La Sala Primera del Tribunal Supremo ha hecho pública una sentencia, de fecha 20 de mayo de 2014 (Recurso núm. 710/2010, Ponente Sr.  Marín Castán), por la que declara la responsabilidad profesional de un letrado que no informó a sus clientes del sobreseimiento y archivo (auto  que fue notificado al procurador) de su querella, dando lugar a que prescribiera la posterior acción de  responsabilidad patrimonial contra la Administración que, en cambio, sí fue estimada  por la jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los demás perjudicados por el mismo suceso (en la  tragedia del camping "Las Nieves" de Biescas),  en  sus mismas circunstancias.

Los hechos

Los demandantes contrataron al abogado demandado para la obtención de las indemnizaciones que les hubieran podido corresponder por el fallecimiento de sus respectivos familiares (cónyuge e hija de cada uno) en el siniestro del camping "Las Nieves" de Biescas (7 de agosto de 1996).

El letrado se  hizo cargo de  su dirección jurídica en las diligencias previas seguidas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de  Jaca.

Estas actuaciones penales fueron objeto de sobreseimiento provisional y archivo por auto  de 4 de octubre de 1999, reservándose a los perjudicados el ejercicio de las correspondientes  acciones en la vía civil o en la contencioso-administrativa.

Contra el auto de archivo y  sobreseimiento provisional el abogado codemandado interpuso recurso de reforma y subsidiario  de apelación, este último desestimado por auto de 14 de julio de 2000 de la Audiencia Provincial de Huesca que fue notificado a la procuradora de los demandantes el 17 de julio de 2000.

Después de transcurrido el plazo de prescripción de un año (art. 142 Ley 30/1992, de 26 de  noviembre) desde el archivo de la causa penal para que pudiera formularse reclamación por  responsabilidad patrimonial contra la Administración, el abogado demandado comunicó a los  demandantes el cambio de tramitación de las actuaciones y les indicó que, por no ser especialista  en la jurisdicción contencioso-administrativa, no continuaría con el caso, recomendando para la  defensa de los intereses de los demandantes a otro abogado, al que acudió uno de los demandantes,  remitiéndole la documentación el 8 de marzo de 2002.

El 21 de diciembre de  2005 la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia reconociendo la indemnización correspondiente a quienes habían ejercitado oportunamente la acción.

Los demandantes reclamaron al letrado el daño material coincidente con la pérdida de oportunidad procesal, por la imposibilidad de obtener una indemnización por el fallecimiento de sus familiares similar a la reconocida en dicha sentencia a los que sí habían reclamado a tiempo y el daño moral, añadido al anterior, se justificaba por la circunstancia de que los demandantes tuvieron que soportar cómo otros perjudicados sí eran indemnizados, tras diez años de espera, y empezaban a cobrar las indemnizaciones judicialmente reconocidas.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la  sentencia de segunda instancia desestimó el recurso de apelación de los demandantes, con base,  en síntesis, en las razones siguientes: a)  Toda responsabilidad de letrado exige que el daño traiga causa de su actuar negligente, siendo  necesario acreditar perjuicios reales y no meras hipótesis; b) la pérdida de oportunidad no encaja  con el hecho de que se esté tramitando un expediente de responsabilidad patrimonial cuya  denegación abriría la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa; c) el cómputo del plazo de  prescripción cuando ha precedido una causa penal a efectos de aplicación del plazo de un año  previsto en la Ley 30/92 se inicia a partir de la notificación al interesado del auto de  sobreseimiento (artículo 160 LECrim.), lo que no se había efectuado; d) la alegación sobre otros  criterios jurisprudenciales en los que se basaba el riesgo de que la reclamación no prosperase suponía una hipótesis que resultaba insuficiente para invocar un perjuicio que no cabía asegurar

como cierto, pues no hay certidumbre sobre el resultado del procedimiento en trámite hasta que no se dicte sentencia apreciando la prescripción de la acción.

Contra esta sentencia los demandantes-apelantes interpusieron recurso de casación que fue admitido al amparo del artículo 477.2.2º LEC, por razón de la cuantía. .

La sentencia del Tribunal Supremo

La sentencia, de la que es ponente el presidente de la Sala, el magistrado señor Marín Castán, descarta tales razonamientos entendiendo que las circunstancias fácticas del caso enjuiciado, y en particular las referidas a la conducta del letrado demandado una vez se notificó al procurador la resolución firme de sobreseimiento de las actuaciones penales, en cuanto integran un incumplimiento de sus deberes contractuales, deben conducir a declarar su responsabilidad y a imputarle las consecuencias dañosas que para los demandantes supuso el hecho mismo de no haber obtenido indemnización cuando, en cambio, sí la obtuvieron los perjudicados que en su día reclamaron a tiempo en vía administrativa.

