamente comerciales.
Si bien los Tratados de la Unión obligan a la UE a respetar y a no prejuzgar el estatuto reconocido en los Estados miembros a las iglesias, ello no excluye la actividad de las iglesias del Derecho de la Unión con carácter general, pero el referido mandato debe ser tenido en cuenta al interpretar y aplicar dicho Derecho.
Para aplicar la prohibición de las ayudas estatales a la exención fiscal controvertida hay que distinguir entre el uso del edificio para la enseñanza obligatoria y su uso para la enseñanza voluntaria.
Dado que la enseñanza obligatoria está plenamente integrada en el sistema educativo público español y que la escuela desarrolla en ese sentido una labor de carácter específicamente social, cultural y educativo (sin que sea imprescindible que persiga una finalidad estrictamente religiosa), hay que considerar que se trata, en esa medida, de una actividad de carácter no económico. El Derecho de la Unión en materia de competencia y, por tanto, la prohibición de las ayudas estatales no resultan aplicables.
En cambio, la enseñanza voluntaria parece tener carácter comercial, de modo que hay que considerar que se trata de una actividad económica a la que sí se aplica la prohibición de las ayudas estatales. Únicamente si dicha enseñanza supusiese menos del 10 % del total y fuese, por tanto, de carácter absolutamente secundario podría considerarse que se desempeña, en conjunto, una actividad de carácter no económico.
En la medida en que se ejerza una actividad económica (extremo que, en definitiva, debe aclarar el órgano jurisdiccional español) y la prohibición de las ayudas estatales resulte, en consecuencia, aplicable, la exención fiscal controvertida será efectivamente una ayuda estatal, según la Abogado General Kokott.
Como el Impuesto español sobre Construcciones, Instalaciones y Obras objeto del presente asunto se introdujo después de la adhesión de España a la UE, la exención fiscal controvertida (en el caso de que se ejerza una actividad económica) no debe ser considerada, a juicio de la Sra. Kokott, ayuda existente, sino nueva ayuda. Por tanto, debe ser notificada a la Comisión y no puede concederse sin que ésta valorare su compatibilidad con el mercado interior y la autorice.
El hecho particular de que la exención fiscal controvertida se base en un Acuerdo internacional con el Vaticano de la época anterior a la adhesión de España a la UE permite, a lo sumo, apartarse temporalmente de la prohibición de las ayudas estatales que consagra el Derecho de la Unión. En la medida en que el Acuerdo deje un margen de actuación suficiente para exceptuar la actividad económica de la Iglesia Católica de la exención fiscal controvertida, deberá hacerse uso de dicho margen. Si tal margen de actuación no existe (aún), España tendrá que tratar de alcanzar un acuerdo aceptable con el Vaticano. De no poder lograr tal conciliación en un plazo razonable, España debería denunciar el Acuerdo.
En relación a las exenciones fiscales que otorga este Acuerdo a la Iglesia católica, según informa europapress la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley, propuesta por En Comú Podem, por la que se insta al Gobierno a suprimir progresivamente la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF y revisar los beneficios fiscales de los que, a su juicio, disfruta la institución, en particular lo que respecta a la exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
El texto votado, pactado con el PSOE y que ha contado con el voto en contra del PP y Ciudadanos, también pide que se aplique a la Iglesia una fiscalidad de carácter general a aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a un uso social no lucrativo.
