Continúan las reacciones de los diferentes sectores del mundo jurídico ante la próxima entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre todo respecto en lo que hace referencia a los nuevos plazos de instrucción de las causas penales, objeto de polémica desde el comienzo de la tramitación de la reforma.

Ayer mismo se hacían públicos sendos Comunicados de la Fiscalía General del Estado y de los vocales electos del Consejo Fiscal en los que manifestaban su posición respecto del nuevo sistema de plazos de instrucción y sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Ministro de Justicia en cuanto a su aplicación.

El Ministro de Justicia ha ofrecido refuerzos materiales y personales que faciliten que pueda cumplirse el plazo de seis meses que, desde el próximo 7 de diciembre,  tendrán  los representantes del  Ministerio Público para revisar y calificar los más de 370.000 causas pendientes como sencillas o complejas.

FGE: pautas y criterios organizativos para los fiscales

La Fiscalía subraya en su Comunicado el compromiso de los Fiscales en el cumplimiento de la ley y en la consecución de sus objetivos últimos de agilización y eficacia del sistema de Justicia Penal y anuncia que próximamente se harán públicas pautas de interpretación del nuevo sistema de plazos de instrucción así como criterios organizativos que permitan a los Fiscales hacer frente a las nuevas tareas.

Enfatiza la Fiscalía en la co-rresponsabilidad de los distintos operadores jurídicos y en la necesidad de acopiar medios personales y tecnológicos necesarios para minimizar el impacto de la entrada en vigor de la norma.

Consejo Fiscal: la solución pasa por la prórroga

El Consejo Fiscal aborda en su comunicado la solicitud realizada al Ministro de Justicia, al que han transmitido su inquietud, de prorrogar la entrada en vigor de la Ley, única solución que podría resultar satisfactoria para solucionar los problemas existentes para su aplicación en la fecha prevista.

“Hemos solicitado al Ministro de Justicia la urgente puesta en marcha  de una propuesta legislativa dirigida a extender el plazo de entrada en vigor de la Ley. Hemos expresado que con la actual dotación de plantilla, personal colaborador y medios materiales y tecnológicos, el Ministerio Fiscal no está en condiciones de asegurar el eficaz cumplimiento de la normativa de plazos procesales.”

“Ratificamos el contenido de nuestro informe de 2 de enero de 2015 de la entonces proyectada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular sobre el establecimiento de los plazos de instrucción y que se ha plasmado en la Ley 41/2015, literalmente se decía: “La pretendida modificación del art. 324 de la LECrim. tiene como finalidad la fijación de plazos máximos de instrucción, lo que no resulta  propio del sistema procesal penal español actual sino  del sistema acusatorio puro con instrucción del Fiscal en exclusiva y libre de injerencias durante un plazo determinado. En el sistema actual el establecimiento de  un plazo de instrucción con monopolio del Fiscal de la facultad de solicitar  la prórroga del mismo resulta un contrasentido, al hallarse la instrucción dirigida por el Juez”. Y los informes del Consejo Fiscal responden a criterios estrictamente técnicos que eviten situaciones que perjudiquen los derechos de los ciudadanos o el interés social y este párrafo no es una excepción.”

Ministro de Justicia: no se prorrogará la Ley

Por su parte, el Ministro de Justicia, ha informado al Consejo Fiscal su voluntad de no prorrogar la entrada en vigor de la norma y no alterar su contenido, ofreciendo como alternativa la propuesta de dirigir a los Letrados de la Administración de Justicia una instrucción sobre su actuación y la coordinación con la Fiscalía sobre el traslado de las causas en trámite en los Juzgados; la implantación de mejoras tecnológicas y de aplicaciones informáticas cuyo plazo de entrada en funcionamiento se anuncia una vez ya entrada en vigor la norma; y la posibilidad de reforzar la plantilla en aquellas fiscalías con mayor carga de trabajo a través de fiscales sustitutos dentro de las limitaciones presupuestarias.

Entre los medios ofrecidos para que se puedan cumplir con los plazos Catalá se ha referido a la mejora de la gestión procesal, una mejor coordinación con los jueces instructores, medidas tecnológicas y refuerzos "cuando sean necesarios". 

El ministro venía  insistiendo en los últimos días en que, al contrario de lo que vaticinan hasta seis asociaciones de jueces y fiscales defiende que el cumplimiento de los plazos de la instrucción no supondrá impunidad, ya que la propia norma establece que ningún asunto se va a archivar o sobreseer "por el mero transcurso del tiempo".

APIF: se está "amenazando" la salud en el trabajo de los fiscales

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha avisado al Ministerio de Justicia de que "amenazando" la salud en el trabajo de los fiscales con la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

En un comunicado, la asociación critica a la Fiscalía General del Estado "por la falta de reacción previa y coetánea" a la aprobación de la LECrim, ya que interpreta que se ha dedicado simplemente a dar instrucciones para "colocar el pie de un gigante en el zapato de Cenicienta". "Sencillamente no se va a poder aplicar en muchos casos la reforma con los medios actuales", ha avisado.

Redacción NJ y EUROPA PRESS