La introducción de una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Civil que abre la puerta a que los graduados sociales puedan formar parte del turno de oficio en materia laboral y de la Seguridad Social ha desatado la polémica entre este colectivo y la abogacía.
Según informa Almudena Vigil en Diario de Noticias, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha declarado que la institución que lidera “se opone rotundamente a la inclusión de los graduados sociales en la Ley de Justicia Gratuita”, una norma que, aunque ha quedado paralizada, podría experimentar modificaciones a través de enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Civil, como es el caso de la que afecta a los graduados sociales.
Javier San Martín, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, se muestra sorprendido ante este rechazo tan rotundo proveniente de la que califica como una “profesión hermana”. Según explica a este diario, no entiende por qué la abogacía se opone a que puedan ejercer esta función en el ámbito social, sobre todo ahora que, como consecuencia de la crisis, existe una mayor demanda de ciudadanos que piden ayuda en materia laboral y hacen falta más profesionales que presten este servicio de asistencia jurídica gratuita. San Martín achaca la polémica a una “posición institucional” de la Abogacía ante la posibilidad de que “puedan ser privados del monopolio” de la asistencia jurídica gratuita. “Es la única explicación que se me ocurre”, asegura.
La Abogacía explica su postura argumentando que los abogados ejercen de forma exclusiva y excluyente la defensa, mientras que los graduados sociales ejercen en lo social la representación técnica. Y por otro lado, recuerdan lo dicho por el Tribunal Supremo en varias sentencias, la última del pasado marzo en la que se desestiman las pretensiones de los graduados sociales de acceso a la carrera judicial por el cuarto turno por no acreditar experiencia profesional como juristas.
Tramitación de la reforma de la LEC
Actualmente, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se encuentra en tramitación en el Senado. En el texto remitido por el Congreso se prevé la constitución de una comisión mixta de representantes del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Graduados Sociales para que, en el plazo de un año, se elabore un estudio sobre los desarrollos normativos necesarios para la adaptación del marco legal que posibilite el acceso de los graduados sociales al sistema de la asistencia jurídica gratuita. El plazo de enmiendas de esta ley finaliza, en principio, el próximo 17 de julio y está prevista como fecha límite para su tramitación en el Senado el próximo 7 de septiembre.