Destaca la sentencia la importancia que tiene el hecho de que el interesado no se vea privado de conocer puntualmente el estado del procedimiento por medio de los profesionales que le representan o a los que encomienda su defensa. De ahí que, desde la perspectiva del juicio de imputabilidad, lo determinante sea, en el presente caso, que el letrado demandado vulneró las reglas de su profesión al incumplir la obligación de informar a sus clientes, no advirtiéndoles a tiempo de la notificación hecha al procurador ni de su contenido, privándoles en definitiva del conocimiento del cierre del proceso penal y de la posibilidad de encauzar desde ese instante su reclamación por otras vías.

La actuación del letrado, contraria a sus deberes profesionales y a su obligación de medios (conoció a través del procurador que el procedimiento penal se había archivado en 2000 y no lo comunicó a sus clientes hasta dos años después) supuso una disminución notable y cierta de las posibilidades de éxito de la reclamación ulterior de los perjudicados de entidad bastante para ser configurada como un daño resarcible, pues se les abocó a una situación de incertidumbre -evitable de haber sabido a tiempo por su letrado que podían reclamar su indemnización ante otra jurisdicción-, que frustró las lógicas expectativas de quien confía a un abogado la defensa de sus intereses.

La Sala considera que el argumento de la Audiencia Provincial consistente en que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración no había comenzado porque, conforme al art. 160 LECrim., el sobreseimiento provisional y archivo todavía no se han notificado personalmente a los demandantes, o bien que la manifiesta omisión del abogado demandado solo puede generar un daño cuando se hayan agotado todas las vías jurídicas imaginables de resarcimiento del daño original, por inciertas que sean, «raya en la más absoluta desprotección de quienes, creyéndose perjudicados, contratan a un abogado precisamente para que les oriente y dirija en sus pretensiones».

Los principales argumentos al respecto, son los siguientes:

"TERCERO.- Como recuerda la jurisprudencia (entre las más recientes, STS de 5 de junio de 2013, rec. nº 301/2010 y las que en ella se citan), la relación contractual existente entre abogado y cliente se desenvuelve normalmente en el marco de un contrato de gestión que la jurisprudencia construye, de modo no totalmente satisfactorio, con elementos tomados del arrendamiento de servicios y del mandato (SSTS de 14 de julio de 2005, rec. nº 971/1999; 30 de marzo de 2006, rec. nº 2001/1999; 26 de febrero de 2007, rec. nº 715/2000; 2 de marzo de 2007, rec. nº 1689/2000; 21 de junio de 2007, rec. nº 4486/2000, y 18 de octubre de 2007, rec. nº 4086/2000).

El cumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato debe ajustarse a la diligencia media razonablemente exigible según su naturaleza y circunstancias. En la relación del abogado con su cliente, si el primero de ellos incumple las obligaciones contratadas, o las que son consecuencia necesaria de su actividad profesional, estamos en presencia de una responsabilidad contractual.

Con relación a estas obligaciones del abogado, también declara la jurisprudencia (STS de 22 de abril de 2013, rec. nº 2040/2009) que el deber de defensa judicial debe ceñirse al respeto de la lex artis [reglas del oficio], esto es, de las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso. La jurisprudencia no ha formulado con pretensiones de exhaustividad una enumeración de los deberes que comprende el ejercicio de este tipo de actividad profesional del abogado. Se han perfilado únicamente a título de ejemplo algunos aspectos que debe comprender el ejercicio de esa prestación: informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos (STS de 14 de julio de 2005). La jurisprudencia también ha precisado que, tratándose de una responsabilidad subjetiva de carácter contractual, la carga de la prueba de la falta de diligencia en la prestación profesional, del nexo de causalidad con el daño producido y de la existencia y alcance de este corresponde a la parte que demanda la indemnización por incumplimiento contractual (SSTS de 14 de julio de 2005, rec. nº 971/1999, y 21 de junio de 2007, rec. nº 4486/2000). El juicio de imputabilidad en que se funda la responsabilidad del abogado exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica una obligación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no comporta, como regla general, la obligación de lograr una estimación o una resolución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá, entre otros factores, de haberse logrado la convicción del juzgador (SSTS de 30 de marzo de 2006, rec. nº 2001/1999, y 26 de febrero de 2007 rec. nº 715/2000, entre otras). Este criterio impone examinar si, como consecuencia del incumplimiento de las reglas del oficio, que debe resultar probada, se ha producido -siempre que no concurran elementos ajenos suficientes para desvirtuar su influencia en el resultado dañoso, como la dejadez de la parte, la dificultad objetiva de la posición defendida, la intervención de terceros o la falta de acierto de la actuación judicial no susceptible de ser corregida por medios procesales- una disminución notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte, suficiente para ser configurada como un daño que deba ser resarcido en el marco de la responsabilidad contractual que consagra el artículo 1101 CC (STS de 23 de julio de 2008, rec. nº 98/2002).

