Victoria Ortega Benito, hasta ahora secretaria general del CGAE, ha resultado elegida como nueva presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, por los decanos de los 83 Colegios de Abogados de España encargados de tomar la decisión, convirtiéndose así en la primera mujer que se sitúa al frente de esta institución.
En la votación celebrada hoy, ha obtenido la mayoría absoluta, al recibir 47 votos de los 83 emitidos (56,62%), frente a los 21 votos (25,30%) logrados por Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga y el 8,43% (7 votos), obtenidos por Marcos Camacho, decano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, y Pere Lluis Huguet, decano del Colegio de Abogados de Reus.
Perfil de la nueva presidenta
Victoria Ortega (Palencia, 1958), es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid. Abogada en ejercicio desde 1981, ha sido decana del Colegio de Abogados de Cantabria entre 2000 y 2008, vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española entre 2002 y 2008, y secretaria general de este organismo desde febrero de 2011 hasta diciembre de 2015, fecha en la que abandonó el cargo para concurrir a las elecciones.
Es además una de los doce consejeros electivos del Consejo, elegida por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española en febrero de 2009 y reelegida en marzo de 2014. Ha sido vocal de la Comisión Institucional para la determinación, estudio y propuesta de los elementos esenciales de la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial del Ministerio de Justicia, creada en mayo de 2010.
Actualmente es también profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria desde 1992. Cuenta con diversas publicaciones y textos monográficos sobre Derecho Procesal y Administrativo
Su programa
En una reciente entrevista concedida al Diario La Ley, la entonces todavía candidata a la presidencia de la Abogacía Española, señalaba sus propuestas de acción para su mandato:
“Propongo la creación de una Oficina de Representación y Negociación Institucional -no me gusta denominarla lobby- que, bajo la dirección de un consejero directamente vinculado a Presidencia, siga aquellas acciones del Gobierno que puedan afectar a la Abogacía. Nuestra oficina de representación debe conseguir que el Gobierno y los grupos parlamentarios compartan nuestras sensibilidades, que aprecien la necesidad de contar con una Abogacía unida, con fuerza suficiente para influir en la elaboración y aplicación de las leyes.
Paralelamente, es fundamental la promoción de la imagen de la Abogacía institucional y de los abogados y abogadas para conseguir mayor relevancia social e institucional y ampliar y defender nuestras competencias profesionales, que debemos avalar con un servicio de calidad.
Por otro lado, es necesario reestructurar el Consejo, tanto su ámbito administrativo como los órganos que lo integran, y quiero reforzar el papel de la Comisión Permanente como órgano ejecutivo del Consejo, que habrá de constituirse fundamentalmente por Consejeros decanos, al igual que la Comisión Consultiva, de actuación en el ámbito estatutario y económico.
Además, entre otras cuestiones, creo que la Abogacía debe liderar un Pacto de Estado por la Justicia.”
Y en cuanto a su idea sobre el papel de la Abogacía para los próximos cuatro años, apuntaba:
“En cuanto a la abogacía institucional, entiendo que el papel que se debe desempeñar es el de la promoción de la imagen del colectivo, a fin de mejorar la valoración y percepción positiva por parte de la sociedad. Conseguir una mayor relevancia social e institucional, ampliar y defender nuestras competencias profesionales que salvaguardan los derechos e intereses de los ciudadanos y que debemos de avalar con un servicio de calidad. Debemos conseguir también que ser abogado sea sinónimo de garantía, reconocimiento, prestigio y excelencia.
Conseguir igualmente que los grupos parlamentarios y el gobierno de turno sienta la necesidad de contar con la abogacía, porque esta abogacía, además unida, tiene la fuerza suficiente para influir directamente en la elaboración y aplicación de las leyes.
Debe liderar un Pacto de Estado por la Justicia para ponerlo a disposición de las fuerzas políticas y sociales al objeto de que tras el correspondiente consenso se llegue a un modelo de Administración de Justicia que merezca tal nombre dentro de un Estado social y democrático de Derecho. También tiene que reestructurar la Organización del Consejo para posibilitar el ejercicio de sus funciones con la mayor eficacia, eficiencia y trasparencia. Además, debe promover la igualdad de oportunidades y las relaciones entre todos los colegios y consejos autonómicos.
Por otra parte, debe seguir, a través de su Fundación, actuando en defensa de los derechos humanos. Y tiene que afrontar un debate sereno sobre la forma en que continuar el desarrollo del necesario avance tecnológico y debe definir una estrategia de proyectos fiable y continuada en la Delegación de Bruselas.”
