Las denuncias por violencia de género alcanzaron las 129.123 a lo largo del año 2015, lo que representa 356 al día, un 1,9 por ciento más con respecto al año anterior.

Al mismo tiepo, durante 2015 los jueces dictaron un total de 46.075 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 62,7 por ciento (28.870) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de un 1,5 por ciento respecto a las dictadas en 2014, lo que representa un 61,2 por ciento del total de las dictadas, consolidando así el incremento que se había observado en 2014 respecto al porcentaje de sentencias condenatorias de 2013.

Así se desprendie del balance del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, publicado el pasado viernes 11 de marzo.

Por territorios, Baleares con 82,5 víctimas por cada 10.000 mujeres, Canarias con 71,1, Murcia con 66,3, Comunidad Valenciana, con 64,5 y Andalucía con 61,5, son las comunidades con una mayor tasa de víctimas de violencia de género, según figuran en las denuncias presentadas en los órganos judiciales, mientras que Galicia, con una tasa del 35,4, y Castilla y León y Navarra, con tasas en torno al 36,3, son las comunidades con una menor tasa de mujeres víctimas de violencia de género.

En el total de las denuncias presentadas, aparecen 123.725 mujeres como víctimas de violencia de género, de las que casi un 70 por ciento (86.464) eran españolas, mientras que el 30 por ciento restante (37.261) eran extranjeras.

La mayoría de las denuncias (el 68,8%) fueron presentadas por las propias víctimas frente a un 15,5 por ciento derivado de la intervención directa de la policía y un 11,3 por ciento a través de partes de lesiones. Además, un 2,4 por ciento de las denuncias las presentaron por familiares de las víctimas, mientras que las registradas a raíz de la intervención de los servicios asistenciales representaron también un 2 por ciento.

Según ese informe, en 2015 se produjeron 15.321 casos en los que la víctima se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que representa un 12 por ciento del total de mujeres víctimas. Este dato es inferior al número de renuncias a continuar con el proceso judicial que se produjo en 2014, que fue de 15.721, un 12,4 por ciento del número total de las denuncias presentadas aquel año.

Aumentan las órdenes de protección

Como consecuencia de estas denuncias, durante 2015 se acordaron en los diversos órganos judiciales 24.679 órdenes de protección de las 41.757 que se solicitaron, lo que representa un 59,1 por ciento, algo más de un punto de incremento sobre el año anterior.

El total de órdenes de protección solicitadas en 2015, 36.292 fueron presentadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supuso un 9 por ciento de incremento sobre las solicitadas en 2014, que fueron 33.167. Se acordaron 20.827, un 57 por ciento de las solicitadas, la misma proporción que el año anterior. Las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia fueron 5.465, de las que se acordaron 3.852, un 70 por ciento.

En un 54 por ciento de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección mientras que en un 46 por ciento restante la relación se había extinguido. Un 2 por ciento de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron mujeres menores de edad.

Una vez derivadas de las órdenes de protección y medidas cautelares, en 2015 se adoptaron 57.366 medidas penales, entre las que destacan la orden de alejamiento (el 76,1% de los casos), la prohibición de comunicación (75,8%), la suspensión de la tenencia y uso de armas (14,4%) y la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión (8,7%).

Régimen de visitas y patria potestad

En cuanto a las medidas cautelares civiles mientras se resuelve el proceso penal, en 2015 se dictaron 15.037, entre las que destaca la suspensión del régimen de visitas a menores, que se incrementó un 28,8 por ciento (728 medidas frente a las 565 de 2014); la suspensión de la patria potestad aumentó un 50% (84 casos frente a los 56 de 2014); y a la suspensión de la guarda y custodia se elevó un 13,4 por ciento (acordada en 1.223 procesos frente a 1.078 del año anterior).

El Observatorio atribuye esta subida de las medidas civiles acordadas a las últimas reformas legislativas (Ley Orgánica de protección a la infancia y Estatuto de la Víctima) y al «incremento de la actividad de formación continuada de los jueces en materia de violencia de género».

Más menores enjuiciados

Por otra parte, los juzgados de menores enjuiciaron el pasado año a 162 menores de edad por delitos en el ámbito de la violencia contra la mujer, 31 más que en 2014, y se impusieron medidas en casi todos los casos (90,1%) (EUROPA PRESS)