CUARTO.- En su aplicación al caso, esta doctrina comporta que el recurso deba ser estimado con las consecuencias que se dirán.

Desde un principio los ahora recurrentes vienen solicitando de su letrado que se haga responsable y les indemnice el daño consistente en haber perdido la oportunidad de obtener la indemnización a que podrían haber tenido derecho, como otros perjudicados por el siniestro de Biescas, si no hubiera dejado transcurrir negligentemente el plazo de prescripción anual del art. 142.5 de la Ley 30/92. Es decir, reclaman por un daño de contenido patrimonial, en tanto que la acción frustrada por la prescripción tenía por finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico.

Cuando es un hecho no discutido o que resulta acreditado que la acción se ha visto frustrada, la jurisprudencia de esta Sala condiciona la apreciación de responsabilidad civil contractual del letrado a la apreciación del perjuicio patrimonial por pérdida de oportunidad como hecho cierto, lo que se lleva a cabo mediante el examen de la viabilidad de aquella.

De la sentencia recurrida se desprende que en este caso el tribunal sentenciador no llega a dar ese paso, al constituir su razón decisoria de la ausencia de daño y de responsabilidad el no considerar un hecho indiscutido, dada la existencia de criterios interpretativos dispares y la inexistencia hasta ese momento de una resolución firme apreciando la prescripción, que la acción esté prescrita. En este sentido, confirmando la sentencia de primera instancia, concluye que no puede aceptarse que en el momento en que se formuló la reclamación contra el letrado los demandantes-perjudicados tuvieran cerrada la vía para reclamar responsabilidad patrimonial a la

Administración, primero en vía administrativa y luego en la contencioso-administrativa: de una parte, porque «la pérdida de oportunidad que se alega no encaja con el hecho de que se haya instado y se esté tramitando un Expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial cuya denegación abrirá la vía contenciosa»; y de otra, y fundamentalmente, porque el criterio de no computar el plazo de prescripción sino desde que se haya notificado personalmente a los perjudicados el auto de sobreseimiento o archivo –lo que no se hizo-, privando de validez a la notificación al procurador si no consta que fue a través de él como el interesado tuvo conocimiento directo del contenido de dicho auto, se corresponde con la doctrina de esta Sala sobre el cómputo del plazo de prescripción de las acciones civiles que se formulan tras la conclusión de un previo proceso penal.

Pues bien, esta Sala no comparte tales razonamientos y entiende que las circunstancias fácticas del caso enjuiciado, y en particular las referidas a la conducta del letrado demandado una vez se notificó al procurador la resolución firme de sobreseimiento de las actuaciones penales, en cuanto integran un incumplimiento de sus deberes contractuales conducen a declarar su responsabilidad e imputarle las consecuencias dañosas que para los demandantes ha supuesto el hecho mismo de no haber obtenido indemnización cuando, en cambio, sí la obtuvieron los perjudicados que en su día reclamaron a tiempo en vía administrativa.

Indiscutiblemente, la pendencia de un proceso penal sobre los mismos hechos retrasa el inicio del plazo de prescripción, no comenzando para las partes personadas sino a partir del momento en que les sea notificada la resolución firme que le ponga fin (STS de 12 de diciembre de 2011, rec. nº 2017/2008). Es verdad que, como excepción a la notificación personal, en ocasiones la jurisprudencia ha prescindido de exigir la notificación en forma y personal al perjudicado, entendiendo lo decisivo para la aplicación del art. 1969 CC es que el tribunal alcance la convicción de que el perjudicado pudo conocer que la vía penal, hasta entonces óbice para ventilar la acción civil (o en ese caso, administrativa), había concluido. Así, la STS de 19 de octubre de 2009, rec. nº 1129/2005, citada por las de 12 de diciembre de 2011, rec. nº 2017/2008, y 7 de octubre de 2013, rec. nº 539/2011, declaró que la falta de notificación en forma no constituye óbice para que el plazo de prescripción discurra siempre que quede constancia en autos de que el interesado conoció por otras vías el contenido de la resolución judicial de archivo, a contar, desde luego, desde el día que se justifique que tuvo el referido conocimiento.

