En un informe interno, la Fiscalía se ha sumado a quienes subrayan la "excesiva lentitud" de LexNET y sus "constantes caídas y pone sobre la mesa anomalías como la imposibilidad de controlar y visualizar la entidad del expediente, la ausencia de firma de las resoluciones judiciales que se notifican, así como la insuficiente formación recibida respecto de alguna de las causas.

Precisamente este martes, Catalá y Madrigal han abordado "lo que va bien y lo que no va tan bien", en palabras del ministro, en el plan de digitalización a través del sistema LexNET.

Tras la reunión con Catalá, la Fiscalía General del Estado ha anunciado que este miércoles, 16 de marzo, se reunirá el pleno del Consejo Fiscal, para tratar los problemas de implementación del sistema LexNET en las Fiscalías.

Problemas puntuales

En el caso concreto de los fiscales, Rafael Catalá ha comentado que no cree que haya una "problemática singular distinta de la que tienen abogados, procuradores o la oficina judicial".

El propio ministro ha venido reconociendo en diversas comparecencias públicas que "en ocasiones" se producen colapsos en LexNET por el gran volumen de documentos -más de ocho millones de comunicaciones desde el 1 de enero, cuando entró en vigor-- si bien sostiene que en no se producen retrasos en el cumplimiento de los plazos procesales.

"Existe un servicio de atención al usuario permanente para resolver problemas con la ralentización o la caída del sistema", ha explicado Catalá, quien ha defendido que en la reunión con Madrigal han "constatado" que LexNET tiene problemas puntuales que se derivan de la carga de trabajo, con más de once millones de comunicaciones digitales desde que entró en vigor.

Comisiones Mixtas de Coordinación

Catalá y Madrigal han firmado un total de cuatro Convenios de colaboración por los que se da luz verde a la creación de las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal en las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia.

 Con estos convenios, ha explicado Catalá, se pretende "incrementar la coordinación" entre ambos. "Nos importa mucho la opinión de la fiscalía para detectar lo que va bien y lo que no va tan bien", ha añadido Catalá, que ha insistido en que el objetivo de todos los actores de la administración es "agilizar la Justicia y acortar plazos" gracias a LexNET.

Catalá ha insistido en que LexNET funciona mejor en las regiones en las que el Ministerio no tiene las competencias cedidas. En el caso concreto de los fiscales, ha comentado que no cree que haya una "problemática singular distinta de la que tienen abogados, procuradores o la oficina judicial".

Reunión del Consejo Fiscal

El Consejo Fiscal, órgano consultivo que representa a los integrantes de todas las fiscalías españolas, se reunirá hoy con un orden del día que incluye dos de los temas que más polémica están generando en el día a día en los juzgados españoles: la "situación creada" por la entrada en vigor del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los plazos máximos de instrucción" tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y los "problemas de implementación" del sistema de LexNET -notificación en los juzgados.

Sobre el segundo de estos temas la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ya advirtió al Ministerio de Justicia calificando de "anomalías" los problemas detectadas por los diferentes actores de la Administración en el uso del sistema de notificación telemática, que es  uso obligatorio desde el 1 de enero y con el que el departamento que dirige Rafael Catalá quiere implantar el 'papel cero'.

Plazos de la instrucción

En cuanto a los plazos de la instrucción, obligan a que el próximo 6 de junio todas las causas en tramitación en los juzgados estén ya clasificadas entre complejas o no para dar cumplimiento al artículo 234 de la LECrim, que establece que las simples tendrán un plazo de investigación de solo 6 meses.

La Circular 5/20151 de la Fiscalía está dirigida a aclarar a los fiscales la aplicación de la nueva redacción del artículo 324 de la LECrim, que fija un plazo de 6 meses para la instrucción de los asuntos simples y amplía a 18 meses la investigación de los complejos, con posibilidad de ampliar este tiempo de forma excepcional siempre que lo solicite la Fiscalía o las distintas partes personadas en un sumario.

En los últimos meses asociaciones de jueces como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han venido quejándose por la carga de trabajo que esta clasificación les ha supuesto tras la recepción los Oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado en relación con el plan de control de las causas. (EUROPA PRESS)