El Tribunal Supremo condena a dos personas al pago de 12.000 euros por publicar en Facebook comentarios ofensivos que atentan contra el honor y la dignidad de un árbitro, tras suspender un partido de balonmano infantil por entender que no era seguro que alguno de los jugadores compitiera con gafas.  

El Tribunal considera que no se limitaron solo a criticar la suspensión del partido de balonmano, sino que se dedicaron “a descalificarlo en su esfera personal y también profesional como policía local, de forma absolutamente desproporcionada, por el significado objetivo de las frases proferidas y por la ausencia de vinculación con respecto a su actuación arbitral, en la que tampoco, además, tiene que soportar comentarios notoriamente injuriosos”.

El árbitro interpuso una demanda contra cuatro personas en la que reclamaba una indemnización de 30.000 euros al considerar que habían vulnerado su derecho fundamental al honor como consecuencia de los comentarios vertidos en la página de Facebook de dicho club. Un juzgado de Arrecife (Lanzarote) condenó a tres de los demandados y absolvió a otro al considerar que el demandante había renunciado a la acción ejercitada frente a él. La sentencia estableció el pago solidario de una indemnización de 18.000 euros, ordenó la retirada de los comentarios lesivos y condenó a los demandados a publicar el fallo en sus respectivas cuentas de Facebook.

Esta sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria que condenó a dos de los demandados y absolvió a otros dos, rebajando la cuantía de la indemnización a 12.000 euros. El Tribunal Supremo, por su parte, desestima ahora los recursos de casación interpuestos por los dos condenados contra la sentencia recurrida.

Vulneración derechos fundamentales

La Sala de lo Civil hace referencia en la sentencia a los comentarios ofensivos que publicó uno de los dos condenados en la red social: "el problema es que esta persona está llena de frustraciones y con uniforme es un peligro para los ciudadanos a pie, jugadores y similares. Tu soberbia y falta de empatía te pasará factura, ya lo haces dentro de la policía que además le rompes la ilusión a unos niños por el mero hecho de sentirte importante (…)". Asimismo, publicaron en la red social que: "tuvo una infancia muy jodida y después de adulto le sale todo ese odio que lleva dentro, me da pena el infeliz", "yo creo que es eso… siempre le ha faltado amor, que alguien lo quiera y los 21 cm le vendrían de maravilla", "la verdad es que es un pobre desgraciado con uniforme, que el único argumento que tiene es «aquí mando yo» y no hay más, pero bueno va sumando amigos con su soberbia y prepotencia en la vida todo se paga".

Del mismo modo, la sentencia recoge las manifestaciones que realizó el otro condenado: “el pobre es un enfermito, pocas luces, deberíamos hacer campaña para reunir dinero y pagarle un médico al subnormal este”, “a ese lo que le hace falta es amor… unos 21 cm”.

Por su parte, el Tribunal ha señalado que esta clase de expresiones sobrepasan los límites de la libertad de expresión, considerando de esta forma que atentan contra el honor y la dignidad del árbitro, por lo que, en este contexto, los recursos interpuestos se desestiman. 

Además, agrega que “la identificación del destinatario de las ofensas no requiere su designación con nombres y apellidos, cuando aquella resulte posible, siquiera para las personas de su círculo más próximo, por las referencias indirectas o las circunstancias concurrentes (SSTS 47/2022, de 31 de enero y 910/2023, de 8 de junio entre otras), y, en este caso, los comentarios realizados, tales como su condición de árbitro de un concreto partido y la de su profesión de policía local, permiten la individualización personal del demandante”.

La Sala rechaza el motivo de los recursos en referencia a que el pago de la indemnización es desproporcionado al no verificar daños objetivos ni morales. En su sentencia, señala que ya se ha pronunciado en el sentido de que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por resarcimiento de daños morales, en este tipo de procedimientos, es competencia de los tribunales de instancia, cuya decisión al respecto ha de respetarse en casación, salvo que no se hubiera atenido a los criterios que establece el artículo 9.3 LODH o en caso de error notorio, arbitrariedad o notoria desproporción.

Por tanto, indica que las sentencias recurridas “aprecian el contenido objetivo y grave de las imputaciones efectuadas, que no solo afectan al ámbito deportivo, sino que transcienden también al profesional del demandante, así como a aspectos de su infancia y vida privada, con el correlativo daño moral que suponen, las repercusiones que le generaron, así como su difusión en las redes sociales”.