Este último aspecto remarca la importancia que tiene el hecho de que el interesado no se  vea privado de conocer puntualmente el estado del procedimiento por medio de los profesionales  que le representan o a los que encomienda su defensa. De ahí que desde la perspectiva del juicio  de imputabilidad lo determinante sea, en el presente caso, que el letrado demandado vulneró las  reglas de su profesión al incumplir la obligación de informar a su cliente, no advirtiéndole a tiempo  de la notificación hecha al procurador ni de su contenido, privándole en definitiva del conocimiento  del cierre del proceso penal y de la posibilidad de encauzar desde ese instante su reclamación por  otras vías, en particular la consistente en la reclamación de responsabilidad patrimonial a la  Administración como hicieron los demás perjudicados. De los datos fácticos que han de  respetarse en casación resulta que, pese a que la firmeza del sobreseimiento provisional y archivo  de las diligencias previas se produjo con el auto de la Audiencia de 14 de julio de 2000, notificado  al procurador de las partes el siguiente día 17, sin embargo los demandantes no tuvieron  conocimiento de la conclusión de las diligencias penales hasta el año 2002, cuando los  documentos se remitieron al letrado especialista Sr. Ancas (8 de marzo de 2002). En esta tesitura,  no se justifica la absolución del letrado por la circunstancia de que al tiempo de formularse la  demanda fuera posible discutir, con apoyo en criterios doctrinales razonables, sobre si la acción  para exigir responsabilidad a la Administración se encontraba o no prescrita por el transcurso del  plazo anual al que se refiere el art. 142.5 Ley 30/92, ni tampoco es decisivo el que los dem andantes formularan, pese a todo, reclamación contra la Administración por responsabilidad  patrimonial. Lo determinante, a efectos de apreciar la responsabilidad civil contractual que se  interesa, es la falta de diligencia del letrado, que al no comunicar puntualmente a sus clientes el  estado de las actuaciones penales dio lugar a que estos se vieran privados de la oportunidad de  reclamar en su momento y, así, perdieran la oportunidad de obtener, ya en 2005, la indemnización  a la que tuvieran derecho, la cual sí percibieron en esa fecha –sin necesidad de más esperas- los  perjudicados por el mismo siniestro que sí reclamaron. La actuación del letrado, contraria a sus  deberes profesionales y a su obligación de medios, ha supuesto una disminución notable y cierta  de las posibilidades de éxito de la parte demandante-recurrente, de entidad bastante para ser c onfigurada como un daño resarcible, pues se les abocó a una situación de incertidumbre - evitable de haber sabido a tiempo por su letrado que podían reclamar su indemnización ante otra  jurisdicción-, que frustró las lógicas expectativas de quien confía a un abogado la defensa de sus  intereses.

En relación con esto último, esta Sala no comparte el juicio del tribunal sentenciador acerca de las dudas interpretativas sobre el comienzo del plazo de prescripción cuando el sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales se notifica al procurador de los personados en las mismas como perjudicados pero no se notifica también personalmente a estos. Y no lo comparte porque la personación como perjudicado en unas actuaciones penales mediante procurador y bajo la dirección técnica de abogado, con la consiguiente retribución de sus servicios a ambos profesionales, comporta, en lógica contrapartida, que no tenga que ser el propio perjudicado quien deba estar pendiente de la defensa de sus derechos manteniéndose al tanto del estado de las actuaciones penales, pues de ser así no se justificaría la contratación de los servicios de dichos profesionales, ya que en nuestro sistema procesal penal el Ministerio Fiscal tiene la obligación de ejercitar la acción civil en favor de los perjudicados por el delito (art. 108 LECrim.) . De esto se  sigue que, notificado al procurador de los hoy recurrentes el sobreseimiento provisional y archivo  de las actuaciones penales, era un indiscutible deber profesional del abogado demandado  informar inmediatamente a sus clientes aunque solo fuera para indicarles, ya en ese momento,  que debían consultar con otro abogado para empezar una vía de reclamación diferente o, cuando  menos, para que interesaran del órgano jurisdiccional penal una notificación personal del  sobreseimiento y archivo. Por el contrario, lo que en ningún caso era compatible con las reglas de  la profesión de abogado fue la inactividad durante más de un año, manteniendo a sus clientes en  la ignorancia de la terminación de las actuaciones penales y, una vez pasado ese tiempo,  derivarles hacia otro abogado para plantear en vía administrativa una reclamación de resultado  altamente incierto, debido precisamente al transcurso del tiempo, cuando, de haber actuado el  abogado diligentemente, tal incertidumbre no se habría planteado en absoluto. Es más, ni tan  siquiera puede descartarse que la vía administrativa emprendida por los hoy recurrentes no  suponga unos perjuicios añadidos a los ya irrogados, por lo que el argumento de que el daño no  se habría producido hasta el agotamiento de la vía administrativa y la posterior contencioso-administrativa no es aceptable si a lo que conduce es a que, por la falta de diligencia del abogado, sus clientes tengan que emprender vías de reclamación de resultado incierto cuando la incertidumbre podría haberse evitado actuando el abogado diligentemente.

