El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, mostró su rechazo a la decisión de varias asociaciones de abogados de renunciar en marzo a las guardias de oficio como medida de protesta por la situación del Turno de Oficio en la Comunidad de Madrid, hizo un llamamiento a la responsabilidad de los convocantes y confió en impedir "la quiebra del servicio" para garantizar la continuidad de la Asistencia Jurídica Gratuita.
En una rueda de prensa celebrada en la sede del Colegio de Abogados, y arropado por su Junta de Gobierno, el decano de la Abogacía madrileña afirmó que en caso de producirse las renuncias a las guardias, "nuestra posición será la de garantizar la continuidad del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y las guardias del Turno de Oficio, un derecho inquebrantable de todos los ciudadanos", y añadió que en el ICAM "tenemos más de 4.300 abogados en el Turno y estoy convencido de que garantizaremos el servicio". Además el decano hizo "una llamada a la responsabilidad general, puesto que debemos conseguir que no se comprometa la dignidad de los abogados ni el derecho de los ciudadanos".
Varias asociaciones de abogados de Madrid tomaron recientemente la decisión de suspender en marzo las guardias de oficio si la Comunidad de Madrid no pagaba 27 millones de euros correspondientes a las retribuciones de los abogados del Turno de 2008, que comprendían el 72% de las retribuciones del segundo trimestre y el 100% del tercer y cuarto. La Comunidad de Madrid informó el día 29 de enero de la aprobación de 30,8 millones de euros para sufragar los gastos del Turno de Oficio, asistencia letrada, tramitación de expedientes y gastos de infraestructura con cargo al presupuesto de 2009. Tanto las asociaciones de abogados como el decano han denunciado que al pagar la deuda con el presupuesto de 2009, "apenas quedarían entre 2 o 3 millones de euros para este ejercicio". Antonio Hernández Gil mostró su preocupación, "toda vez que los pagos dejan prácticamente agotado el presupuesto", y reiteró la necesidad de seguir negociando con la Administración para llegar a un acuerdo.
El decano del Colegio de Abogados afirmó que el "sistema judicial no puede funcionar sin abogados" y "no se puede pretender que funcione bien cuando se acumulan retrasos económicos desde abril". Además, explicó el desfase existente entre la prestación presupuestada por la Comunidad de Madrid y el monto real, ya que la cifra real de gasto sólo del ICAM es superior a los 40 millones de euros, de los que una mínima parte son infraestructuras, por lo que la dotación de la Administración resulta insuficiente para sufragar el gasto de los Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares.
Privatización
Hernández-Gil recalcó su compromiso de "evitar a toda costa la privatización del Turno de Oficio", una de las principales quejas del colectivo de abogados. "La Comunidad de Madrid no puede privatizar la Asistencia Jurídica Gratuita. El sistema está garantizado por los Colegios de Abogados".
Las asociaciones de abogados habían mostrado un rechazo frontal por la decisión de la Comunidad de Madrid de entregar a la iniciativa privada el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que hasta ahora era prestado por el ICAM, así como su queja al Colegio por no evitarlo. Hernández-Gil ha querido aclarar su postura ante lo que considera, "un grave error en la interpretación de la Ley por parte de la Comunidad de Madrid que espera rectifique lo antes posible".
Otra de las reclamaciones de los abogados iba dirigida contra la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de otorgar a varios despachos "la prestación de asesoramiento jurídico a ciudadanos extranjeros a través de cursos de formación". José María Alonso, socio de Garrigues, uno de los despachos que desarrollan la iniciativa y que estaba en la rueda de prensa en su calidad de diputado segundo del ICAM, matizó que se trata de un "malentendido, ya que no vamos a prestar ningún tipo de asesoramiento de ninguna naturaleza, sino un trabajo meramente informativo".
Baremos
Otra de las principales reivindicaciones de los abogados del Turno de Oficio frente a la Comunidad es la revisión de los baremos, que datan de 2003, fecha desde la cual no han sido actualizados. Para Hernández-Gil, "hay un desfase acumulado y lo trasladamos cada vez que nos reunimos con la Comunidad de Madrid. Ellos están dispuestos a una revisión pero desean perfilar todo el sistema del Turno de Oficio".