En suma, entender que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración no ha comenzado porque, conforme al art. 160 LECrim., el sobreseimiento provisional y archivo todavía no se han notificado personalmente a los hoy recurrentes, o bien que la manifiesta omisión del abogado demandado solo puede generar un daño cuando se hayan agotado todas las vías jurídicas imaginables de resarcimiento del daño original, por inciertas que sean, raya en la más absoluta desprotección de quienes, creyéndose perjudicados, contratan a un abogado precisamente para que les oriente y dirija en sus pretensiones de indemnización y en las vías jurídicas más idóneas para satisfacerlas, por lo que tienen razón los recurrentes cuando alegan que, con la resolución de la sentencia recurrida, se les priva del derecho a la tutela judicial efectiva. Esto es así porque cualesquiera que sean las dudas interpretativas acerca del efecto que  sobre la prescripción produzca la notificación del archivo de unas actuaciones penales solamente  al procurador del perjudicado y no al propio perjudicado personalmente, lo cierto es que la  obligación profesional del abogado demandado era, en el presente caso, evitar que esas dudas  interpretativas pudieran repercutir en contra de sus clientes, porque él si tuvo conocimiento del  auto firme de sobreseimiento y archivo y debía conocer que, tanto según el art. 1968-2º CC para  la acción de responsabilidad civil como según el art. 142.5 de la Ley 30/1992 para la acción de  responsabilidad patrimonial de la Administración, el plazo para su ejercicio era solo de un año, y lo  que en este litigio se está juzgando no es en puridad si la LECrim. exige una doble notificación del  sobreseimiento y archivo, al procurador del perjudicado y además al propio perjudicado, sino si la  falta de diligencia del abogado demandado perjudicó o no a los demandantes hoy recurrentes,  siendo ya indiscutible que sí les perjudicó porque la sentencia de 27 de enero de 2012 dictada por  la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, firme al no  caber contra la misma recurso de casación, ha desestimado el recurso contencioso-administrativo de los aquí recurrentes contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 22 de diciembre de 2009 precisamente por considerar prescrita la acción de responsabilidad patrimonial por el transcurso de un año desde la notificación a la procuradora de dichos demandantes-recurrentes del auto de la Audiencia Provincial de Huesca que confirmó el sobreseimiento y archivo de las diligencias previas.

La realidad, por tanto, es que los recurrentes han perdido cualquier oportunidad de ver atendida su reclamación, oportunidad cierta a la vista del resultado de las reclamaciones de otros perjudicados en sus mismas circunstancias, y que la causa de esta pérdida ha sido siempre la misma, la falta de diligencia del abogado demandado al no advertirles que disponían de un año para reclamar. El tribunal sentenciador, al considerar dudosa la cuestión del comienzo del plazo de prescripción, dejaba en una situación prácticamente imposible a los hoy recurrentes, obligados, por un lado, a agotar la vía administrativa y la contencioso-administrativa, aunque siempre desde la incertidumbre del comienzo del plazo de prescripción, e impedidos, por otro, de exigir responsabilidad a su abogado porque el sobreseimiento y archivo todavía no se les había notificado personalmente a ellos.

Al decidir así, la sentencia recurrida infringe el art. 1544 CC y la jurisprudencia que lo interpreta en su aplicación a los servicios profesionales del abogado, y no tiene en cuenta que el art. 42.1 del Estatuto General de la Abogacía impone el deber de «máximo celo y diligencia» en el cumplimiento de la misión de defensa encomendada, el art. 13.9 e) del Código Deontológico adaptado a dicho Estatuto impone al abogado la obligación de poner en conocimiento del cliente la evolución del asunto encomendado y, en fin, esta misma obligación le impone el art. 3.1.2 del Código Deontológico de la Abogacía Europea.

QUINTO.- Procediendo casar en todo la sentencia recurrida (art. 487.2 LEC), esta Sala debe asumir la instancia para fijar la cuantía de las indemnizaciones y resolver sobre la cobertura de la responsabilidad civil del abogado demandado por la compañía de seguros codemandada. Cierto es que en algunos casos similares al presente, en los que en ninguna de las dos instancias se había llegado a resolver sobre dichas cuestiones, esta Sala ha devuelto las actuaciones al tribunal sentenciador para que se pronuncie al respecto. Pero en el presente caso tal solución pugnaría con el derecho de los demandantes a la tutela judicial efectiva si se atiende a la fecha del siniestro del camping "Las Nieves", de Biescas (7 de agosto de 1996), a la del sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales (14 de julio de 2000) y a la de la interposición de la demanda contra el abogado aquí demandado-recurrido (13 de diciembre de 2006).

De ahí que, al existir elementos bastantes en las actuaciones para que esta Sala, asumiendo la instancia, pueda pronunciarse tanto sobre la cuantía de las indemnizaciones como sobre la cobertura de la responsabilidad del letrado demandado por la compañía de seguros codemandada, proceda resolver ambas cuestiones en la presente sentencia.

SEXTO.- La cuantía de las indemnizaciones por daño patrimonial ha de ser la reclamada en la demanda (360.607'26 euros para cada demandante), por coincidir con la que, con toda seguridad, habrían obtenido si, debidamente aconsejados por el abogado demandado, hubieran formulado a tiempo reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración, como sucedió con los perjudicados por el mismo siniestro que sufrieron el mismo daño que los hoy demandantes.

En cuanto a la cantidad de 60.000 euros por daño moral para cada demandante, se considera adecuada y razonable para compensar la zozobra e incertidumbre provocadas por la negligencia de su abogado, viéndose abocados a emprender actuaciones de resultado altamente incierto mientras quienes se encontraban en su misma situación de perjudicados por el siniestro del camping "Las Nieves" obtenían sentencia favorable del orden jurisdiccional contencioso-administrativo a finales del año 2005.

Todas las sumas indicadas devengarán, como se pide en la demanda y conforme al art. 1108 CC, el interés legal desde la interposición de la demanda."

Finalmente, la Sala resuelve también las objeciones de la compañía de seguros que aseguraba la responsabilidad civil del abogado, sobre la supuesta falta de cobertura y sobre la existencia de franquicia.

Para el Supremo, tanto en el caso de la póliza colectiva como de la individual, «del tenor literal de la cláusula de delimitación temporal de cobertura se desprende que el hecho de que la negligencia origen de la responsabilidad fuera anterior a la vigencia de la póliza no determina la exclusión de cobertura de dicho riesgo, a menos que se pruebe que el asegurado tuvo conocimiento previo de la reclamación o incidencia mediante notificación del perjudicado al asegurado en cualquier forma, incluso mediante una simple declaración de intenciones. Es decir, la falta de cobertura no se hace depender del momento en que se produjeran los daños -pues quedan cubiertos con independencia de su fecha de producción-, sino de que la reclamación se hiciera dentro de la vigencia del seguro, a menos que el asegurado fuera conocedor no del hecho, sino de la reclamación». La sentencia reconoce que la póliza individual era complementaria de la colectiva y que ambas cubrían totalmente la responsabilidad del abogado dado que la reclamación se hizo vigente el seguro y de que no existía prueba de que el letrado asegurado conociera antes la existencia de incidencias o reclamaciones por ese hecho dañoso. Concluye la sentencia, a modo de reproche a la aseguradora que «no es coherente con la lógica del seguro de responsabilidad civil que, amparado un abogado por el seguro colectivo contratado por su colegio profesional y por un seguro individual costeado ya íntegramente por el propio abogado para protegerse de posibles reclamaciones hasta donde no le protegiera el seguro colectivo, la compañía de seguros oponga que ni uno ni otro protegían de nada al abogado, como si el pago de las primas de ambos seguros no dependiera de la aleatoriedad inherente a su naturaleza sino a la inexistencia de riesgo alguno que asegurar».